Se celebró y protestó con la misma intensidad. El pasado 12 de noviembre fueron electos 18 nuevos miembros de los 47 que conforman el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Entre ellos estuvo Venezuela. Para el presidente Hugo Chávez, la elección representó una gran “victoria” y el reconocimiento del mundo a los logros de su gobierno en la materia. Pero varias organizaciones, como Human Rights Fundation, leyeron el acto como un precedente “terrible y lamentable”.   

Más allá de las impresiones, Venezuela en efecto fue escogida para integrar el órgano de mayor  influencia en esta área. Su labor a partir del próximo 1 de enero de 2013, fecha en la que asumirá el cargo, será monitorear, juzgar, recomendar y llamar la atención sobre las denuncias de violaciones a los derechos fundamentales registradas en todo el planeta.

De los 21 compromisos asumidos, 16 apuntan al orden nacional. Tocan áreas como la educación, la profundización de políticas públicas sociales y la lucha contra la discriminación de poblaciones vulnerables, como los pueblos indígenas y personas con discapacidad física

Pero aparte de estos objetivos generales, el Estado venezolano también deberá honrar una lista detallada de compromisos que asumió antes de su elección.   

La mayoría de los países que se postularon al consejo presentaron un documento de “compromisos voluntarios” para respaldar y promocionar su candidatura. Según la resolución 60/251 de la Asamblea General de la ONU, en esta votación se debía evaluar los aportes individuales de los candidatos al sistema de protección de derechos humanos en caso de que resultaran electos.

Se trata de una especie de oferta de campaña, explica Carlos Luverti, presidente en la seccional en Venezuela de Amnistía Internacional: “Son un conjunto de temas que ahora se convierten en una guía de hacia dónde se debe inclinar el trabajo del Estado durante su gestión en el consejo”.

Contradicción diplomática   

El documento fue entregado por el Estado venezolano a la presidencia de la Asamblea General de la ONU el 12 de marzo de 2012. Está firmado por el embajador venezolano ante la ONU, Jorge Varelo, y tiene en total 21 compromisos distribuidos en tres ámbitos: internacional, regional y nacional (ver infografía).

Feliciano Reyna, presidente de Sinergia, una red de organizaciones no gubernamentales venezolanas, cree que algunas de las propuestas formuladas a nivel internacional y regional son contradictorias. Llama la atención especialmente sobre la promesa de cooperar con los mecanismos especiales del consejo.   

Venezuela también detalla que “está abierta al diálogo genuino y constructivo con los relatores especiales, expertos independientes y representantes (del consejo)…”. Pero inmediatamente después coloca como condición que éstos deben actuar “con pleno respeto a la soberanía e independencia de los Estados”.

Reyna recuerda que Venezuela ha rechazado  en los últimos años la visita de varias relatorías para evaluar la situación de los derechos humanos en el país. Según Amnistía Internacional, han sido cinco las solicitudes, entre ellas la requerida  por el Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, y por la Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados.   

Otro aspecto contradictorio, señala Reyna, tiene que ver con su propuesta de contribuir “con las nuevas concepciones de relacionamiento en la región en materia de derechos humanos”. Esto, asegura, está vinculado con la intención del Estado venezolano de retirarse y “sabotear” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Venezuela quiere ser vigilante de los derechos humanos en el mundo, pero evade y ataca las decisiones de los organismos a los que está adscrito”.

Admisión

De los 21 compromisos asumidos, 16 apuntan al orden nacional. Tocan áreas como la educación, la profundización de políticas públicas sociales y la lucha contra la discriminación de poblaciones vulnerables, como los pueblos indígenas y personas con discapacidad física. Pero Marino Alvarado, presidente de Provea, destaca las menciones que realizó el Estado a la libertad de expresión, el acceso a la justicia y la protección a privados de libertad.   

Aunque las referencias aclaran que lo que se busca es “mejorar”, “profundizar”, “reforzar” avances ya alcanzados, Alvarado cree que este es un reconocimiento tácito del gobierno  a aspectos que levantan alta preocupación a nivel internacional. “Al escoger específicamente estos asuntos y no otros, está evidenciando la necesidad de atender situaciones que no están del todo bien”.   

En una carta abierta publicada el pasado 12 de noviembre, justo después de la elección del consejo, Amnistía Internacional celebró que Venezuela adoptara estas proposiciones, pero pidió que se tradujeran en medidas concretas para garantizar, por ejemplo, “que todas las personas en Venezuela tengan acceso a la justicia sin discriminación… y que pueden vivir sin temor a la violencia”.

Alvarado y Reyna coinciden al asegurar que la posibilidad de que estos compromisos se cumplan dependerá de la disposición que tenga el gobierno nacional de dialogar con las ONG del país. Pero también señalan que, ahora que es miembro del consejo, los ojos del mundo estarán más atentos al camino que asuma el Estado venezolano.

Casos  polémicos   

Venezuela formó parte de un grupo de candidatos polémicos en esta última elección del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que figuraban Costa de Marfil, Emiratos Árabes, Etiopía, Gabón, Kazajistán y Pakistán.  Human Rights Fundation, entre otras organizaciones, denunció en los últimos meses que el grupo enfrentaba fuertes cuestionamientos sobre las garantías que sus gobiernos ofrecían a los derechos fundamentales. Por esto, insistió, no estaban calificados para ingresar al consejo. Pero todos, al final, resultaron electos. En otros momentos, países como China, Cuba, Libia, Rusia y Arabia Saudí han integrado el organismo. (Juan Carlo Figueroa, El Tiempo, 26.11.12)

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