En la presentación de su Memoria y Cuenta a la AN el Defensor del Pueblo ignoró completamente los cuestionamientos a los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), y el informe presentado unas horas antes por PROVEA en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Provea ha entregado a la Defensoría del Pueblo tres informes sobre violaciones de derechos en el marco de la implementación de la OLP y propiciado tres reuniones en las que el propio Defensor y su equipo se ha reunido con víctimas de estos operativos. Además, la cantidad de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales asociados a la implementación de esta política de seguridad ciudadana son razón suficiente para que este tema no fuera ignorado por el Defensor. En el informe presentado ante la CIDH esta misma semana por Provea y Human Rigth Watch se cuantifican 254 personas murieron en el marco de la llamada OLP en seis meses de implementación de este operativo.
El Informe del Observatorio Venezolano de violencia (OVV)2015, dice que el 95% de los casos de resistencia a la autoridad han resultado en muerte en el año 2015 en nuestro País.
Valoramos el esfuerzo por hacer y demostrar mas proactividad en sus funciones y en el incremento de actos de Defensoría, pero hubiera sido necesaria una cualificación de los principales asuntos en materia de derechos humanos y sociales en la presentación del Defensor, desagregar las cifras por incidencia de casos basándose en tendencias mostradas por sus propia experiencia operativa en este período, sobre todo si de las 13.668 denuncias en materia de derechos humanos, el 53% se refería a la atención a derechos civiles y 23% derechos sociales.
¿Estos casos de derechos civiles son todos aislados o hay algún patrón de clasificación política que nos ayude a valorar y buscar soluciones?. Para PROVEA el modelo represivo de seguridad es fundamental en el fracaso de las políticas de seguridad ciudadana y el causante de graves violaciones de derechos humanos y sociales.
Es necesaria un evaluación con las organizaciones sociales y con las instituciones del área social, que nos permita, junto a la Defensoría, ver su esfuerzo dando resultados tanto en la mediación, cómo en la interpelación y querella a favor de la gente, en los problemas fundamentales de derechos humanos y sociales de este momento del País. Cumpliendo integralmente así, todas las atribuciones que le da la Constitución Nacional y las leyes y los Principios de París, entre las que debemos recordar que está querellar con las instituciones del estado si fuera necesario para garantizar los derechos humanos y sociales.
Compartimos la preocupación del Defensor por la aparición del linchamiento cómo acto frecuente en la cultura actual de la violencia y advertimos que la impunidad estructural es la causa fundamental de su aparición.
Provea, Coordinación de Medios.
