José David González, coordinador de Comité de Derechos Humanos de la Guajira, informó que el pasado 29 de agosto una comisión del ejército en el estado Zulia comandada por el Mayor Rojas y un teniente de apellido Arcay pertenecientes al sector El Tigre, parroquia Elías Sánchez Rubio de la Guajira fueron en búsqueda de unos supuestos bachaqueros y un dinero por lo que entraron a una vivienda de forma violenta hiriendo a una señora de 57 y causándoles heridas graves a su hijo mayor y otros miembros de su familia, por lo que se considera un caso de tortura, organizaciones que velan por los derechos de los pueblos indígenas, acudieron al sitio de los hechos para verificar esta denuncia, se tomaron fotografías y entrevistaron algunos testigos.
El día de hoy procedieron a realizar la denuncia ante el Ministerio Público y la Fiscalía Superior del estado Zulia, el caso quedó en manos de la Fiscalía 45 de los Derechos Fundamentales, asimismo se interpuso la denuncia ante la Defensoría del Pueblo. En la medicatura forense de esa localidad se procederá a realizar las experticias forenses necesarias a cada una de las 5 víctimas, tres mujeres, dos de ellas menores de edad.
González también indicó que próximamente se trasladará a Caracas, para reunirse en la Secretaría de la República para plantear el caso. Indica que quieren exponer la realidad que viven los pueblos Wayúu. Hace un llamado a la autoridades para que eviten politizar los casos y solicita que los hechos sean investigados con profundidad. Apoya la lucha contra el contrabando iniciada por el Gobierno nacional, pero no pueden aceptar que los pueblos indígenas sean atropellados por los efectivos militares, porque a su juicio los constantes abusos pareciera que obedecen a una «discriminación racial». En lo sucesivo se van a reunir diversas organizaciones sociales, indígenas y consejos comunales de la Guajira para pronunciarse en contra de esos abusos. Sostiene que en las etnias Wayúu existen personas profesionales y trabajadoras que no todos son partícipes del flagelo del contrabando. Considera que ya son varios casos en las que grupos indígenas han sido víctimas de la violencia por parte de estos funcionarios. (Prensa Provea).
