Diferentes organizaciones no gubernamentales rechazaron las acusaciones emitidas por representantes de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ante la Fiscalía General de la República por “recibir financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos para financiar campañas sucias en contra del presidente Chávez”.

Según los miembros de la tolda roja la denuncia está fundamentada en las leyes venezolanas “en especial a las del Consejo Nacional Electoral (CNE), que establece en sus estatutos que el financiamiento de campañas debe ser transparente según las normas y deberá ser demostrado de dónde provienen los recursos”.

La formalización de la denuncia se suma a la aprobación en primera discusión de la Ley de Cooperación Internacional que pone en peligro la existencia de las ONG, como una muestra de la fuerte intención del Estado de fortalecer los controles sobre estas instituciones que en su mayoría defienden y educan en materia de derechos humanos.

Provea, Espacio Público, Ojo Electoral, Ciudadanía Activa, Liderazgo y Visión, Cedice Libertad, Radar de los Barrios, Cofavic, Sinergia y la Asociación Civil Ronald Mcdonald fueron mencionadas por los oficialistas.

Golpe a la democracia
Marino Álvarez del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) reconoció -vía telefónica- el derecho del Estado venezolano a investigar el ingreso al país de financiamiento orientado a “desestabilizar las instituciones democráticas o la sociedad venezolana, pero eso es distinto a querer transformar en delito estas instituciones que realizan actividades legales e incluso ofrecen capacitación al Estado”.

Indicó que con este tipo de denuncias el Ejecutivo pretende “obstaculizar el trabajo de las ONG particularmente de quienes trabajan con derechos humanos” lo que resulta contrario a las recomendaciones de cooperación establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Nosotros reivindicamos el derecho a recibir cooperación internacional cuando esa cooperación es usada con fines lícitos, en el caso particular de Provea no hemos ocultado nuestra fuente de financiamiento, siempre aparece en nuestra sitio web y nuestras publicaciones”, aclaró Álvarez.

A juicio de Luis Lander, directivo de la organización Ojo Electoral, que realiza monitoreo del ejercicio democrático en todo el territorio nacional, “están metiendo en el mismo saco a todas las organizaciones que tienen alguna posición crítica respecto al gobierno”.

La declaración de Lander fue secundada por Liliana Ortega, representante del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic) que expresó a través de la red social Twitter “los ataques a las ONG en Venezuela revelan el cierre de espacios democráticos, la violencia y el nivel de arbitrariedad existente”.

Finalmente Débora Calderón, de Espacio Publico acotó, “nosotros respetamos todas las tendencias políticas y las opiniones de los demás y como organización no hacemos actividad política ni nos relacionamos con ningún actor político de la forma en que ellos dicen”.

Fuente: http://www.correodelcaroni.com/content/view/160332/1/

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