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El pasado 23 de julio el Ministerio Público informó sobre la medida privativa de libertad dictada por el Tribunal 7º de Control del estado Carabobo, a los funcionarios de la policía de la referida entidad Juan Carlos Bonilla Ascanio, Andi José Brea Alvarado y Humberto Israel Contin Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el asesinato de los ciudadanos Efraín Alexis Figueroa Sumoza (55) y de su sobrino Guiornathan Alexis Mirelis Figueroa (31). Estos ciudadanos fueron asesinados el pasado 23 de octubre de 2015, en el sector El Samán de la población de Guacara en el estado Carabobo, en el marco de la realización del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP).

El Ministerio Público informó que en la audiencia de presentación, los Fiscales 39º Nacional y 28º del estado Carabobo, Adriana Valdez y José Antonio López, respectivamente, imputaron al oficial Bonilla Ascanio, al supervisor agregado Brea Alvarado y al oficial agregado Contin Rodríguez por los delitos de homicidio calificado con alevosía y uso indebido de arma orgánica. El Tribunal de Control ordenó la privativa de libertad y la reclusión de los tres funcionarios en la comandancia general de la policía regional.

Según las evidencias presentadas por el MP en la audiencia, el 23 de octubre en horas de la madrugada una comisión policial se presentó en la vivienda de Figueroa Sumoza y requirió la presencia de Mirelis Figueroa. Sin embargo, los funcionarios se marcharon debido a que no localizaron al sobrino del ciudadano. «Minutos después los efectivos encontraron a Mirelis Figueroa en las adyacencias del lugar y le dispararon. Posteriormente, regresaron a la residencia de Figueroa Sumoza y llevaron a su cónyuge e hija al patio; mientras que a este lo trasladaron a una de las habitaciones desde donde se escuchó un disparo», informó el MP en nota de prensa difundida el pasado sábado. «El Ministerio Público inició la investigación del hecho y, tras la práctica de diversas diligencias y experticias por parte de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, se solicitaron las órdenes de aprehensión para Bonilla Ascanio, Brea Alvarado y Contin Rodríguez, las cuales fueron acordadas por la citada instancia judicial. Los hombres fueron detenidos el pasado lunes 18 de julio, cuando se encontraban en su comando en Guacara», añade la comunicación.

Desde Provea saludamos la actuación del Ministerio Público en este caso y afirmamos que el resultado de esta investigación confirma las reiteradas denuncias realizadas por familiares de víctimas, ONG y activistas de derechos humanos, sobre la existencia de un elevado número de ejecuciones policiales en el marco del OLP. Estos y otros abusos han sido alentados por funcionarios gubernamentales, quienes han intentado favorecer la impunidad justificando el uso desproporcionado de la fuerza y presentando ante la opinión pública, información falsa sobre el resultado de los operativos.

El 23.10.2015, el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, informó que durante el despliegue del OLP en Guacara el ciudadano Alexis Mirelis Figueroa, había resultado asesinado luego de «enfrentarse» a tiros con una comisión de la Policía del estado Carabobo. Ameliach dijo: “Este ciudadano portaba un revolver 38 marca Taurus, con el cual hizo frente a la comisión y que fue recuperado en el sitio [sic]. Seguiremos firmes en la defensa de nuestro pueblo, para defender sus derechos humanos y preservar la paz de nuestro pueblo, liberándolo del hampa y erradicando prácticas de criminalidad importadas como el paramilitarismo”. Sobre el ciudadano Efraín Alexis Figueroa Sumoza, el gobernador no hizo referencia alguna en su declaración.

El 24.10.2015 los familiares de Figueroa Sumoza denunciaron que este ciudadano había sido ejecutado por funcionarios de PoliCarabobo. Los denunciantes afirmaron que la víctima era un líder comunal, defensor de derechos humanos y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y que había sido atacado en su vivienda por los agentes de la fuerza pública que actuaron en el operativo realizado en el sector El Saman. “Un funcionario se le acercó y le disparó a quemaropa. Después que cayó al piso lo arrastró por los pies y varios funcionarios de los cuerpos de seguridad lo subieron a la patrulla mientras él gritaba clamando por su vida”, declaró a El Nacional Ana Vitriago, familiar de la víctima, quien añadió que inicialmente Figueroa Sumoza había sido herido en el abdomen y al ingresar sin signos vitales al hospital de Guacara, presentaba una herida por arma de fuego en la cabeza. Según declararon los testigos del hecho, Figueroa Sumoza habría reclamado a los funcionarios policiales por los atropellos cometidos contra los habitantes de la comunidad.

Provea exige el inicio de una investigación contra el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, por intentar encubrir la presunta ejecución policial de los ciudadanos Efraín Alexis Figueroa Sumoza (55) y de su sobrino Guiornathan Alexis Mirelis Figueroa (31), al presentar información falsa a la opinión pública y al intentar justificar su asesinato señalando que una de las víctimas había sostenido un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad, hecho desmentido en las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público y constatado por el Tribunal 7º de Control del estado Carabobo que ordenó la privación de libertad de los policías involucrados en los hechos.

Provea recuerda que entre 1990 y 2015, 4.618 personas fueron asesinadas por agentes de la fuerza en el marco de actuaciones calificadas como violaciones al derecho a la vida, en buena parte de los casos se trató de ejecuciones policiales denunciadas por los familiares de las víctimas y presentadas por las autoridades como «muertes por enfrentamientos». La Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) señaló en 2006 que uno de los principales indicadores de la letalidad policial era la desproporción entre bajas civiles y policiales en el contexto de los supuestos «enfrentamientos». La CONAREPOL advirtió que en la mayoría de los casos donde se reportan fallecidos y lesionados del lado de los ciudadanos pero ninguno en las fuerzas de seguridad, permitía suponer “el encubrimiento de ejecuciones bajo la figura de los enfrentamientos”. Durante el OLP, Provea ha registrado la muerte de un funcionario policial y cinco heridos en más de 200 operativos en los que se han reportado enfrentamientos entre agentes de la ley y presuntos delincuentes. En contraste, más de 450 personas han sido asesinadas en el marco de estos operativos desde el pasado 13 de julio de 2015. La mayoría de las muertes ocurridas durante la ejecución del OLP se han producido en circunstancias aún no aclaradas por las autoridades y en medio de muchas denuncias de familiares y testigos, sobre presuntas ejecuciones policiales y uso excesivo de la fuerza. Además, todas las muertes ocurridas en el OLP han sido presentadas ante la opinión pública como muertes por enfrentamiento o resistencia a la autoridad. (Prensa Provea)

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