El asesinato de Mónica Spear, ex miss Venezuela y actriz, y de su esposo Thomas Berry en los primeros días de 2014, evidenció aún más ante el mundo la violencia social que enluta al pueblo venezolano.
El Estado ha sido incapaz de resolver los problemas de seguridad ciudadana y su actitud ha sido más de negar su verdadera dimensión al tiempo que retrocede en los avances logrados con la implementación del nuevo modelo policial impulsado desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
Pocos horas después del crimen fue anunciado el despido de la defensora de derechos humanos Soraya El Achkar de su cargo como rectora de la UNES y en su lugar fue nombrado un militar retirado.
Ya desde 2013 el presidente Maduro había ordenado el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en desarrollo del Plan Patria Segura. Esta tendencia a militarizar las políticas de seguridad ciudadana tiende a consolidarse y permanecer a pesar de los riesgos que ella representa como lo ha evidenciado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su último informe regional sobre desarrollo humano (Página 134 de la fuente).
El gobierno nacional sigue manejando con poca transparencia la información sobre víctimas de la violencia e insiste en no incluir dentro de las cifras de homicidios a las personas muertas durante supuestos enfrentamientos con las autoridades y que son catalogadas como muertes por “resistencia a la autoridad”.
De acuerdo a los datos recopilados por Provea entre 1990 y 2012, 29.322 personas muertas no fueron incluidas en las cifras de homicidios sino que fueron presentadas como muertas tras oponer resistencia a las autoridades.
En los niveles actuales de violencia y según las cifras oficiales, esas 29.322 muertes representarían un número cercano a la sumatoria de los homicidios ocurridos en todo el país entre 2011 y 2012. Lo más grave es que las cifras anuales sobre muertos por hacer resistencia a la autoridad, durante cada uno de estos dos últimos años son superiores en más de 10 veces a las cifras de 1990.
Ello ilustra una tendencia ascendente que se contradice claramente con la implementación del nuevo modelo policial impulsado a partir de los trabajos de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL).
Por otra parte, el seguimiento de una muestra de casos realizado por el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y por Provea, haciendo la relación de casos reportados por medios de comunicación en los que morían agentes de los cuerpos de seguridad y civiles durante enfrentamientos, mostraba, durante el periodo 2001 a 2009, que las posibilidades de morir eran de 6,2% si se era policía y de 93,8% si se trataba de civiles.
Sobre este fenómeno, las fuentes consultadas en 2009 por la CONAREPOL mostraban una alta tasa de agresiones a manos de la policía y de episodios que terminaban mayoritariamente en ejecuciones extrajudiciales y que “la desproporción entre bajas policiales y civiles indicaría un alto nivel de letalidad de la actividad policial, al tiempo que permitiría suponer el encubrimiento de ejecuciones bajo esta figura” (página 211 de la fuente).
Esta última afirmación aparece en el informe anual de la Defensoría del Pueblo de 2009. Pese a la evidente gravedad en el incremento de muertes por resistencia a la autoridad, al revisar los informes anuales de la Defensoría del Pueblo desde 2010, es evidente que estas violaciones a los derechos humanos no han merecido la atención de esa institución.
Sus informes no se refieren a ese tipo de víctimas, no visibilizan ese accionar policial y tampoco informan sobre cuántos casos con ese patrón han sido transmitidos a la Fiscalía General para que ésta investigue penalmente posibles ejecuciones sumarias, de acuerdo a las facultades establecidas en el artículo 281, párrafo 4, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Cada día la sociedad venezolana es informada por los medios de comunicación, sin verificaciones adicionales, sobre las versiones oficiales que justifican esos crímenes y que no difieren de lo constatado por la Defensoría del Pueblo en 2002: “(p)or lo general, la versión oficial ofrecida por los cuerpos policiales refiere la supuesta muerte del presunto delincuente por enfrentamiento. En algunos casos se arguye la existencia real o creada de antecedentes policiales, como si tal hecho justificase el ajusticiamiento. En algunos casos se alega haber confundido a la víctima con un presunto delincuente, o que la misma no haya atendido a la “voz de alto” (página 22 de la fuente).
La reforma al modelo policial que se impulsó desde la década pasada está seriamente comprometida por los crímenes que se están justificando como resistencia a la autoridad. Son demasiadas víctimas, va en incremento y los responsables no son llevados ante la justicia sino que continúan ostentando las armas y la autoridad de Estado. Las instituciones del Estado prefieren cerrar los ojos y la sociedad corre el riesgo de habituarse y hasta avalar esas actuaciones criminales.
Publicado en la 9na Edición del Boletín Internacional de Derechos Humanos de Provea, enero 2014
