La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia donde recibirá denuncias sobre los abusos cometidos por los militares que participan en este plan de seguridad.
Juan Francisco Alonso
Caracas. “Los policías me sacaron de la cama, me llevaron a la sala y me tiraron al piso, me apuntaron con una pistola y dijeron que me iban a matar. Desordenaron la casa y se llevaron electrodomésticos”. Así relató José Vega a los medios de comunicación lo que vivió en la madrugada del 13 de julio de 2015, cuando un grupo de agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ingresó en su casa la Cota 905 en un operativo, el cual se saldó con 14 fallecidos y cientos de detenidos en esa barriada caraqueña.
El dispositivo, en el que participaron efectivos de la Guardia Nacional, fue el embrión de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), la última iniciativa que el Gobierno de Nicolás Maduro ha puesto en marcha para combatir la inseguridad; y la cual desde su nacimiento ha sido objeto de críticas por parte de activistas y organizaciones de Derechos Humanos, por estar dirigida y ejecutada por militares. Esas objeciones ahora llegarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organización que tiene previsto celebrar una audiencia para recibir información sobre el asunto.
La sesión, que se celebrará el próximo 4 de abril, en Washington (Estados Unidos), fue solicitada por las agrupaciones Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Human Rights Watch.
¿Por qué pidieron a la CIDH que fije su atención en la OLP? “Porque nunca en Venezuela habíamos registrado un operativo de seguridad ciudadana que violara masivamente los Derechos Humanos como este. Con la OLP no solo se han violado derechos civiles y políticos, que es lo tradicional cuando se cometen detenciones arbitrarias, malos tratos y ajusticiamientos; sino que también se han violado otros como el derecho a la vivienda”, respondió Inti Rodríguez de Provea, organización que ha venido monitoreando el desarrollo de la iniciativa desde su arranque.
El activista adelantó que informarán a los comisionados sobre los casos de personas que “han sido desahuciadas de las viviendas que el Gobierno les otorgó en la Misión Vivienda Venezuela y otras cuyas viviendas fueron atacadas, demolidas bajo la acusación de estar implicadas en delitos”.
Bajo la lupa
Aunque hasta el momento la Fiscalía no ha informado los resultados de la investigación que inició a raíz de lo ocurrido en la Cota 905, en su último informe anual la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, reveló que está investigando las circunstancias en las que 245 personas perdieron la vida en el marco de la OLP.
En el reporte no se precisa cuántos uniformados están siendo investigados, pero sí que Carabobo, con 84 muertos, es el estado donde más fallecidos ha dejado este plan, seguido de Bolívar, con 49; Caracas con 27 y Miranda con 13.
Los comisionados seguramente escucharán de las autoridades las bondades de la iniciativa, algunas de las cuales figuran en el informe que el ministro de la Defensa, general Wladimir Padrino López, entregó a la Asamblea Nacional a mediados de febrero y donde aseveró que en los 132 operativos realizados entre julio y diciembre se desmantelaron 137 bandas criminales, fueron detenidos 2.287 ciudadanos y se incautaron 1.391 armas y 42.118 cartuchos.
De la misma manera en el informe se anuncia que 233 vehículos, 422 motos y 2.213 apartamentos fueron recuperados.
A lo largo de los años la CIDH ha criticado la participación de los militares en el combate contra la criminalidad, por considerar que abre las puertas a violaciones a los Derechos Humanos y pone en entredicho la fortaleza de un sistema democrático, pues “la criminalidad ordinaria ‐por muy grave que sea‐ no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado”; y por ello ha dictaminado que “los asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana son de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados”.
