Organizaciones no gubernamentales (ONG) contrarrevolucionarias reconocen que reciben financiamiento extranjero, pero exigen al Gobierno nacional, al que acusan de un supuesto “hostigamiento”, que no las investigue por esto.
“Le exigimos al gobierno que ponga fin a las investigaciones abiertas contra agrupaciones como Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), por haber recibido financiamiento del extranjero”.
Así lo reclamó el presidente de la ONG Sinergia, Feliciano Reyna, en declaraciones que este miércoles reseña el diario opositor El Universal.
Por su parte, el ex presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) Pedro Nikken justificó el financiamiento internacional de la ONG asegurando que de esta forma garantizan su autonomía.
“Las agrupaciones civiles no pueden recurrir a las empresas, porque sus intereses son contradictorios y porque ellas participan del poder; y no pueden aceptar fondos del Gobierno Nacional porque él puede ponerle condiciones”, aseguró.
Recibir financiamiento internacional para actividades de política interna también supone una transgresión al artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que «los sistemas democráticos se apoyan en la participación de sus ciudadanos y de las organizaciones políticas que los aglutinan para participar en el sistema político y, así, articular la actuación pública en favor de los miembros de la sociedad nacional y no de agentes externos que pudieran intervenir en la vida política de un Estado, lesionando el derecho de la Nación a su autodeterminación, su independencia y soberanía».
Significa entonces que las actividades que trascienden el mero análisis objetivo de las instituciones políticas de un Estado, para adentrarse en el debate público, con los fines de incidir en la política interna de la Nación y el funcionamiento de sus poderes e instituciones públicas, no pueden estar determinadas por la voluntad de sujetos ajenos a la sociedad.
Organizaciones venezolanas como Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) son las principales beneficiarias del financiamiento que el Departamento de Estado estadounidense canaliza a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), Freedom House y la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid), así lo dio a conocer en julio de este año la abogada Eva Golinger.
De acuerdo con la denuncia presentada por Golinger, el Departamento de Estado ha dado un financiamiento de 4 millones de dólares al (Ipys) y a la ONG Espacio Público. Ese financiamiento, oficialmente otorgado para la formación de comunicadores sociales, tendría por objetivo real llevar a cabo una campaña de desestabilización en este año electoral.
Otra de las ONG que recibe financiamiento internacional es Súmate, organización que desde que fue creada en el 2002 ha recibido dinero, entre otros, de la National Endowment for Democracy (NED), fundación que depende del Congreso estadounidense.
Súmate lleva 8 años arremetiendo contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), al cual ha calificado como una institución “no confiable, que manipula los resultados electorales”. Sin embargo, quien fue su presidenta hasta febrero de 2010 es una de las candidatas para las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre: Maria Corina Machado, una de las firmantes del decreto Carmona y figura de confianza del ex presidente de los Estados Unidos, George Bush. (AVN, 08.09.2010)
