Los derechos humanos y el debido proceso de las personas privadas de libertad es el título que lleva el informe realizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), basado en un estudio a 10 centros penitenciarios del país.
Las cárceles tomadas en cuenta para el análisis fueron: “en Caracas el Internado Judicial La Planta; en los Valles del Tuy las penitenciarías Yare I y II; en Los Teques, el Instituto Nacional de Orientación Femenina y el Internado Judicial Los Teques; en Guarenas y Guatire El Rodeo I y II; en Táchira, la cárcel de Santa Ana y su anexo femenino; en Mérida, el centro penitenciario de la Región Andina”.
El estudio reveló que 11 derechos humanos son vulnerados en su totalidad y entre ellos se encuentran el derecho a la educación, al trabajo, a la libertad de expresión, opinión e información; a la dignidad humana, a la salud, al deporte, derecho a la seguridad personal; libertad de religión y culto, cultura y recreación; derecho a la no discriminación y el derecho al debido proceso y el retardo procesal.
El abogado Emil Niño, investigador y representante de acciones constitucionales del OVP, explicó que la muestra representa prácticamente la situación carcelaria en todos los internados del país y de ello no escapa el estado Bolívar, específicamente Vista Hermosa.
No existe seguridad
Según Niño, está comprobado que los derechos son quebrantados incluso desde el ingreso de los procesados y condenados. La seguridad no es garantizada en ninguno de los casos y prueba de ello fue el reciente motín suscitado en la penitenciaría de la capital bolivarense, que dejó 5 reclusos fallecidos. “Los reos ni siquiera pueden desplazarse dentro de las cárceles, no hay criterio de clasificación en los calabozos”.
Señaló que “los internos no pueden cumplir con muchas de las actividades que deberían estar pautadas para ellos, por ejemplo las educativas o deportivas, porque no cuentan con un espacio adecuado”.
Hizo referencia a la sobrepoblación carcelaria que desencadena en el hacinamiento y la ocupación de espacios que en principio fueron creados con otro objetivo.
Plan de contingencia
En relación a la utilización de comisarías como centros carcelarios, comentó que se debe a las medidas sustitutivas para responder a la falta de espacios en los penales.
Instó al Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia a darle celeridad a los procesos judiciales, a fin de disminuir la población carcelaria.
En el caso de Vista Hermosa, el penal tiene capacidad para albergar máximo 350 internos; no obstante cuenta con 1.100 reos en sus instalaciones, originando así un hacinamiento.
Como solución, el OVP aportó la idea de “clasificar la población de reclusos”, construyendo dos nuevas penitenciarías: una para personas procesadas, otra para condenados, y que estén ubicadas en Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, respectivamente.
Más presupuesto
Exaltó que gran parte de la crisis en las cárceles venezolanas es por la falta de un presupuesto acorde para suplir las necesidades de éstas. “En lugar de quedarnos observando el problema, hay que plantear soluciones”, declaró.
Sugirió que además de la inyección de dinero o capital para mejorar el estado de las correccionales, “es importante implementar mesas técnicas para evaluar la situación y lo concerniente a beneficios o derechos procesales de los internos”.
El representante del OVP concluyó que el problema carcelario no compete exclusivamente al Ejecutivo nacional, “es de todas las organizaciones del Poder Público que tienen incidencia directa en éste, por ello se vuelve imprescindible realizar mesas de trabajo, en las que se coordinen los entes competentes en la materia, para hallar el camino hacia la solución de tal crisis”. (CorreodelCaroní; 05.11.2010)
