En el marco de su 157 período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este 09 de abril el Informe Temático «Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos», en el que se analiza de forma detallada el uso indebido del derecho penal por parte de actores estatales y no estatales con el objeto de criminalizar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos en Las Américas.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido de forma continua información apremiante corroborando que las y los defensores en las Américas son sistemáticamente sujetos a procesos penales sin fundamento en diversos contextos, con el fin de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen. Esta situación es de suma preocupación para la CIDH ya que el uso indebido del aparato penal del Estado en contra de defensoras y defensores de derechos humanos no sólo interfiere con su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, sino que también afecta el rol protagónico que éstos tienen en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho», destaca el resumen ejecutivo del informe presentado por el organismo hemisférico.
La CIDH resalta la importancia de la labor que cumplen las y los defensores de derechos humanos para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. «[Las y los defensores de derechos humanos] contribuyen de manera especial a la promoción, respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en las Américas, así como en el apoyo a las víctimas, la representación y defensa de personas cuyos derechos se ven amenazados o violados. Sus actividades de vigilancia, denuncia, difusión y educación contribuyen de manera esencial a la observancia de los derechos humanos, pues luchan para combatir la impunidad.»
El informe describe los principales patrones de amenazas y obstáculos a la labor de las y los defensores de derechos humanos en la región, partiendo del uso indebido del derecho penal para criminalizar las actividades de defensa de derechos humanos; los pronunciamientos de funcionarios públicos que acusan a defensoras y defensores de la comisión de delitos en la ausencia de decisiones judiciales; la criminalización de los discursos de denuncia de violaciones a derechos humanos y el derecho a la protesta social pacífica: las Leyes de desacato; los tipos penales que castigan recibir financiamiento extranjero en el marco de convenios de cooperación internacional; el uso indebido de tipos penales de lucha contra el terrorismo y otras leyes relativas a la seguridad nacional en contra de defensores y defensoras; el uso indebido de tipos penales para estigmatizar a las personas defensoras y criminalizar la promoción y protección de los derechos de personas LGBT; las detenciones ilegales y arbitrarias; la aplicación de medidas cautelares con el fin de criminalizar la labor de defensoras y defensores; y los efectos de la criminalización en los defensores y defensoras desde la dimensión social, familiar, económica, entre otras.
El informe analiza distintos casos de amenazas y obstáculos a la labor de defensores de Las Américas, entre los que se incluyen las reiteradas campañas y actos de hostigamiento, estigmatización, descalificación y ataques a la integridad física de defensores y ONG de Venezuela, promovidas por altos funcionarios del Estado. La CIDH desarrolla jurisprudencia y estándares que deben ser asumidos por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) como buenas prácticas para garantizar la vigencia de los derechos humanos y el derecho a defender derechos, en el marco de la construcción y consolidación de sociedades más democráticas.
La CIDH ha expresado constantemente su preocupación por la persistencia de situaciones de amenazas y hostigamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos, y por la creciente criminalización de sus actividades en contextos de amenazas generales a las libertades democráticas y al ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía. (Prensa Provea)
