ConflictoVERepresión y criminalización de la protesta han sido la carta de presentación del gobierno

Un plan para atemorizar a los venezolanos, para que, entre otras cosas, no salgan protestar

Esta ley antiterrorista también está siendo aplicada a la disidencia política y, visto lo visto, tememos que vaya a ser de uso común como instrumento jurídico para reprimir al adversario en los tiempos por venir

Gobierno sin máscara

Nicolás Maduro inició su gestión empleando todo el poder del Estado para demostrar que no está dispuesto a dejar el cargo que ocupa, a pesar de las dudas que han caído sobre los resultados electorales que le dieron ganador el pasado 14A y de los reclamos y movilizaciones rechazando la decisión del órgano electoral.

Observamos con preocupación cómo la represión y la criminalización de la protesta han sido la carta de presentación de la actual administración.

Represión como método

El gobierno ha utilizado a sus fuerzas de seguridad para reprimir salvajemente a quienes pacíficamente han expresado su opinión. Los testimonios y las imágenes de jóvenes venezolanos que han recibido disparos de perdigones en su humanidad, varios de ellos en el rostro, hablan por sí solas. El mensaje que da el gobierno no es subliminal: quienes salgan a la calle a protestar se encontrarán con el poder represivo y militar del Estado. Se busca con esto sembrar miedo en la población. Eso es terrorismo de Estado.

Ley antiterrorista contra los ciudadanos

Pero la cosa no queda allí, el gobierno continúa la represión y el amedrentamiento a los ciudadanos que protestan aplicando la criminalización de la protesta. Ya no solo están procesando a ciudadanos con leyes que penalizan el cierre de calles o el uso de “zonas de seguridad”, por mencionar algunas, ahora el gobierno tiene todo un arsenal para contener el descontento popular: la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), es decir, una ley antiterrorista.

A las personas detenidas en los sucesos posteriores al 14A se les aplicó esta ley de manera injustificada y absolutamente discrecional. Con esta ley se quiere hacer ver y tratar como terroristas a quienes exigen sus derechos de manera pacífica. Si continúan aplicándola, nuestras cárceles se llenarán de terroristas que hasta el momento de su detención eran simples campesinos, profesores universitarios, estudiantes, obreros, amas de casa o damnificados.

Esta ley antiterrorista también está siendo aplicada a la disidencia política y, visto lo visto, tememos que vaya a ser de uso común como instrumento jurídico para reprimir al adversario en los tiempos por venir.

Otro método: acoso laboral

Pero el terrorismo de Estado no se detiene allí. A la represión directa, a la criminalización de la protesta y de la opinión se suman otros elementos que prenden las luces de alarma.

Muchos empleados públicos están siendo víctimas de una política de terror y miedo. Algunos han denunciado despidos, otros están siendo amenazados por quienes ostentan el poder con que si se les descubre alguna postura crítica al gobierno serán despedidos y se les abrirá un expediente administrativo que les cierra las puertas en la administración pública.

Militarización de la seguridad ciudana

En paralelo, el gobierno anuncia que saca el ejército a la calle para labores de seguridad ciudadana y “para proteger al pueblo” según palabras del Ministro del Interior General Miguel Rodríguez Torres. Curiosamente lo hace, a manera de prueba, en dos municipios de la capital donde gobierna la oposición. Es decir, la seguridad ciudadana en manos del ejército que, además, no está preparada en absoluto para combatir a la delincuencia. ¿Ganas de conseguir resultados en la lucha contra el hampa o acaso buscan presencia militar en las calles de municipios opositores para atemorizar –o reprimir– a los ciudadanos? ¿Más terrorismo de Estado?

Terrorismo de Estado Vs. ciudadanos “terroristas”

Estamos en presencia de unos hechos muy preocupantes desde el punto de vista del respeto a los Derechos Humanos. La aplicación de la ley antiterrorista contra ciudadanos que protestan o disienten y la actitud del gobierno que amenaza e implementa medidas que no son democráticas, lo alejan del compromiso que tiene el Estado de respetar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las leyes.

En democracia, el poder del Estado no puede ser usado en contra de los ciudadanos que disienten. Tratar a los ciudadanos como terroristas solo acentúa la sospecha de que quien realmente está ejerciendo terrorismo es quien detenta el poder. Es decir, estamos en presencia clara de terrorismo de Estado. (Mikel Las Heras y Marco Antonio Ponce, Conflictove, 13.05.13)

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