Familiares de José Miguel Herrera Teherán acudieron hoy -en compañía de Provea- a la Defensoría del Pueblo en Caracas, a denunciar la detención arbitraria y la incomunicación desde hace 38 días, a la que ha sido sometido este joven de origen colombiano de 30 años de edad.
Jose Miguel Herrera Teherán fue detenido junto a su hermano Adalberto Herrera Teherán en el urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) ubicado en la urbanización La Paz en Caracas el pasado 31.07.2015, durante la ejecución del Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en ese sector. Según reseñó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en su portal web, en dicha razzia policial participaron más de 1.000 funcionarios, entre policías y militares, y se detuvo a 38 personas de nacionalidad extranjera.
Adalberto Herrera fue trasladado junto a otro aprehendido a la sede del Destacamento 435 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Altamira donde permaneció detenido arbitrariamente durante 28 días, tiempo en el cual no fue presentado ante ninguna autoridad judicial. Mientras que José Miguel fue trasladado el mismo 31.07.2015 a la sede del Sebin ubicada en El Helicoide. Ello, según denuncian sus familiares, obedece a que José Miguel declaró haber prestado servicio militar en su natal Colombia.
El 31.07.2015, al finalizar el OLP en La Paz, el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López hizo referencia a José Miguel Herrera Teherán: “manifiesta haber prestado servicio en el ejercito de Colombia y tener posiblemente una vinculación con nexos paramilitares”. Esta afirmación del Ministro González López bastó -según los familiares de José Miguel- para justificar su prolongada detención e incomunicación arbitrarias. «Lo están acusando de paramilitar por el simple hecho de que prestó servicio militar en Colombia… eso parece motivo suficiente para las autoridades presumir que mi hermano es un delincuente, un paramilitar… no tienen ninguna base para justificar eso», dijo Adalberto Herrera.
Desde que fue detenido, José Miguel no ha sido presentado ante la autoridad judicial, ni ha sido señalado formalmente por su presunta vinculación con delitos. Su madre se enteró que José Miguel está recluido en El Helicoide gracias a una vecina que lo reconoció mientras visitaba a un familiar, desde entonces la señora Teherán ha acudido en reiteradas ocasiones a intentar visitar a su hijo y llevarle comida. Los funcionarios del Sebin le reciben los alimentos, pero no la dejan entrar ni le indican si José Miguel está recluído o no en dicho recinto policial. La madre de José Miguel denunció que incluso el Vice-Consúl de Colombia intentó visitarlo pero le fue negado el acceso a El Helicoide.
Antes de ser beneficiarios de la GMVV, la familia Herrera Teherán residía en el sector Las Casitas de La Vega. Durante la vaguada de 2010 perdieron su vivienda junto a cientos de residentes de la zona. Fueron reubicados en el refugio de la Torre El Chorro en Caracas, lugar en el que permanecieron por 2 años antes de que le fuera adjudicada su actual vivienda en la que ya tienen 3 años de residencia. Fueron censados por el Ejecutivo Nacional al igual que el resto de los beneficiarios de la GMVV, por ello, no se explican cómo ahora uno de sus miembros es acusado de «paramilitar» sin prueba alguna. «Estamos viviendo este drama que nunca pensamos íbamos a vivir».
El Director Ejecutivo y la Consultora Jurídica de la Defensoría del Pueblo se comprometieron a iniciar diligencias ante el Sebin, Ministerio Público y Saime para determinar cuáles son las razones de la detención e incomunicación de José Miguel Herrera Teherán. Entre tanto, con el apoyo de Provea, la familia Teherán seguirá denunciando y ejerciendo acciones ante los órganos de administración de justicia para restituir los derechos que le han sido violados a José Miguel como consecuencia de la práctica xenófoba del OLP. (Prensa Provea, 07.09.2015)
