Este 06.11.2015 el Ministerio Público, a través de la Dirección de Derechos Fundamentales, comisionó al Fiscal 76 con competencia nacional para que conduzca la investigación sobre el asesinato de los hermanos Jonathan Luis Olivares Calixto y Jorge Luis Olivares Calixto, quienes junto a otras tres personas, fueron ejecutados por presuntos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y Policía del estado Zulia, durante la realización del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) el pasado 14.09.2015 en el sector Santa Rosa de Agua, en Maracaibo. La decisión fue adoptada luego de una reunión efectuada entre la hermana de las víctimas, representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia (CODHEZ), Provea y el subdirector de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, en la que se expusieron ante la institución las irregularidades y ausencia de celeridad en la investigación, que hasta el momento era conducida por las Fiscalías 11 y 45 del estado Zulia.
El 14.09.2015 durante la realización del OLP en Santa Rosa de Agua, los hermanos Olivares fueron sacados de sus viviendas por efectivos de la fuerza pública. Según denunciaron sus familiares, Jonathan y Jorge Olivares estaban durmiendo al momento que efectivos policiales irrumpieron de forma violenta en sus residencias y destrozaron puertas y bienes familiares. Más de 52 días han transcurrido desde el asesinato de los hermanos Olivares y aún no han sido señalados los responsables.
Según cifras oficiales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), 125 personas han fallecido durante tres meses de ejecución de OLP en “enfrentamientos” con la fuerza pública. La información proporcionada por el MPPRIJP no da cuenta de ningún funcionario policial o militar herido o fallecido en el contexto de los operativos OLP. La desproporción entre funcionarios militares y policiales heridos y/o fallecidos y el número de civiles muertos en estos «enfrentamientos» es una clara demostración de la existencia de ejecuciones policiales en el marco de OLP. La cifra de ejecuciones policiales registrada en apenas 3 meses de OLP, indica que en el período enero-diciembre 2015, se superará la cifra de ejecuciones policiales registrada por Provea en su Informe Anual 2014, que asecendió a 189 personas asesinadas bajo este patrón de violación del derecho a la vida.
Exhortamos al Ministerio Público a conducir de forma oportuna y transparente las investigaciones que conduzcan a determinar las responsabilidades por el asesinato de los hermanos Olivares y otras tres personas durante el OLP que se realizó en el sector Santa Rosa de Agua. Esperamos que este caso no se incluya en la larga lista de situaciones violatorias de derechos humanos, en las que se sigue negando el derecho a la justicia de las víctimas debido a la impunidad estructural que caracteriza al Sistema de Administración de Justicia venezolano. Insistimos en que la Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo deben asumir el mandato que les impone la Constitución Nacional e investigar el alto número de atropellos que han sido denunciados en diversas zonas del país por personas afectadas debido a la razzia conocida como OLP. Una actitud coherente con el Estado de Derecho y de Justicia consagrado en nuestra Carta Magna es, sin duda, investigar y sancionar a los funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos, para con ello impedir la reiteración de los hechos y brindar reparación a todas las víctimas y sus familiares. Además, el Ejecutivo y las instituciones del Estado venezolano deben detener el proceso de regresividad y amenaza para los derechos humanos que supone la militarización de la seguridad ciudadana y la aplicación de operativos como OLP. Provea ratifica su disposición a contribuir en la construcción de políticas que contribuyan a superar la impunidad, la criminalidad y la violencia en Venezuela, pero sobre todo que contribuyan a fortalecer la garantía y la plena vigencia de los derechos humanos para todas y todos. (Prensa Provea)
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