Desde que se anunció la creación de la inconstitucional figura de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el desabastecimiento y las protestas por escasez de alimentos en Venezuela han aumentado. Al menos cinco protestas diarias -que involucran a cientos de pobladores- se registran en el país, demandando distribución y venta de alimentos en un contexto marcado por las largas filas, anaqueles vacíos, ausencia de respuestas gubernamentales, creciente incertidumbre, desespero y descontento entre los ciudadanos.
Según ha dicho el presidente Maduro, los CLAP tienen el propósito de «derrotar la guerra económica y estabilizar la economía en los próximos 6 meses». Fueron creados en el marco de la «Agenda Económica Bolivariana» para «terminar de superar el modelo rentista y capitalista instaurado en la Cuarta República». El 12.05.2016 el primer mandatario asignó un fondo de 10.000 millones de bolívares para impulsar los CLAP. “Acabo de crear un fondo especial de estimulo e inversión a los CLAP con 10 mil millones de bolívares para ganar esta guerra”, afirmó el mandatario. Además el Presidente anunció un nuevo método de organización en el que participarían las Unidades de Batalla Bolívar – Chávez (UBCH), el Frente Francisco de Miranda y la Unión Nacional de Mujeres (UnaMujer), todas estas instancias bajo el control y supervisión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Cientos de denuncias sobre actos de discriminación, desvío de alimentos, hechos de violencia y corrupción, han surgido desde la creación de los CLAP. En sucesos recientes, habitantes de la Parroquia Sucre (una populosa zona del oeste de Caracas), protagonizaron acciones de protesta e intentos de saqueos a comercios, debido a la decisión de miembros de los CLAP y agrupaciones paramilitares que ejercen -mediante el empleo de la violencia- el control territorial en dichas zonas, de desviar un camión de alimentos que tenía como destino el mercado popular del sector. La arbitraria decisión generó molestias entre los pobladores, quienes en su mayoría hacían filas por más de cinco horas para adquirir alimentos. Además, desató una espiral de violencia y descontento que fue repelida por la acción represiva de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, que según los testimonios contó con el apoyo de agrupaciones de civiles armados.
El 02.06.2016 una protesta protagonizada por habitantes de la avenida Fuerzas Armadas (a cinco cuadras del Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas), mostró al país el propósito de los CLAP. Una orden emanada del despacho del Gobierno del Distrito Capital de Caracas, indicaba que ningún establecimiento cercano al Palacio Presidencial debía expender productos alimenticios cuyos precios estuvieran regulados por la Superintendencia de Precios Justos (SUNDEE), ente adscrito al gobierno central. Los relatos de vecinos y periodistas indican que miembros de los CLAP, en compañía de funcionarios policiales y/o militares, intentaron desviar un camión de alimentos que tenía como destino un abasto local, afectando a cientos de pobladores que tenían más de tres horas haciendo fila para poder comprar alimentos. Al igual que lo ocurrido el lunes en la Parroquia Sucre, la arbitraria decisión generó molestias entre los ciudadanos. Más de un centenar de personas trancaron vías y exigieron respuestas a las autoridades. A pesar de la hegemonía comunicacional y la censura gubernamental -que obstaculiza la difusión de este tipo de situaciones- la protesta se difundió por las redes sociales. Equipos de prensa acudieron a cubrir los acontecimientos. Ante la presencia de funcionarios de la GNB, y con su complicidad, 19 periodistas fueron agredidos, amenazados y asaltados por presuntos miembros de los CLAP, que, vale destacar, están compuestos fundamentalmente por miembros de agrupaciones paramilitares y parapoliciales vinculadas al partido oficial. Miembros de Provea acudieron a la zona de conflicto y constataron además el empleo ilegal de sustancias tóxicas por parte de funcionarios militares, para repeler la aglomeración de pobladores en protesta pacífica.
Apartheid alimentario
Con los CLAP, la gestión de Nicolás Maduro erosiona las garantías para el derecho humano a la alimentación en Venezuela. Sumado a la incapacidad del gobierno para brindar garantías mínimas para los derechos sociales como salud y acceso a servicios públicos, la promoción de este tipo de figuras fomenta la segregación social y obstaculiza la producción, distribución y obtención de alimentos en niveles adecuados y suficientes por parte de la población. El Estado venezolano, y particularmente Nicolás Maduro es directamente responsable si continua promoviendo la discriminación alimentaria mediante los CLAP y permitiendo que agrupaciones paraestatales, en conjunto con la FANB, sigan ejecutando actividades violatorias de los DESC de la población venezolana.
Además los CLAP añaden más problemas y no generan soluciones. Según ha reconocido la memoria y cuenta del Ministerio de Tierras, las políticas promovidas para aumentar la superficie cosechada de alimentos no han logrado alcanzar las metas planificadas, por lo que el país continúa dependiendo de la importación de alimentos, o de materia prima para producirlos, para la satisfacción de la soberanía alimentaria de la población. Por otra parte la propia cadena estatal de producción y distribución de alimentos refleja la misma alta proporción de escasez y desabastecimiento que las cadenas privadas, lo cual desmiente la hipótesis oficial de la «guerra económica» como responsable de la crisis.
Provea ha afirmado que, por sus efectos en la calidad de vida de la población y en la garantía de los derechos sociales, la gestión del Presidente Maduro está generando un impacto más negativo que el registrado durante la aplicación de medidas de ajuste neoliberal en el país, en los años 90. En tal sentido, exigimos al Ejecutivo Nacional que cese la promoción de prácticas discriminatorias que lesionan aún más el derecho a la alimentación y conducen al aumento de la pobreza y la exclusión. (Prensa Provea)
[…] embargo, estos acontecimientos también han servido para que ONGs (Provea y Observatorio Venezolano de Conflictividad Social -OVCS-, principalmente), abulten su expediente […]