Una alerta a los trabajadores lanzó el movimiento sidorista Coalición Siderúrgica. No se debe perder de vista la discusión del contrato colectivo, mucho menos conformarse con un aumento de Bs. 10, cuando lo fundamental es «luchar» por la discusión de la convención, plantea Leonel Grisett, miembro de este equipo.

Previno a los trabajadores sobre una alianza entre el Movimiento Revolucionario Orinoco, Unidad Matancera y Militante Siderúrgico con el fin de impulsar la cancelación de Bs. 10 de aumento.

«Con manipulación han hecho que los trabajadores firmen pidiendo un aumento sabiendo que este contrato está vencido. El deber ser es dar la lucha por la firma de un nuevo contrato, no se trata de 10 bolívares sino de la progresividad de los beneficios sociales».

La inquietud surge, por ejemplo, sobre cuál sería el estatus de los jubilados de no impulsar la negociación del contrato. Grisett señaló que jubilados y pensionados esperan darle vigencia a esta propuesta que ya está recogida en el proyecto.

A este grupo le llama la atención que se ha dado una prórroga al contrato, al parecer sin nada a cambio. La postura de la Coalición Siderúrgica es enfocarse en la discusión del contrato.

«Vemos que con esto se está dando un chance al patrón Estado, porque este patrón ha dicho que luego de que estén las corporaciones se va a discutir contrato a través de sus mesas de trabajo».

A la Coalición Siderúrgica le preocupa el poder de convocatoria de ambos sectores, especialmente del control obrero que en su reciente marcha «actuaron como esquiroles yendo contra jubilados accionistas de la empresa».

Grisett califica como un peligro la idea del control obrero: los trabajadores de la base se organizaron y luego, la empresa -desde arriba- les dijo que ellos no estaban autorizados para organizarse.

El movimiento confía en la conciencia de los siderúrgicos en el ejercicio al voto, para esta vez garantizar el cambio «verdadero» de Sutiss.

Amenaza al derecho a huelga
Eduardo Acevedo comparó el artículo 56 de la Ley de Seguridad de la Nación con el Instructivo 11 del gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde se prohibía el derecho a huelga en la década de los años 70. Manifestó que esta ley está configurada de manera represiva para silenciar las manifestaciones.

Sobre esto invitó al movimiento sindical y a los trabajadores a empujar en conjunto el camino que ya han iniciado las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) por la derogación de los artículos que criminalizan la ley. (CorreodelCaroni; 29.11.2010)

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