Ante los diferentes casos de delitos violentos ocurridos en los últimos días que han conmocionado a la opinión pública nacional, que incluye el arrollamiento de dos funcionarios policiales en el estado
Táchira, en opinión del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) la situación de impunidad estructural estimula el aumento de la violencia en el país.
Hablamos de impunidad estructural cuando el irregular funcionamiento de los diferentes componentes del sistema de administración de justicia garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos. De esta manera se generan condiciones favorables para conductas antisociales de todo tipo, las cuales no serán sancionadas según el marco normativo vigente, debilitándose el estado de derecho y el acceso a la justicia. Esta situación afecta especialmente a los sectores en situación de vulnerabilidad.
El preocupante aumento de los casos de linchamientos es un indicador de la descomposición del sistema de administración de justicia, al ser una respuesta desesperada e irracional de la ciudadanía ante la no
sanción a quienes hayan cometido delitos. En opinión de Rafael Uzcátegui, Coodinador General de Provea, “en Venezuela el único comportamiento que se castiga es la deslealtad política. Ante la falta de oportunidades, lamentablemente se ha normalizado que la informalidad, el delito y la corrupción son los mecanismos de ascenso social para los ciudadanos del país”. Según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia seis de cada diez delitos no son denunciados a las autoridades, lo cual demuestra la falta de confianza de la población en las instituciones.
Además de las irregularidades presentes en el sistema de administración de justicia, para Provea la situación de hacinamiento, retardo procesal y control por parte de los denominados “líderes negativos”, o “pranes”, ocasiona que los centros penitenciarios del país lejos de ser recintos de rehabilitación se hayan convertidos en vectores de delincuencia. La tolerancia gubernamental con las organizaciones delictivas, a quienes se les ha cedido el control de diferentes cárceles en el país, en un modelo que intentó repetirse con las llamadas “zonas de paz”, ha sido una situación que ha debilitado las garantías del derecho a la justicia.
Otro elemento destacado por Provea en el agudizamiento de las situaciones de violencia es el relativo a la militarización de la seguridad ciudadana, una visión no democrática de las políticas de orden público, expresadas en el denominado “Operativo de Liberación del Pueblo” (OLP). Al promover un combate a la delincuencia en términos bélicos, que implican el exterminio del contrario y no la justicia, se ha aumentado la espiral de violencia al generar una respuesta similar por parte de las bandas. Además, la tolerancia oficial hacia diferentes “pranes” sugiere que la OLP no es un combate a la delincuencia en general, sino focalizado contra algunos de sus integrantes. Provea insiste que la experiencia latinoamericana ha
demostrado que las políticas de “mano dura” son insuficientes para reducir la comisión de delitos, generando además graves violaciones a los derechos humanos.
Para Provea mientras se mantengan el anómalo funcionamiento del sistema de administración de justicia y continúen las actuales condiciones de los recintos penitenciarios del país, es muy difícil revertir la grave situación de violencia e inseguridad en Venezuela.
En cambio, hay que avanzar en el diseño e implementación de políticas públicas integrales en materia de seguridad ciudadana que desarrollen acciones y planes en lo operativo, normativo y preventivo. Políticas
que además, como lo sugiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), deben ser sustentables al contar con el consenso necesario de los diferentes actores públicos y sociales y, por último,
sometidas a mecanismos de evaluación y rendición de cuentas permanentes, en un escenario de acceso a la información sobre sus resultados y amplia participación ciudadana, generando con ello mecanismos de control interno y externo para enfrentar tanto la impunidad como la corrupción.
