La crisis económica que ha irrumpido de manera dramática en los últimos años ha precarizado la vida de la gran mayoría de los venezolanos, deteriorando nuestros derechos humanos hasta extremos hace poco impensables. El crecimiento de problemas sociales y el aumento de la corrupción están minando las estructuras del Estado de una burocracia sin ética, provocando que se pierda un principio fundamental para toda nación como lo es la moral política.
Mientras que en el ambiente legislativo y político de nuestro país no se ha comprendido que son tiempos en los que se debe entender una sociedad que clama por políticos honestos, leyes que se cumplan, instituciones comprometidas con su objeto y, por supuesto, ciudadanos a la altura del compromiso en la resolución de una grave crisis socioeconómica.
Crisis que tuvo inicios en una crisis moral en toda la estructura de gobierno, que se diseminó al resto de la sociedad constituyendo una violencia que desde la investigación para la paz reconocemos como violencia estructural, dado el sufrimiento, extorsión, soborno y muertes que de un modo u otro acaba produciendo.
Precisamente, sobre esta situación de crisis socioeconómica, sobre el impacto y sus efectos en la vida de las personas a través del deterioro producido en sus derechos humanos, mostramos una visión general sobre los rasgos, actores y escenarios de la crisis; nuestro análisis sobre dicho impacto en todas las personas sin distinción; señalamos aumento del miedo a no tener asegurado alimentos y productos básicos, conflictos por viviendas, la educación, la salud, miedo a la delincuencia y a la propia instancias creadas para garantizar la seguridad. Lo que no es nuevo en nuestro país pero que, cada día va en aumento en formas corruptas de actuar a la vista de cualquier habitante de este país.
La precariedad en la vida de los venezolanos, no puede ser vista como algo que puede ser controlado con discursos cargados de confrontación o creando instituciones no ajustadas para atender los tiempos caóticos, haciendo cambios de gabinete de baja experiencia y mínimo liderazgo. Por el contrario, se deben encender las alertas sobre la deriva del orden social que está favoreciendo el clima de turbulencia y controles excesivos, lo cual acelera las bajas condiciones de vida de los venezolanos, y no es extraño que haya crecido la desconfianza de los ciudadanos ante las instituciones, movimientos sociales y partidos políticos, siendo el momento actual marcado por una profunda crisis de gobernabilidad, mientras la pobreza y la miseria, el bajo poder adquisitivo amenaza el avance en materia de derechos económicos y sociales.
El irrespeto a la Asamblea Nacional electa por el voto popular también sufre amenazas a los derechos civiles y políticos. A pesar de la dimensión de los derechos humanos que envuelve la crisis, la respuesta del gobierno ha fracasado al no tener en cuenta una verdadera propuesta en Derechos Humanos.
Desde el Centro para la paz y los Derechos Humanos, exhortamos para asegurar que todos nuestros derechos no sean devaluados al igual que ha sido devaluada nuestra moneda con gigantesca aceleración. Instamos a los políticos y dirigentes de este país a reunirse para definir lo que se puede hacer ante la crisis. Apelamos a los dirigentes políticos como responsables que asuman el compromiso de respetar, proteger y sobre manera garantizar todos los derechos humanos, desde lo más fundamental como la vida hasta los civiles, políticos y económicos donde se gestan nuestras libertades en formas democráticas, así como en todas sus respuestas inmediatas a la crisis como en sus decisiones a largo plazo sobre políticas de gobernabilidad económica porque no son tiempos de improvisaciones y en su defecto de buena voluntad, que puedan más bien profundizar la grave crisis que amenaza los derechos humanos y a la cultura de paz.
