¿Cuándo se monta en una camioneta de pasajeros, tiene plena confianza en que no será víctima del hampa? ¿Desde cuando no sale en las noches por el temor que le genera ser objeto de la delincuencia? ¿Cuántas veces lo han atracado? ¿Ya forma parte de la lista de quienes le han robado un Blackberry o un celular de última generación? ¿Sus hijos están seguros en la calle?
El informe dado a conocer esta semana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la situación que actualmente atraviesa el país, responde las anteriores preguntas en una sola aseveración: “Venezuela no garantiza la seguridad de sus ciudadanos”.
Las trescientas páginas del informe dedicadas al país por el ente internacional han recibido una de las respuestas preferidas del Gobierno: El insulto escatológico… ¿y dónde queda “la batalla de las ideas” para rebatir a la CIDH? No se sabe, pero lo que sí es seguro es que en Miraflores, no es.
¿Acaso es falso que todos los días asesinan a un preso en las cárceles venezolanas? ¿Es “un invento del Imperio” que protestas han sido reprimidas con excesos y “gas del bueno”?
Todos esos aspectos los trata el informe de la CIDH, el cual suscribe plenamente Provea, una de las organizaciones no gubernamentales que se especializa en la promoción y defensa de los derechos humanos en el país. Su coordinador, Marino Alvarado, estima que en vez del “previsible” insulto, “si el Gobierno actuara con inteligencia, hubiese aprovechado esa coyuntura para convocar a todos los poderes del Estado y a todos los sectores de la sociedad, para generar un debate serio sobre el fondo de ese documento… Ese sería el primer paso que daría un gobierno serio”.
Descalificación: Política de Estado
-Siendo abogados de diablo, políticamente puede entenderse que un Gobierno que presuntamente es revolucionario y que dice amar a la humanidad, rechace el informe de la CIDH. No obstante, aún no deja de sorprender y desencajar que poderes “autónomos” reaccionen como instancias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)…
-También era previsible lo que pudieran decir la titular de la Defensoría del Pueblo –Gabriela Ramírez-, así como cualquiera de las otras representantes del resto de los poderes… El problema aquí es que la descalificación a la CIDH se ha convertido en una política de Estado. La Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República han unido sus voces en tres puntos:
1. Desconocer recomendaciones y sentencias del sistema internacional de derechos humanos;
2. Descalificar la labor de los organismos internacionales; y
3. Plantearle a la población venezolana algo que no es cierto, y es que supuestamente existe una intromisión en la soberanía de nuestro país cuando estos organismos internacionales se pronuncian.
-Provea suscribe plenamente el informe de la CIDH…
-Totalmente. El informe de la CIDH refleja lo que nosotros previamente hemos sostenido, que en Venezuela se restringe cada vez más el derecho a exigir derechos.
También sostenemos que hay restricciones a la manifestación de personas que reclaman su derecho a la salud, al trabajo o la vivienda. Hay una creciente criminalización de la protesta y por el otro lado existe una permanente descalificación de la crítica.
Sí hay esperanza
-Lo que dice el informe de la CIDH, lo vivimos todos los días: El Gobierno levanta juicios políticos contra disidentes; los policías ajustician y atropellan a la gente en los barrios; y el hampa desbordada acorrala a la ciudadanía con la más absoluta impunidad… ¿Para Provea existen razones objetivas para ser optimistas? ¿Existe algo qué hacer en medio de este maremágnun?
-La situación es bastante difícil en muchas áreas, especialmente en materia de seguridad. Estimo que la única manera de avanzar en ese tema es que el Gobierno convoque a un gran diálogo nacional. El problema ha llegado a tales niveles que el Gobierno no podrá solucionarlo sin coordinar con los estados, los municipios, la sociedad civil y los empresarios. La salida tampoco es represiva, aquí el escenario es garantizar mayor seguridad garantizando más derechos, ese debe ser el lema para combatir la seguridad. Además, hay que corregir esas tesis sociológicas que sostienen que “a mayor pobreza mayor delincuencia”, lo que es rotundamente falso. De ser así, en este Gobierno hubiese bajado la criminalidad, porque algo que siempre ha reconocido Provea es que en la gestión del presidente Chávez ha bajado el índice de pobreza de manera significativa… quizá en materia de derechos humanos este ha sido uno de los avances más importantes del Gobierno.
-¿Si la pobreza no es la causa del desborde del hampa, a qué atribuye Provea la situación actual?
-Está más vinculada a la descomposición de los cuerpos de seguridad de seguridad del Estado, lo que impide combatir de manera efectiva el delito. No obstante, hay que reconocer que desde hace cuatro años el Gobierno ha hecho un esfuerzo en reestructurar los cuerpos policiales. De hecho, lo que se está haciendo con la Policía Nacional es un esfuerzo que debe apoyarse porque se están dando pasos firmes para transformar las policías venezolanas. Sin embargo, mi mensaje a la población es a no perder la esperanza, pienso que la gente ha sido pasiva ante el tema de la inseguridad. Debe existir una movilización social importante en las calles, de magnitud nacional, para presionar y exigirle al Gobierno mayor seguridad… este tema prácticamente se le ha dejado a los choferes de transporte público, quienes son los únicos que salen a protestar contra el hampa.
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