trabajadores del Metro exigen respetoTrabajadores, trabajadoras, venezolanos todos:

Nuestro país está ante una enorme crisis: por una parte, las políticas económicas erradas de un Gobierno hambreador están destruyendo el poder adquisitivo de la clase trabajadora y, por otra, su interés en mantenerse en el poder sin dar respuesta a las demandas sociales, ha desatado una brutal represión contra quienes, tomaron la calle para manifestar su descontento, principalmente estudiantes y trabajadores.

La disminución del poder de compra de sueldos, salarios y pensiones  es cada vez más alarmante. Su valor no tiene nada que ver con el costo de los bienes esenciales para vivir y los aumentos, como el anunciado el martes pasado, respecto del salario mínimo, son devorados por la inflación y la especulación. El modelo económico hace descansar la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador; empobrece a la mayoría y enriquece a unos pocos.

La Unidad de Acción Sindical y Gremial ha asumido el compromiso indeclinable de impulsar los cambios que beneficien al pueblo trabajador, del mismo modo ha resuelto convenir una plataforma de objetivos comunes con el estudiantado

El gobierno desincentiva el desarrollo industrial y las empresas estatizadas viven en permanente crisis, con muy baja producción o paralizadas. Además, se violan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, no se discuten los contratos colectivos y no se respeta la libertad y la autonomía sindical.

Muy a pesar de las cifras oficiales, el subempleo y el trabajo informal, sin ningún amparo de las normas laborales y de la protección social, sigue siendo el destino de infinidad de venezolanos.

Estamos, ante un ajuste económico bárbaro, un paquetazo, que intenta ser resuelto con más devaluaciones, tarifazos a los servicios públicos y liberación de precios -incluyendo el de la gasolina- lo que junto con el desabastecimiento de bienes y productos de primera necesidad, empeora nuestras condiciones de vida.

La postura antisindical del Gobierno amenaza con acabar con los derechos laborales. El desconocimiento de la legítima representación sindical a la hora de discutir los asuntos inherentes a las relaciones de trabajo, niega el verdadero diálogo social y cercena la autonomía de los trabajadores.

Mediante el uso desvergonzado de la parcialización de los órganos de justicia se ha apresado, enjuiciado y encarcelado a muchos compañeros, dirigentes sindicales, por el solo hecho de impulsar acciones en defensa de conquistas y reivindicaciones laborales. El derecho a huelga ha sido convertido en delito, cuyo ejercicio acarrea inmediatamente juicio y encarcelamiento, sobre la base de normas punitivas absolutamente contrarias a la Constitución. De esa manera, también se desconoce el derecho a la contratación colectiva y la organización sindical.

Frente a las protestas, la respuesta gubernamental es la represión y la violencia. Hoy utilizan grupos paramilitares y parapoliciales junto a las fuerzas de seguridad del Estado, practican detenciones, torturas, maltratos físicos y psicológicos; usan los tribunales para imputar y destruir a cualquier ciudadano y crear un clima de terror y amedrentamiento a la usanza de las dictaduras.

Con la implementación de su fracasado  modelo político económico, el  gobierno ha despilfarrado los cuantiosos recursos derivados de los altos precios del petróleo; ha frustrado esperanzas y se ha convertido en una especie de barrera que cercena el futuro y coarta la posibilidad de vivir mejor.  La inseguridad es una calamidad nacional.

La delincuencia no distingue edad, condición social o preferencias políticas. Los estudiantes se han levantado contra ese flagelo porque lo padecen en carne propia. La creciente conflictividad laboral es también una respuesta a ese despropósito que ha empobrecido a las mayorías.

Por ello, hoy le anunciamos al país que los estudiantes y los trabajadores hemos decidido unir nuestras luchas por una Venezuela mejor. La protesta se multiplica cada día por el agravamiento de la crisis social y la ausencia de respuestas efectivas por parte del gobierno ante las justas demandas de la población.

El Gobierno nacional, en lugar de propiciar soluciones y propiciar instancias de diálogo con los actores de las protestas, ha tomado el camino de criminalizar y judicializar  esas manifestaciones. De esa manera ha llevado a centenares de compatriotas a los tribunales, por defender derechos: al trabajo, al estudio, a la libertad sindical, a la autonomía universitaria, a la contratación colectiva, a los beneficios estudiantiles, a la seguridad social, a la salud y a la seguridad personal.

La Unidad de Acción Sindical y Gremial ha asumido el compromiso indeclinable de impulsar los cambios que beneficien al pueblo trabajador, del mismo modo ha resuelto convenir una plataforma de objetivos comunes con el estudiantado.

Esto no solo nos obliga a seguir defendiendo la autonomía y la libertad sindical, el derecho a la contratación colectiva y a la huelga, el salario digno y la seguridad social, sino que también nos reclama participar como combatientes de primera fila en la conquista de una sociedad más justa, más democrática, más libertaria, más solidaria, en una patria donde la soberanía e independencia no sean solo frases propagandísticas sino que estén afincadas en una fortaleza económica y social que auspicie el progreso material y espiritual de todos los venezolanos y la confraternidad con los pueblos del mundo.

Los trabajadores y el país exigen una rectificación, un cambio de rumbo. Que el gobierno cumpla con sus responsabilidades y no insista en ocultar sus errores invocando fantasmas como el de una presunta guerra económica o el de un golpe de estado, mientras utiliza la represión y la persecución política contra quienes protestan.

No creemos en la paz de los sepulcros que es, a final de cuenta, lo que se está proponiendo desde las instancias gubernamentales con el beneplácito de sectores empresariales que serán favorecidos por un paquetazo que traerá más cargas sobre los hombros del pueblo, de los trabajadores, de los que vivimos de un salario.

También rechazamos que se pretenda silenciar a los medios de comunicación. Reivindicamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos humanos fundamentales, consustanciales a la democracia, para cuyo ejercicio es indispensable la existencia y promoción de pluralidad de medios que puedan reflejar tanto los hechos noticiosos como las diversas opiniones de los ciudadanos y sus organizaciones. Deploramos que dichos medios se hayan reducido y que los existentes no garanticen el equilibrio informativo; así como, la amenaza de cierre que pesa sobre los medios impresos por falta de papel y de otros insumos básicos para sus operaciones, poniendo en riesgo 30 mil puestos de trabajo.

Reclamamos al Gobierno que garantice la protección debida a los trabajadores de la prensa para que puedan cumplir con su labor de procesar e informar sobre cualquier acontecimiento que afecte la vida nacional, pues la falta de información estimula los conflictos y no contribuye para nada a un clima de paz.

Advertimos, una vez más, que ese modo de proceder nos puede llevar a una escalada de violencia con resultados más dolorosos y lamentables para la República. No queremos más estudiantes o trabajadores detenidos, heridos o muertos.

Compañeros trabajadores:

El mundo conmemora hoy, un aniversario más de las protestas de los trabajadores por lograr  una jornada de trabajo que dejase tiempo suficiente para el descanso  y  la vida familiar y social. Los mártires de Chicago dejaron escritos sus nombres en la historia no sólo porque se pusieron al frente de aquella lucha sino porque sus objetivos se lograron.

Hoy, los trabajadores venezolanos, concurrimos juntos, centrales sindicales, gremios, movimientos y sindicatos autónomos y clasistas, integrantes de la unidad de acción sindical y gremial  a rendirle tributo a aquella gesta  y a tal efecto exigimos al Gobierno:

– Un aumento general de sueldos y salarios y la urgente revisión del recién decretado ajuste del salario mínimo, pues el mismo no tomó como referencia el costo de la canasta básica, como lo prevé la Constitución.

– La inmediata libertad de todos los estudiantes, trabajadores y demás ciudadanos presos por ejercer el derecho constitucional a la protesta.

– El cese de las medidas que pesan sobre los dirigentes sindicales sometidos a juicio.

– Detener la criminalización de la protesta estudiantil y de la acción sindical.

– El irrestricto respeto de los derechos humanos y otorgar todas las garantías para su cabal ejercicio.

– La autonomía y separación de los poderes públicos.

– Que se cumpla lo decidido, el pasado mes de marzo, por el Consejo de Administración de la OIT, para que se inicie, cuanto antes, un proceso serio y autentico de Diálogo Social que aborde los problemas laborales del país y adopte las soluciones pertinentes.

Igualmente, nos comprometemos frente a los trabajadores y el país a fortalecer la unión con el movimiento estudiantil para la construcción de una Venezuela que garantice un futuro digno para nuestros jóvenes y un empleo decente para los trabajadores.

Una Venezuela donde el derecho a la vida sea una realidad y no una demagógica consigna, pues hoy mueren cientos de compatriotas a manos del hampa, y donde la seguridad ciudadana sea una prioridad.

Queremos una Venezuela que se reencuentre en la Paz y la Democracia. Llamamos a la unidad de los venezolanos, a derrotar la violencia, a luchar juntos por un país mejor. Llamamos a un compromiso por la vida, la libertad y la justicia.

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