La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz deplora públicamente las declaraciones formuladas por el General (GNB) Antonio Benavides, Jefe del Core 5, en las cuales aseveró que el destino de las personas que incurren en delitos es “ir a la cárcel o estar bajo tierra”. Esta posición desconocedora del rol que le compete al Estado en cuanto garante de derechos humanos sin discriminación alguna (entiéndase incluidos también quienes delinquen), refleja la visión con que durante muchos años se ha tratado de responder al fenómeno de la inseguridad, con medidas de populismo punitivo operativizado en diversos modus operandi como son los grupos de exterminio, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las desapariciones de personas o los operativos de “profilaxia social”, todos procedimientos totalmente contrarios al respeto de los derechos humanos y al ordenamiento jurídico que nos rige y que surgen demagógicamente para satisfacer el clamor social de “mano dura” contra la delincuencia.
Las graves declaraciones del General Benavides pudieran constituir una solapada justificación al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza potencialmente mortal y por ende una posible incitación a delinquir a quienes prestan servicio como funcionarios y funcionarias de seguridad ciudadana, algo que lamentablemente no sería nuevo en nuestro país, sometido en diversos momentos de su historia contemporánea a la irrupción de formas de violencia estatal como las antes mencionadas, pero que bajo ningún aspecto fue ayer ni puede ser hoy justificado.
Esta posición del General Benavidez afecta y golpea los esfuerzos sinceros y consistentes que adelanta el Gobierno Venezolano para transformar los cuerpos de seguridad del Estado, bajo un modelo humanista, profesional, preventivo, de proximidad, respetuoso de la dignidad humana, coherente en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, blindado al amparo de la Constitución y las leyes y que intenta superar ese viejo modelo autoritario y criminalizador de los pobres que tanto dolor, muerte y destrucción ha dejado en este país por más de cincuenta años.
Por otra parte, la negativa del General Benavidez a reportar las muertes ocurridas en supuestos “enfrentamientos” dentro de la cifra de homicidios que sufrimos en el país, es una manera clara de encubrir la responsabilidad que tienen los organismos policiales y militares en cuanto al aumento de la tasa de homicidios.
Desde la experiencia de 25 años atendiendo a las víctimas del abuso policial y militar en el país podemos dar fe de los efectos que esas prácticas abusivas han generado en nuestro pueblo y de los efectos perversos que tiene el propiciar con discursos de esa naturaleza la acción represiva de los cuerpos de seguridad, que siempre se sabe donde comienzan pero nunca donde culminan.
Es por todas estas razones enunciadas que solicitamos a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional desmarcarse públicamente de las declaraciones emitidas por este funcionario militar, así como proceder a su remoción del cargo que actualmente detenta al frente del operativo de seguridad ciudadana DIBISE, por constituir sus expresiones una peligrosa incitación a violentar los principios innegociables de nuestra Constitución Nacional.
Caracas, 6 de setiembre de 2010.
Prensa Red de Apoyo