El 27 de mayo de 2015, representantes de las organizaciones venezolanas de derechos humanos Provea y Espacio Público presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la interceptación ilegal de sus comunicaciones privadas por parte del Gobierno venezolano.
El Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) fue fundado en 1998 para la promoción y protección de derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela. Espacio Público es una organización no-gubernamental que lucha en defensa de los derechos humanos, en particular sobre la promoción de la libertad de expresión y el derecho a la información.
La denuncia fue presentada por el coordinador de Provea Sr Rafael Uzcátegui y el director de Espacio Público Sr Carlos Correa, en respuesta a unas declaraciones públicas realizadas por el Sr Diosdado Cabello,presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en su programa de televisión. Las declaraciones, que fueron difundidas el 13 de mayo de 2015, relataron detalles explícitos sobre viajes que habían sido planificados por dichas organizaciones en abril, para un encuentro con otras organizaciones latinoamericanas de derechos humanos en Chile y Perú. Parte de esta información sobre los itinerarios de viaje y las reuniones programadas con organizaciones no-gubernamentales había sido publicada. Sin embargo, un encuentro entre representantes de Provea y Espacio Público y el Sr. Marino Alvarado, quien actualmente se encuentra ubicado en Brazil, solamente habría podido ser descubierto a través de vigilancia ilegal. Las organizaciones habían estado en contacto con Marino Alvarado únicamente por medios digitales, lo que señala el monitoreo de sus comunicaciones en línea.
Provea y Espacio Público se encuentran entre muchas otras organizaciones de la sociedad civil quienes se han enfrentado a hostigamiento gubernamental a través del sistema nacional de medios públicos y en particular a través del programa semanal de Diosdado Cabello ‘Con el Mazo Dando’. El intento de criminalizar y desacreditar el trabajo de las organizaciones ha ido aumentado, así como el acoso de sus integrantes. El 22 de marzo de 2015 Rafael Uzcátegui fue seguido a su llegada al aeropuerto internacional Simón Bolivar en Maiquetía
Las organizaciones de derechos humanos han formalizado su denuncia en base al artículo 48 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas y que prohibe la violación del mismo derecho salvo en virtud de una orden judicial adoptada de conformidad con la ley.
Front Line Defenders expresa su profunda preocupación ante la interceptación ilegal de las comunicaciones privadas de Provea y Espacio Público, la cual denota un intento directo de restringir su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos.
Front Line Defenders insta a las autoridades venezolanas a que:
1. Tomen todas las medidas necesarias para asegurar que miembros del gobierno u otras personas respeten la inviolabilidad de las comunicaciones privadas de personas individuales y ONGs, en particular de los defensores y las defensoras de derechos humanos y organizaciones que trabajan legítimamente en defensa de derechos humanos.
2. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las personas que están involucradas en el monitoreo ilegal de correspondencias privadas con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
3. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela, en el desarrollo de sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.
