«La militarización es contraria a la acción ciudadana», dijo Rafael Uzcátegui, coordinador de Investigación de Provea, quien participará hoy en el seminario «Unión Cívico Militar o Militarización de la Sociedad», organizado por el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV.
En este encuentro también estarán como ponentes Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano y Alejandro Oropeza, director general del Observatorio Hanna Arendt.
Durante su intervención Uzcátegui planteará, por ejemplo, que el Ministerio para la Defensa es la cuarta institución oficial que recibe mayor cantidad de recursos presupuestarios, más que otras carteras como las ligadas al área social.
Este es a su juicio uno de los indicios de que en Venezuela el sistema democrático está arropado por la injerencia militar, al punto de que en la actualidad hay varios funcionarios castrenses ocupando cargos públicos.
Añadió que esta situación se consolidó durante la gestión del expresidente Hugo Chávez, porque tenía formación militar, «pero con Nicolás Maduro tuvimos la expectativa de que las circunstancias cambiarían, sin embargo se profundizó», señaló el activista de Provea.
MÉTODOS INCONSTITUCIONALES
«Antes en el país se podía gestar un modelo cívicomilitar, ahora el modelo instaurado es el militar-cívico», declaró Uzcátegui, quien considera que esta condición representa una limitación a los derechos humanos.
En este sentido, reiteró la grave situación que viven los indígenas wayúu en la Guajira, estado Zulia, quienes son víctimas recurrentes de torturas y tratos crueles ejecutados por efectivos castrenses.
«Los militares tienen más incidencia que incluso los funcionarios de seguridad ciudadana», comentó el representante de Provea, al destacar que el sector castrense no se ajusta a la diversidad, sino por el contrario tienen intrínseca una disciplina basada en la fuerza.
También comentó que a partir de enero se espera que el Gobierno nacional retome la inscripción militar obligatoria, aspecto que el activista considera inconstitucional.
Informó que tiene conocimiento de que grupos sindicales que siguen las líneas del PSUV han planteado la incorporación en los convenios marco de las contrataciones colectivas del sector público la obligatoriedad de los trabajadores de pertenecer a milicias obreras. (Lorena Marcano, Diario Tal Cual, 10.11.2014)
