La empresa venezolana ha dejado de satisfacer la demanda nacional de hemoderivados. Los principales dolientes: los miles de pacientes que dejaron de recibir tratamiento y los fundadores de esta empresa, que lograron posicionarla como líder en la región, y que ahora son despedidos y perseguidos por los entes gubernamentales.
Para entender la situación de paralización y crisis que atraviesa la empresa estatal Quimbiotec C.A., única en Venezuela y la más moderna de Latinoamérica, dedicada a la producción de hemoderivados, es necesario remontarse a los orígenes y fundamentos que dieron lugar a esta experiencia inédita en el campo de la farmacéutica nacional.
En 1977 se promulga la Ley de Transfusión y Bancos de Sangre y desde allí se prevé el establecimiento de plantas de fraccionamiento de plasma para la producción de hemoderivados que son utilizados para tratar pacientes crónicos, pacientes afectados por síndromes agudos, personas accidentadas y en medicina preventiva.
En la década de los ochenta, siendo Miguel Layrisse –hematólogo– director del IVIC, Egidio Romano, también hematólogo, promueve la construcción de una planta bajo el asesoramiento de los investigadores del instituto. Durante la dirección de Boris Drujan, se procede a incorporar a ingenieros y gerentes al proyecto. Horacio Vanegas, en diciembre de 1988, funda Qumbiotec C.A., una vez logrado el financiamiento por parte de la Corporación Andina de Fomento y un conglomerado de bancos nacionales. Miguel Laufer, en 1993, concluye las obras civiles, erige la planta, recluta y entrena al personal y la pone en marcha. En mayo de 1998 Egidio Romano, entonces director del IVIC y presidente de la empresa, a una década del arranque del proyecto, inaugura la planta de producción, con un producto registrado y en producción: albúmina humana.
Vale precisar que Quimbiotec C.A. se construye en una época de turbulencia económica, de cambios políticos, golpes de Estado, baja de los precios del petróleo y de surgimiento de una pandemia provocada por un retrovirus que se propaga vía transfusional: el SIDA.
Sus promotores, toda una generación de ilustres científicos venezolanos, supieron crear alianzas con diversos sectores incorporando a profesionales de las más diversas disciplinas en el proyecto. Este conjunto de fundadores, pertenecientes a las distintas directivas del IVIC, persuadió a la sociedad de que el proyecto a realizarse constituía una iniciativa nacional de carácter estratégico, ya que habría de recolectar plasma de todos sus rincones y llevar los medicamentos hasta los más alejados puestos de salud. No se trataba de un proyecto privado, tampoco de una alcaldía o gobernación en particular, su alcance era Venezuela toda.
La necesidad evidente de hemoderivados en el país, la dificultad económica para adquirirlos en el exterior y lo escaso de los hemoderivados a nivel mundial debido a la pandemia de SIDA hicieron que el proyecto de la planta se declarase de prioridad nacional. Con esta propuesta el IVIC solventaría una necesidad nacional, puesto que Venezuela para esa época importaba los hemoderivados.
En 1992, Quimbiotec C.A. terminó la obra civil de la Planta Productora de Derivados Sanguíneos (PPDS), y dio comienzo a la instalación y prueba de los equipos suministrados por Seitz Enzinger Noll A.G., de Alemania (SEN). Esto implicó la transferencia de la tecnología, la adaptación de la misma, el entrenamiento hasta el aprendizaje del personal venezolano. Ese complejo proceso estuvo caracterizado por avances y retrocesos, durante los cuales se identificaron problemas en la planta, en los equipos instalados; así como por el empeño de los profesionales venezolanos en conocer todos los aspectos, que los llevó a presionar a la contraparte de SEN para que les entregara y/o les diera a conocer toda la información acerca del proceso del fraccionamiento de plasma. El contrato con SEN terminó en 1996; posteriormente, mediante la contratación de expertos en fraccionamiento de plasma a nivel industrial, se profundizó el proceso de aprendizaje del personal local, lo que le permitió a Quimbiotec C.A. desarrollar una tecnología propia a nivel experimental, ganando así independencia tecnológica en el fraccionamiento de plasma.
En el caso del factor VIII, se contó con la participación de un laboratorio del IVIC, el de Trombosis Experimental del Centro de Biofísica y Bioquímica; mientras que la producción de gammaglobulina endovenosa y gammaglobulina intramuscular fue producto del intercambio y aprendizaje tecnológico con una homónima en la Argentina, la PPDS de la Universidad Nacional de Córdoba, que mediante un convenio bilateral no solo compartió tecnología, sino que además aportó recurso humano que se desempeñó a nivel gerencial, lo que contribuyó a la consolidación del proceso productivo y de la formación del personal nativo. En este caso se constató una interrelación de aprendizaje tecnológico con otra industria de la región, también de carácter público y científica[1].
En mayo de 1998 José Félix Oletta, ministro de Sanidad del presidente Rafael Caldera, inauguró la Planta Productora de Derivados Sanguíneos de Quimbiotec C.A., ya en plena producción de albúmina humana. Oletta fue más allá y realizó una compra adelantada de albúmina para dotar a los hospitales del ministerio. Este producto es el que le permitió a la Dra. Eugenia Sader para ese entonces directora de salud, realizar una primera distribución controlada de albúmina y constatar que las hipótesis sobre las que se fundamentó la construcción de la planta se cumplían: se ahorraba un 4 por mil en días de hospitalización y se triplicó la cantidad de plasma que recibía la planta de los hospitales en el piloto.
[1] En esta iniciativa de colaboración e intercambio regional tuvo un rol protagónico Rosario Quiroga, argentina naturalizada venezolana, quien propuso e impulsó la consolidación del referido acuerdo de colaboración e intercambio. Quiroga fue una de las fundadoras de QUIMBIOTEC C.A. formando equipo con el ingeniero Bernardo Pérez Jurado, Irma Graciela Sosa y Jorge Pino; todos ellos fueron despedidos entre noviembre y diciembre de 2011, sin justificación alguna.
En 1999, el nuevo ministro de Salud, Gilberto Rodríguez Ochoa, primero del gabinete originario nombrado por el presidente entrante, Hugo Chávez, al recibir el reporte de resultados de la distribución piloto de albúmina humana, estableció en conjunto con Quimbiotec C.A., el Programa de Optimización del Uso del Plasma y Hemoderivados en el sector público.
Este programa tenía como objetivo lograr en Venezuela los niveles de atención en hemoderivados que gozaban los países desarrollados. En un acuerdo marco plurianual se contemplaba: 1) Meta de demanda, planificación de producción, costos. 2) Contratos anuales por institución. 3) Recolección de plasma. Mejoras a los bancos de sangre. 4) Producción de hemoderivados. 5) Distribución a las farmacias hospitalarias por parte de Quimbiotec. 6) Seguimiento de consumo, debida utilización, eventual redistribución de inventarios. Farmacovigilancia. 7) Reportes trimestrales.
Auge: una década al servicio de la salud del pueblo (2001-2011)
En esta década el proyecto farmacológico continuó su desarrollo con el apoyo del nuevo gobierno instaurado en 1999, encabezado por el presidente Hugo Chávez Frías, manteniéndose la continuidad del apoyo estatal a los proyectos en curso, solo hasta finales de 2011.
Para el año 2003, Quimbiotec C.A. comenzó a abastecer toda la red pública nacional de salud, detectando con sus bases de datos sobre el uso de hemoderivados la verdadera necesidad de los mismos, lo que le permitió optimizar sus metas de producción.
De la revisión del Informe Anual de la empresa correspondiente al período 2009-2010, facilitado por personas que trabajaron en la misma, se puede comprobar su desarrollo y sus logros[2].
En este sentido destaca que en el año 2010, uno de cada trescientos venezolanos recibió tratamiento con hemoderivados producidos en Venezuela, en Quimbiotec C.A. La planta productora de derivados sanguíneos produjo en ese año un millón de unidades de distintos medicamentos provenientes del plasma sanguíneo humano.
Quimbiotec produjo en el año 2010, 359.000 frascos de albúmina, es decir, ciento cuarenta kilos de albúmina por millón de habitantes, cifra que colocaba a Venezuela como el país en América, después de los EE.UU. y Canadá, que mejor atendía a su población en lo que a hemoderivados se refiere. El nivel de atención se correspondía con el de un país desarrollado.
Por otra parte, en ese mismo año, Quimbiotec produjo 408 mil gramos de inmunoglobulinas, 14 kg por millón de habitantes. Las inmunoglobulinas son otras de las proteínas presentes en el plasma y obtenidas en Quimbiotec, que tienen uso terapéutico. La vida de pacientes con enfermedades autoinmunes e inmunodeprimidos sea por el HIV, por sepsis, por cáncer, radioterapia, trasplantado en terapia anti rechazo, inmunodepresión congénita, depende de este medicamento.
Asimismo, en el Informe Anual de referencia se informa sobre una inmunoglobulina muy especial que se comenzó a producir en Quimbiotec C.A., que es la IgG anti D. Esta es la medicina que se utiliza para hacer viables los nacimientos de venezolanos de padres con incompatibilidad de Rh, causa en el pasado de aborto y mortalidad infantil. Quimbiotec C.A. importaba a precios accesibles semielaborados de este medicamento culminando su purificación e inactivación viral en su planta. Esta iniciativa permitió la realización de prevención de la enfermedad a nivel de todos los hospitales públicos del país.
Asimismo, se produjeron 25 millones de UI internacionales de FVIII plasmático en 2010. Con este producto se trata a una gran parte de los venezolanos que padecen la Hemofilia. El resto es tratado con FVIIIr, la r por recombinante. Esa es la versión del producto producida por técnicas de ingeniería genética.
Cabe destacar que en este período la empresa desarrolló un proyecto ambiciosísimo: la ingeniería genética al servicio de la salud. Efectivamente, durante las gestiones de Máximo García Sucre y Ángel Viloria como directores del IVIC y presidentes de Quimbiotec C.A. (2004-2011), se construyó la Planta Productora de Fármacos Recombinantes y se inicia la construcción de una Planta Productora de la Vacuna Contra la Influenza. Se pone en marcha el Laboratorio para la Producción de Antivenenos Antiofídicos y Antiescorpiónicos. En lo que a Hemoderivados se refiere se adquieren los equipos para la ampliación de la capacidad de producción de la Planta de Hemoderivados hasta un millón de litros de procesamiento anual (2008-2009). Para la parada planificada de planta de 2012 se preparó una primera ampliación de capacidad de hasta 200 mil litros anuales.
[2] La opacidad informativa que caracteriza a la mayoría de los entes oficiales se impuso en esta empresa a partir de 2011, fecha desde la cual este tipo de información no se encuentra disponible en la web, como era la norma anteriormente.
Para el 2010, el primero de una lista de medicamentos de origen recombinante se encontraba en las etapas finales de sus estudios clínicos, el Factor Estimulante de Crecimiento de Colonias Granulocíticas. La planta industrial para producirlo se estrenaba produciendo lotes piloto. Esta medicina es utilizada especialmente en pacientes con cáncer sometidos a quimio o radio terapia, para elevar la generación de glóbulos blancos.
También en la cola de desarrollo de productos y escalamiento piloto se encontraban otras moléculas sencillas de uso medicinal: Eritropoyetina, utilizada contra la anemia, Interferones Alfa y Beta. Los bancos de células y microorganismos modificados estaban a buen resguardo en los laboratorios de Quimbiotec. También moléculas más complejas se comenzaban a manejar en sus laboratorios.
Para fines de 2011 había desarrollado también la vacuna necesaria para combatir la Influenza y construía la planta para producirla.
Este proceso de crecimiento y consolidación fue apoyado por los distintos ministros responsables del área, entre ellos el ministro de Salud Gilberto Rodríguez Ochoa, y luego los consiguientes ministros de Ciencia y Tecnología: Carlos Genatios, Yadira Córdoba, Héctor Navarro, Nuris Orihuela y Jesse Chacón. Entre los logros relacionados con la gestión a nivel internacional destacan la conformación de un grupo de trabajo para desarrollar la propuesta de creación e implementación del Polo Científico del ALBA-TCP, como medio integrador de esfuerzos para el desarrollo autónomo de capacidades regionales en ciencia, tecnología, con aplicación industrial en la producción de fármacos, iniciando con el desarrollo de Quimbiotec C.A. como Planta Procesadora de Derivados Sanguíneos para los países de ese agrupamiento regional. Las negociaciones de alto nivel en el seno del ALBA-TCP se desarrollaron durante la cumbre de este organismo en Cochabamba, Bolivia, a mediados de 2009, y el proyecto (aprobado en la Declaración de Cochabamba) se presentó con todo detalle ante un escenario de especialistas en la siguiente Reunión Cumbre, celebrada en La Habana en diciembre de ese mismo año, justo durante una semana en la que no había sido nombrado ningún ministro para el despacho del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, luego de la renuncia de Jesse Chacón a dicha cartera. Las gestiones realizadas por Ángel Viloria, director del IVIC y presidente de Quimbiotec, recibieron el apoyo irrestricto y el respaldo del entonces canciller Nicolás Maduro, quien cumplía instrucciones expeditas del presidente Chávez.
Ocaso: gestión burocrática, persecución penal y paralización de la producción (2012-2015)
Burocracia versus proyecto original
El desarrollo progresivo y exitoso de Quimbiotec C.A. se vio abruptamente interrumpido a partir de mayo de 2011, cuando asume la dirección del IVIC, Eloy Antonio Sira Galíndez, en reemplazo del Dr. Ángel Viloria, quien mantuvo y desarrolló los objetivos estratégicos del proyecto original durante su gestión (2008-2011), tal como se aprecia en el apartado anterior. A partir de esa fecha y hasta finales de 2015, la titularidad del Ministerio de Ciencia y Tecnología estuvo a cargo de los ministros Ricardo Menéndez, Jorge Arreaza y Manuel Fernández, quienes avalaron los cambios en la gestión burocrática de la empresa, donde la rotación del cuerpo gerencial fue la norma, produciéndose por lo menos tres cambios en el mismo[3].
Vale destacar, que un cambio en los estatutos de Quimbiotec C.A. en octubre de 2012 permitió que fuera el ministro de Ciencia y Tecnología quien nombrara directamente al presidente de la empresa, la que históricamente ejercía el director del IVIC, y a partir de allí la empresa comienza a ser gestionada como un ente ministerial y no con la lógica de una empresa pública productiva de interés social, como se gestionó desde su fundación.
La primera medida que anunció el cambio de orientación estratégica devino a finales del año 2011, cuando de manera intempestiva y sin justificación pública, se produjo el despido de la mayoría del cuerpo gerencial fundador de Quimbiotec, que incluyó al gerente general Bernardo Pérez Jurado y a la gerente de Planificación y Presupuesto, Rosario Quiroga. A ambos. Con 28 y 23 de años de antigüedad no se les indemnizó laboralmente de inmediato, como establece la ley, lo que lograron parcialmente luego de un largo litigio judicial; ni se les reconocieron sus derechos previsionales, los que todavía reclaman sin lograr respuesta alguna. Adicionalmente, esta decisión excluyó toda posibilidad de transmitir a quienes advinieron en su sustitución, los conocimientos acumulados por estos experimentados gerentes. Ni siquiera se les permitió al menos indicarles los más elementales datos sobre la organización física y operacional de la empresa.
El cuerpo gerencial que sustituyó a los fundadores resultaron ser personas desconocedoras de los procesos operativos e incompetentes para afrontar las responsabilidades mayores inherentes a una empresa biotecnológica tan compleja, incluyendo las relaciones con su personal. Los pocos gerentes que quedaron en sus cargos fueron progresivamente despedidos o renunciaron al comprobar los cambios o irregularidades de la nueva gestión. A fines de 2015 permanece solo uno de los designados antes del año 2011. Cabe mencionar que el nuevo personal gerencial carecía de experiencia en el área de la administración de una empresa pública productiva, ya que provenían de la burocracia administrativa del sector público, y por ende gestionaron la empresa como si fuera un ente ministerial, dejando atrás la experiencia científica, productiva y gerencial acumulada desde 1988 por una gestión enmarcada en el proyecto original puesto en práctica por el IVIC y su empresa Quimbiotec C.A.
Esta gestión burocratizada generó cambios en las relaciones laborales, y a pesar del discurso obrerista obstaculizó y frenó la discusión de la contratación colectiva, incorporó personal sin la debida calificación científica y profesional y sin el debido estudio de necesidades, se flexibilizó ilegalmente la aplicación de normas en la contratación de obras y servicios, se desatendió de manera irresponsable el seguimiento de las gestiones de obtención de recursos financieros, y hasta se permitió la infiltración de efectivos del Servicio Bolivariano de Información (Sebin) en la nómina de la empresa con la finalidad de controlar al personal.
[3] Eloy Sira Galíndez desde el 3 de mayo de 2011 hasta el 25 de noviembre de 2012; José Gregorio Biomorgi del 26 de noviembre de 2012 al 16 de febrero de 2014 e Imeria Odreman del 17 de febrero de 2014 hasta el presente.
La gravedad de esta situación fue develada por las movilizaciones y manifestaciones públicas de los pacientes hemofílicos que han venido denunciando la escasez de factores de coagulación, lo que hizo que la Defensoría del Pueblo propiciara la instalación de una mesa técnica para atender las angustias y demandas de este grupo de venezolanos, pero hasta la fecha la situación está lejos de ser solucionada. Asimismo, el conflicto laboral que se presentó a partir de mediados de 2015, logró gran repercusión mediática y puso en el tapete la gravedad de la situación interna de la empresa.
Persecución penal
Lo más grave de este proceso de abandono y desmantelamiento del proyecto original de la producción de hemoderivados y otros productos farmacéuticos, es la persecución penal de la que han sido objeto ex gerentes y una trabajadora de la empresa en cuestión. El 20 de julio de 2015 la Fiscalía General de la República anunció públicamente que logró “la privativa de libertad para la exgerente de Logística y la exjefa de Contabilidad de Quimbiotec C.A., Yadira Naranjo y Susana Rodríguez, respectivamente, por su presunta vinculación con la utilización de divisas otorgadas por el Estado venezolano para la contratación de seguros de vida que benefició a la directiva de esa empresa. (…) En la audiencia de presentación, los fiscales 53ª nacional y auxiliar, Ivana Ricci y Edgar Ramírez, respectivamente, imputaron a las mujeres por la presunta comisión del delito de peculado doloso propio, en la modalidad de distracción y asociación para delinquir”[4].
A las dos mujeres imputadas se suman como imputados otros seis ex gerentes, cuatro de ellos con órdenes de aprehensión y otros dos con prohibición de salida del país[5].
Desde ese entonces, comenzó un calvario para ambas mujeres inocentes que, sometidas al escarnio público, llevan más de cinco meses privadas de libertad, sin que hasta el momento las gestiones judiciales realizadas por la defensa de ambas haya logrado demostrar las irregularidades del previo proceso de investigación administrativa, ni las cometidas por el Ministerio Público, que han llevado a que el Tribunal Primero de Control de Los Teques haya decidido aceptar la acusación fiscal y pasar a juicio a las imputadas y mantener la orden de privación de la libertad.
De acuerdo a consultas realizadas a abogados relacionados con las víctimas, con varias de las personas afectadas y familiares, así como de la revisión de los expedientes judiciales a los que se tuvo acceso, se presenta un resumen de las principales irregularidades, violaciones al debido proceso y derechos fundamentales verificados en este proceso penal.
Destaca en primer lugar, la violación al derecho a la defensa de todos los investigados por la auditoría interna de la empresa, ya que la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal prevé que el órgano investigador debe informar a todas las personas investigadas (Art. 79)[6] y garantizar su derecho a la defensa, mientras dura la investigación en el ámbito administrativo. Por el contrario, esto no ocurrió en este caso, y la auditora interna de Quimbiotec C.A., María Montaño, procedió una vez finalizada su investigación a presentar directamente la denuncia penal ante el Ministerio Público.
Tampoco el Ministerio Público garantizó a los afectados por la denuncia de la auditora Montaño, su derecho de ser informados y citados como testigos para que aportaran la información en su descargo; solo lo hizo con el caso de la Gerente de Administración y Finanzas, María Rita Pinto; mientras que al resto procedió directamente a solicitar las órdenes de aprehensión y de prohibición de salida del país. Como consecuencia de ello, Susana Rodríguez y Yadira Naranjo fueron aprendidas en sus lugares de trabajo. Cabe destacar, que la primera fue detenida en la sede de Quimbiotec C.A. donde trabaja hace quince años, y la segunda en una empresa privada ubicada en el este de Caracas.
Llama la atención que en la audiencia de presentación y, posteriormente, durante el período de 45 días que dura la investigación fiscal, se haya obviado los alegatos de la defensa en el sentido de que Susana Rodríguez, para la fecha de los hechos que se investigan, era una empleada analista de cuentas y posteriormente jefe de contabilidad, que solo cumplía instrucciones de realizar arqueos anuales de la caja chica y no tenía ningún nivel de responsabilidad en el manejo o aprobación del uso de divisas en moneda extranjera. En el caso de Yadira Naranjo, quien se desempeñó como gerente de logística, tampoco se reconoció durante el proceso que carecía de potestad para autorizar pagos ni contratar seguros pues no era integrante de la junta directiva, como tampoco lo era ni siquiera la instancia autorizada estatutariamente para aprobar ese tipo de actos, de lo que se deduce que mal puede acusársela de peculado doloso en grado de distracción y mucho menos de asociación ilícita para delinquir.
La investigación del Ministerio Público y la posterior acusación fiscal en ningún momento presentan elementos de convicción, tal como en su oportunidad informó a ese despacho el ex director del IVIC, también investigado en esta causa, Dr. Ángel Viloria, mediante comunicación de su representante legal. En ella detalla que: “3. La investigación está basada en supuestos inadecuadamente sustanciados: La denuncia presentada el 13 de agosto de 2014 (Informe N° UAI/CP-02-13) por la entonces Auditora Interna (E) de la empresa QUIMBIOTEC, María Coromoto Montaño Dugarte (C.I. N° V-9.488.846), (…) se basa en primer lugar en presuntos manejos inapropiados y sin apego a normativas, de los fondos en moneda extranjera de la empresa en cuestión, y en segundo lugar, la presunta ilegalidad de pagos en moneda extranjera para cubrir compromisos de contratos de pólizas de seguros de vida con las empresas extranjeras AXA Equitable, American Bankers Life y CICA Life Insurance Company para el personal ejecutivo con la más alta responsabilidad dentro de la empresa QUIMBIOTEC, C. A.
En el primer caso pareciera que intencionalmente se desestima la existencia de la normativa 010-04-011 (se menciona pero se omite hacer referencia a su contenido), titulada “Manejo del Fondo de Moneda Extranjera” y conocida también como POE por las siglas de “Procedimiento de Operación Estándar”. Esta normativa fue generada por el Departamento de Contabilidad de la Gerencia de Administración de QUIMBIOTEC, C. A., y emitida por primera vez el 30 de enero de 2002, habiendo sido correspondientemente considerada y aprobada en su momento por la Junta Directiva y por la Asamblea de Accionistas de la Empresa. (…) Desestimándose la existencia y contenido de esta normativa, y sin cotejar si las operaciones internas de la empresa se ajustaban o no a ella durante el período que se investiga (2007-2011), es IMPOSIBLE determinar que hubo manejos ilícitos de la caja chica en moneda extranjera. Creemos que por estas omisiones el procedimiento queda viciado, por lo que conduce a concluir apresuradamente sobre presuntos delitos de suma gravedad, aun cuando es obvio que la información es insuficiente. Es incomprensible que ni la Auditoría Interna ni la Presidencia actual de QUIMBIOTEC, C. A. hayan hecho los esfuerzos necesarios para proveer a los fiscales del Ministerio Público de la información adecuada. Como consecuencia de ello hoy se encuentran aprehendidas dos personas inocentes.
El segundo caso, parcialmente conexo con el anterior, es todavía más sorprendente. Del estudio del expediente de la investigación N° MP-189436-2015 y su causa N° 1C-16302-15, se evidencia la existencia de copiosa documentación administrativa interna de la Empresa QUIMBIOTEC, C. A. que comprueba que efectivamente EXISTEN compromisos de pago, de ninguna manera oscuros u ocultos, con tres empresas aseguradoras en el extranjero. La existencia de los numerosos soportes de pagos y transferencias en el periodo investigado (y seguramente localizables también en los archivos de la empresa en las fechas que van de 1995 a 2007 y posteriores al 2011) más que evidenciar comisión de delito de peculado doloso es prueba de que tales sumas de dinero deben contar, sin duda, con otros soportes documentales. Llama poderosamente la atención la afirmación por parte de la actual Presidencia de que no existe en los archivos de QUIMBIOTEC, C. A. ninguna otra evidencia documental que proporcione pistas sobre la contratación de pólizas de vida para el personal de alto nivel. (…) En ningún documento administrativo suministrado como sustento al expediente de la investigación aparecen tales nombres por escrito, a no ser en las declaraciones escritas y verbales de la Auditora Interna (E) María Montaño y en la repetición e interpretación que hacen posteriormente los fiscales de tal información. Esto equivale a decir que el manejo de los nombres de personas señaladas o imputadas no es transparente.
Se hace caso omiso en el expediente de la investigación a una comunicación (copiada e inserta varias veces en dicho expediente) en la cual la Gerencia General al emitir instrucciones para la erogación de los pagos a las compañías aseguradoras por concepto de pólizas de vida, hace referencia explícita a la decisión de la Junta Directiva de la Empresa (máxima autoridad en la Dirección y Administración de la misma, Art. 19°, Cap. IV, Estatutos) que tiene que ver con la determinación y aprobación de implantar mecanismos de compensación salarial (entre ellos, pólizas de vida y planes especiales de ahorro”[7].
En la misiva al Ministerio Público se deja claramente establecido que efectivamente, la junta directiva de Quimbiotec, en su reunión N° 78, de fecha 27 de septiembre de 1995, bajo la presidencia del Dr. Miguel Laufer, haciendo uso de las atribuciones que le son conferidas en el Artículo 26° del Capítulo IV de sus estatutos fundacionales[8], consideró el problema de las compensaciones salariales para el personal técnico y de alto nivel que tiene responsabilidades extraordinarias en la compañía, aprobando entre las compensaciones salariales posibles la contratación de seguros de vida o planes de retiro, según consta en el acta correspondiente en los archivos de Quimbiotec, C.A.
Según lo argumentado por la representación legal del Dr. Viloria, no cabe ninguna duda que esa decisión de la Junta Directiva, posteriormente aprobada por la Asamblea de Accionistas, implementó legítimamente los mencionados mecanismos de compensación salarial para los cargos de alta responsabilidad y alto nivel, de manera que no se trata de una decisión arbitraria de un grupo de gerentes que entre 2007 y 2011 decidieron por cuenta propia pagarse pólizas personales de vida en el extranjero. Estas compensaciones se han implementado por mandato de la máxima autoridad desde hace veinte años (20) durante las siguientes presidencias: Dr. Miguel Laufer (1993-1997), Dr. Egidio Romano (1997-2004), Dr. Máximo García Sucre (2004-2008), Dr. Ángel L. Viloria (2008-2011), Dr. Eloy A. Sira (2011-2012).
Vale señalar que de una consulta realizada con abogados laborales, queda claro que es una aberración y no tiene justificación alguna que se pretenda acusar penalmente a los trabajadores por aceptar un beneficio laboral que otorga el representante patronal (en este caso la junta directiva de Quimbiotec C.A.)[9]; y que en ningún caso puede atribuirse a ellos la autoría del delito de asociación para delinquir pues el cuerpo gerencial no tenía atribución ni potestad para la aprobación de beneficios ni compensaciones, solo ejecutaban lo aprobado por la máxima autoridad de la empresa, como por ejemplo elaborar los pagos por los seguros de vida en dólares. En todo caso, si existiera alguna irregularidad en la aprobación de dichos seguros, la responsabilidad no es de los trabajadores con responsabilidad de gerentes, sino de la junta directiva que, dicho sea de paso, siempre tuvo entre sus integrantes a representantes del ministerio al que estaba adscripto el IVIC y Quimbiotec CA., inicialmente el Ministerio de Salud y a la fecha de los hechos el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
[9] Las compensaciones aprobadas por la junta directiva incluye auxilios que podrán ser: para viviendas, transporte, ampliación al plan general de hospitalización, cirugía y maternidad, seguros de vida o planes privados de retiro, contribuciones especiales al plan de ahorros, etc.
Por otra parte, otra de las irregularidades denunciadas por la defensa de las damas detenidas, tienen que ver con la negativa de la Fiscalía 53 de aceptar como pruebas los resultados de las distintas auditorías realizadas anualmente a Quimbiotec C.A. por parte de consultoras privadas, del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el propio IVIC, todas las cuales dan cuenta de la pulcritud y trasparencia de la gestión gerencial en el período investigado y en años anteriores.
También llama la atención, que en el escrito de la Acusación Fiscal se haga referencia explícita a que María Rosa Pinto y Bernardo Pérez Jurado cobraron y autorizaron el giro de cheques por valor de 10 y 20 millones de dólares para reponer la caja chica de la empresa, y obvie la inclusión del[10] acta de entrevista realizada en junio de 2015, donde María Rita Pinto en las preguntas decimo cuarta y decimo quinta responde al Ministerio Público sobre el funcionamiento de la caja chica en dólares y sobre el giro y cobro de un cheque de $. 10.000 que cobró en el banco Comercebank en los Estados Unidos, y la autorización de un cheque de gerencia por $. 20.000 a Pérez Jurado para el mismo fin. Sea cual sea la causa por la cual el Ministerio Público presenta cifras absolutamente distintas a las contestadas y admitidas por María Rita Pinto Gómez; este es un error que incide en el curso de la investigación. Es un hecho gravísimo que la mencionada acta de entrevista se haya obviado en la acusación fiscal, lo que sin duda afectará la investigación judicial en perjuicio de las dos personas implicadas.
[10] Comunicación a la Dirección General de Actuación Procesal del Ministerio Público del asesor jurídico de Rosario Quiroga, ex Gerente de Planificación y Presupuesto, de fecha 14 de agosto de 2015.
Finalmente, la documentación del expediente que investiga el período 2007-2011 se encuentra sesgada hacia la persona del Dr. Ángel Viloria en calidad de director del IVIC y presidente de Quimbiotec C.A., toda vez que no se hace mención alguna, ni consta propiamente el nombre de otros funcionarios que cumplieron funciones y tuvieron las mismas responsabilidades que aquel durante todo el año 2007 y la mayor parte del año 2011. Esto es un claro indicador de que detrás de esta persecución penal a los fundadores de Quimbiotec, hay intereses políticos y económicos relacionados con la importación de medicamentos, a los que les conviene la paralización de la producción de medicamentos de esta exitosa experiencia nacional.
Para fines de 2015, a un mes de la decisión judicial de pasar a juicio privadas de libertad a Susana Rodríguez y Yadira Naranjo, la sentencia no ha sido publicada y por ende no ha se ha realizado el sorteo que determinará cuál tribunal será responsable del juicio oral de las acusadas, lo que es un indicio claro de retardo procesal que afecta a estas honestas mujeres, que injustamente están viviendo una situación que nunca hubiesen imaginado.
La paralización de la producción es responsabilidad de la burocracia
A principios de octubre de 2015, se conoció la noticia de que por primera vez en 25 años, la Planta Productora de Derivados Sanguíneos de Quimbiotec C.A. se encontraba paralizada, y no por sus trabajadores, sino por la ineficiencia de la gerencia burocrática. Quien dio la voz de alerta a través del portal web de Aporrea fue la “Coordinadora Simón Bolívar”, quien a través de un comunicado de prensa informó que: “La planta se encuentra paralizada no se sabe hasta cuándo ni exactamente por cuáles razones. Hay demoras en el mantenimiento y adecuación de nuevas instalaciones físicas, pero se rumora que existen también problemas técnicos de orden mayor en los procesos de producción. ¿Cómo saber? Las autoridades de la compañía evaden dar explicaciones a sus trabajadores y al público en general. Lo que es más, la situación nos indica que en poco tiempo no habrá capacidad de atender ni siquiera a los venezolanos que necesiten los hemoderivados que se producían en Quimbiotec, sencillamente porque la producción en este momento es CERO. Se trata de una empresa a cuya fuerza de trabajo se le paga con los ingresos que genera su producción. Los trabajadores sabemos lo que esto significa. Las renuncias están a la orden del día, veinte en una semana. Los que nos vamos quedando con condiciones de trabajo y remuneración muy desmejoradas tememos lo peor”[11].
[11] Coordinadora Simón Bolívar: Al Presidente Maduro: “Expediente X de Quimbiotec, C. A. (Parte II). En http://www.aporrea.org/tecno/n278720.html
A partir del momento en que la paralización de la empresa tomó estado público, la protesta de los trabajadores y de la dirigencia sindical de la empresa develó la situación de crisis interna que vivía la misma, que fue denunciada a través de asambleas, marchas, interrupción del tráfico de la carretera Panamericana y concentraciones frente al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.
Las razones de la paralización de Quimbiotec C.A., según declaraciones de los propios dirigentes sindicales, tienen su origen en la mala gerencia y planificación de la alta gerencia, específicamente de la presidencia y la gerencia general. Esto llevó a que en al menos dos concentraciones frente al Ministerio de Ciencia y Tecnología reclamaran a viva voz la renuncia de ambas directivas. También los trabajadores alertaban a viva voz: “¡Somos productores, no importadores!”, rescatando la esencia del proyecto original de la empresa, abandonado y olvidado por la burocracia impuesta desde el despacho de Ciencia y Tecnología desde fines de 2011.
Respecto de las causas que llevaron a la paralización de la empresa, específicamente se supo que en el mes de agosto, coincidiendo con las vacaciones colectivas del personal, se tenía planificado lo que se denomina “parada de planta”, período de un mes que se dedica a hacer labores de mantenimiento de la planta física y de su valioso patrimonio en equipos e instrumentos. A diferencia de años anteriores, en esta oportunidad ocurrieron irregularidades en el proceso de licitación de los trabajos planificados y en la contratación de las obras, lo que significó el incumplimiento de la fecha de inicio de estas.
Al respecto, estos hechos devinieron en la renuncia de la Consultora Jurídica y miembro principal por el área legal de la Comisión de Contrataciones, abogada Meyling Orta quien en fecha 10 de agosto de 2015 anunció su decisión de renunciar a su cargo denunciando las irregularidades del caso: “No debo dejar de manifestar mi inconformidad y molestia por el absoluto desapego que se tuvo hacia la Comisión de Contrataciones y la Consultoría Jurídica cuando desde hace más de cuatro meses insistí en participar en las mesas de trabajo y evitar esta situación y siempre se me indicó que lo realizaría el “Metro” y me convocaron a una reunión apenas el pasado 03 de agosto. (…) Con honestidad trataré de flanquear los obstáculos pero no transitaré como lo manifesté esta mañana en nuestra reunión con la Presidenta y el Gerente de Logística, por ninguna vía ni impulsaré ninguna acción que se encuentre alejada de los principios legales contenidos en la LCP y su Reglamento (…) Esta será mi última actuación como miembro principal por el Área Legal de la Comisión de Contrataciones y Consultora Jurídica (E), lamentablemente no tengo otra opción que ratificar mi postura de hacer entrega del cargo al regreso de la parada de planta para lo cual agradezco la aceptación del mismo, (…) para dejar un acta de entrega que reúna todos los requisitos y exponga a cabalidad lo que fue mi posición y mi acción en QUIMBIOTEC, C.A.”[12].
[12] ORTA, Meyling: [mailto:[email protected]] Enviado el: Viernes, 10 de Agosto de 2015 03:44 p.m. Asunto: RE: Ratificación de Costos para el arranque de Obras en Planta. Este mail fue publicado en la Intranet del IVIC por trabajadores no identificados de Quimbiotec en el marco de las protestas por la paralización de la planta.
Al respecto de esta denuncia, cabe señalar que la Auditoría Interna de Quimbiotec C.A. ni sus máximas autoridades han iniciado un proceso de investigación ni denunciado estos hechos ante la Contraloría General de la República, actitud radicalmente diferente a la que en su oportunidad tuvieron con las dos damas detenidas y arrestadas y con los ex gerentes imputados judicialmente.
Por otra parte, destaca el llamativo silencio que ante la paralización de la empresa desde agosto pasado mantienen las autoridades de la empresa, del IVIC y del Ministerio responsable, sobre esta grave situación que afecta no solo a los trabadores de la planta, sino a miles de pacientes que necesitan los medicamentos elaborados en Quimbiotec C.A. La única opinión conocida es la transmitida por la presidenta de la empresa farmacéutica, Imeria Odreman Núñez quien en una comunicación al ministro Manuel Fernández le explicita: “Existe un escenario que no debemos subestimar, la probabilidad de la paralización parcial o total de la planta de hemoderivados, producto de fallas en los suministros de materias primas y las dificultades de liquidez por la cual atraviesa la empresa, además se le agrega la posibilidad de un aumento en los niveles de conflictividad del personal, el rechazo generalizado a las detenciones y/o investigaciones de la Fiscalía, puede ser considerado como represalias de naturaleza política y no por hechos de simple corrupción. Esta visión, guarda total correspondencia, con lo que los medios de comunicación social, tanto nacional como internacional, mediáticamente han venido promocionando sistemáticamente”[13].
[13] ODREMAN, Ismeria: Punto de Información del 003/15 al Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. 17.08.15. Pág. 5. Publicado en el Servidor de Quimbiotec en una Carpeta de Acceso al Público.
En pocas palabras, la alta gerencia no ha asumido ninguna responsabilidad por las fallas de su gestión; por el contrario, ha responsabilizado de las mismas a los trabajadores y a los medios de comunicación, como no podía ser de otra manera para esta burocracia de nuevo cuño.
Más temprano que tarde, los funcionarios responsables de esta gestión que ha llevado, a partir de fines de 2011, a que Quimbiotec C.A. haya declinado su producción, paralizado o dejado de ejecutar nuevos proyectos, que paulatinamente haya dejado de satisfacer la demanda nacional de hemoderivados, despedido y perseguido a quienes fundaron y lograron posicionar a la empresa como líder en la región, deberán rendir cuentas ante las autoridades competentes, y fundamentalmente ante los miles de pacientes que son los dolientes principales de esta situación.
*Esta investigación forma parte del dossier que será publicado en la revista SIC 781, correspondiente a la edición de enero-febrero de 2016.
