A propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Provea, Laboratorio de Paz y Grupo de Trabajo sobre Asuntos indígenas de la Universidad de los Andes, realizaron el foro «Gobierno no puede promover proyectos de minería sin realizar procesos de consulta previa con las comunidades indígenas», para denunciar las consecuencias negativas que podría generar la política minera y energética asumidas por el gobierno venezolano, así como el proceso de militarización que vive la Guajira desde el 2010.
El evento se desarrolló alrededor de los voceros indígenas José David Gónzález, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, y Maryaleno Cortés miembro de la organización Kuyujani quienes dieron testimonio de la situación actual de los pueblos originarios. Además de estas necesarias voces, se presentó el documental «Extractivismo en Venezuela: las venas siguen abiertas», para dar cuenta de la gravedad del decreto de la Zona del Arco Minero del Orinoco, y el Informe sobre Consulta Previa, para exponer las razones humanas, jurídicas y ambientales que sustentan esta exigencia.
“El pueblo Wayúu no ha sido libre en su propio territorio”
En el caso de la Guajira, José David González denunció cómo el proceso de militarización comenzado en 2010, ha venido entorpeciendo y en muchos casos segando la vida de los miembros de las comunidades indígenas. “Hemos registrado 20 asesinatos, 46 heridos, 19 torturados, 700 retenciones arbitrarias, y más de 700 casas allanadas”. Asimismo, el activista expuso que se han venido haciendo denuncias constantes para desmentir la vocería oficial que ha tenido la intención de posicionar a los grupos indígenas como “guerrilleros” o «contrabandistas». También denunció el uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones pacíficas, y el “indignante rol” del Ministerio Público frente a las violaciones de DDHH.
En materia de alimentación, González expuso que se han incrementado denuncias y peticiones ante la falta de alimentos. “Hay deficiencia en la distribución del programa de alimentación de Mercal casa a casa; hemos registrado 12 casos de desnutrición entre niños y adultos, así como dos niños fallecidos por esta causa”, especificó.
“La salud de la Guajira se encuentra en terapia intensiva”, sentenció el activista: el hospital Binacional José Leonardo Fernández lleva más de 8 años con una obra paralizada donde se invirtieroon 280 millones de bolívares; los hospitales de la Guajira no tienen ambulancias, no hay insumos médicos constantes; el CDI de Paraguaipoa tiene 2 años en condiciones precarias, entre otros males.
González también manifestó la preocupación por el deterioro de la educación en la Guajira. “Existen 96 escuelas, 13 liceos, 35 escuelas bolivarianas, a los cuales asisten 25 mil estudiantes. Cuarenta y tres de estas escuelas están inconclusas y aún esperan recursos para ser culminadas”.
La situación de la Guajira es conocida por el gobernador Arias Cárdenas, según dijo el vocero. Además, manifestó que el gobierno creó una comisión de alto nivel encabezada por Elias Jaua pero siguen sin atenderse las demandas de las poblaciones indígenas.
En relación con la política minera y energética, González fue contundente: “Los pueblos indígenas de Venezuela exigimos la demarcación inmediata de los territorios indígenas así como la consulta previa”. También anunció que “la explotación del carbón es signo de muerte para los pueblos indígenas”.
En suma, una expresión de González resumió toda la crisis que está viviendo nuestra Guajira: “El pueblo Wayúu no ha sido libre en su propio territorio”.
“Exigimos el respeto a nuestras vidas.”
Maryaleno Cortés miembro de la organización Kuyujani reiteró la necesidad de buscar alternativas para validar los esfuerzos de los pueblos indígenas. “Más allá de hacer denuncias entre todas las organizaciones, hay que buscar nuevos métodos y apostar por el diálogo constante. Todo está amparado por la Constitución”.
Concluyó reiterando la importancia de la demarcación del territorio por las amenazas que implican las operaciones mineras en la región. “Exigimos el respeto a nuestras vidas”, precisó.
Documental «Extractivismo en Venezuela: las venas siguen abiertas»
Luego de las urgentes declaraciones de los voceros de Zulia y Bolívar, se presentó el documental “Extractivismo en Venezuela: las venas siguen abiertas”, donde se expone el costo ambiental y humano de la creación de la Zona del Arco Minero del Orinoco, y además se ponen de manifiesto las grandes contradicciones del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en relación con este tema. No existe la explotación minera con visión ecosocialista.
El Derecho a la consulta previa, libre e informada
Para concluir con la actividad, la presentación del Informe sobre Consulta Previa, estuvo a cargo de la profesora Belkys Rojas, representante del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas ULA.
Rojas expresó que el informe está integrado por tres capítulos: uno referido al ámbito universal de la Consulta de Pueblos Indígenas, otro al Interamericano (instrumentos legales) que amparan a las comunidades, y uno final sobre el Estado Derecho de los Pueblos indígenas en Venezuela. De igual forma, la investigadora explicó que “el proyecto se enfoca en la demarcación territorial y reitera el valor de la autonomía de los pueblos indígenas”.
La consulta previa, libre e informada no solo está señalada en la Constitución y en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, sino también en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT), enmarcado en el Sistema Universal de Naciones Unidas.
