La Comisión Internacional de Juristas publicó un informe titulado “Venezuela: el ocaso del Estado de Derecho”, donde expresa su preocupación por la significativa degradación de los derechos humanos y la independencia del Poder Judicial en el país.
El reporte advierte que desde el 2014 ha existido un acelerado, serio y sistemático ataque a la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y una severa erosión del Estado de Derecho.
“Hay una clara desconexión entre lo que expresa la Constitución y las obligaciones internacionales asumidas por la República y lo que se viene desarrollando en la practica”, dijo Alejandro Salinas el autor del reporte.
“Está de por sí grave situación se ha agravado por el hecho de que el gobierno cedió parte de su soberanía y autoridad a las organizaciones criminales a través de acuerdos denominados “zonas de paz”, añadió.
Como resultado, se observa una escalada de ataques contra defensores de derechos humanos y cualquier forma de oposición social o política, señaló la ICJ (siglas en inglés).
Sin duda, hay una severa y persistente crisis de derechos humanos, democracia y estado de derecho en Venezuela. La comunidad internacional tiene el deber urgente de atender la situación en consonancia con las leyes internacionales”, dijo Wilder Tayler, secretario general de la ICJ.
Además, la ICJ expresó preocupación por el estado de excepción declarado en 23 municipios desde agosto de 2015. Los ciudadanos en esos municipios han estado sometidos a ilegales e injustificadas restricciones a algunos de sus derechos garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La ICJ en su reporte también registró la arbitraria medida tomada contra ciudadanos colombianos, incluidos niños, quienes han sido sujetos de deportación, así como injustificadas restricciones de derechos como la libertad de reunión y la manifestación pacifica a víspera de unas elecciones parlamentarias programadas para el 6 de diciembre.
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