El coordinador nacional de la organización no gubernamental Provea, Marino Alvarado, recalcó que el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) pone en los hombros del gobierno nacional una gran responsabilidad que lo obliga a adoptar urgentes iniciativas para resolver importantes problemas del país, como la crisis carcelaria, la inseguridad y las malas prácticas policiales.
“El gobierno, en el marco del Examen Periódico Universal, realizado en octubre de 2011, asumió ante el Consejo de Derechos Humanos un total de 97 compromisos para desarrollar medidas y políticas públicas con el propósito de mejorar la situación de los derechos humanos en el país. A la fecha no ha presentado una propuesta sobre cómo cumplirá tales compromisos”, advirtió.
El activista social precisó que desde el Ejecutivo se debe informar sobre los mecanismos para llevar a cabo la contraloría social de las políticas y medidas a implementar.
“La respuesta no puede ser que ello está incluido en el Plan de la Nación (2013-2019), pues si algo tiene el plan es que se olvidó de los asuntos de derechos humanos”, aseveró.
Diálogo
Alvarado destacó que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas incentiva el diálogo entre los Estados y la sociedad civil, conversaciones que hace tiempo no se producen en Venezuela.
“Aspiramos a que el gobierno revise y rectifique”, añadió; al tiempo que sostuvo que “continuar descalificando a los activistas de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales y persistir en la negativa a no dialogar con organizaciones de reconocida trayectoria y experiencia es contraria al mandato del Consejo”. (Felipe González Roa, El Tiempo, 21.11.12)
