Con la finalidad de reanudar sus acciones para pronunciarse públicamente en torno a la constante falta de respuesta de los organismos de justicia regionales y nacionales, miembros del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara se concentraron ayer en la mañana en la Plaza de la Justicia frente al Edificio Nacional para hacer un llamado a los tribunales sobre los numerosos casos violentos que han enlutado a numerosas familias larenses durante la última década.

La actividad denominada Luz contra la impunidad se inició con la creación de pancartas con mensajes para pronunciarse sobre la falta de justicia, alrededor de las cuales se congregaron representantes del Covicil y otras instituciones principalmente del sector educativo, para luego dar paso a una misa que fue oficiada por sacerdotes de los sectores El Trompillo y La Carucieña de la capital larense.

En el documento, titulado Ocho años de terror, se evidencia preocupación por la actual candidatura del miembro del PSUV, indicando que durante su paso por el gobierno regional, las mafias policiales y parapoliciales proliferaron, lo cual dio pie a las masacres de Los Pocitos, Río Claro, El Tostao, Urdaneta, Quíbor, Loma de León y Chabasquén

«Hemos salido a pronunciarnos de manera radical y rechazar el regreso de la criminalidad, en parte debido a los planes de Luis Reyes Reyes de retomar la Gobernación del estado Lara», indicó Carlos Eduardo López, miembro del Covicil, agregando que si los funcionarios políticos regionales no tratan el problema de la impunidad, los familiares de las víctimas seguirán insistiendo en su búsqueda de justicia ante instancias superiores.

Durante la eucaristía, el padre jesuíta Jorge Ulloa instó a los presentes a orar por las víctimas asesinadas y por sus familiares maltratados, solicitando a las autoridades judiciales el cese de la impunidad.

«Es necesario que la Fiscalía de la República, la Asamblea Nacional y el propio Ejecutivo Nacional garanticen la transparencia del sistema de justicia. No se trata de aplicarla según un color político. Estamos en el siglo XXI, el cual está caracterizado por los avances tecnológicos, pero que también debe estar definido por el avance y buen funcionamiento de la justicia y el cumplimiento de las normas», expresó el párroco.

Los parientes de los caídos por la violencia y el hampa, encendieron velas en las escaleras de la entrada del Edificio Nacional, como una ofrenda en memoria de sus seres queridos y también para iluminar a los jueces y demás funcionarios del sistema judicial, con la esperanza de que finalmente revisen los casos de impunidad y den respuestas a las familias afectadas.

Asimismo, algunos miembros de Covicil mostraron pancartas con fotografías e historias de la vidas de sus seres queridos para que los transeúntes pudieran conocer parte de la fuerte realidad de sus casos.También se aprovechó la ocasión para difundir panfletos con información basada en datos del Centro de Estadísticas del Departamento de Patología del Hospital Central Antonio María Pineda, según la cual cuando Luis Reyes Reyes era gobernador, murieron de forma violenta alrededor de 3.458 personas.

En el documento, titulado Ocho años de terror, se evidencia preocupación por la actual candidatura del miembro del PSUV, indicando que durante su paso por el gobierno regional, las mafias policiales y parapoliciales proliferaron, lo cual dio pie a las masacres de Los Pocitos, Río Claro, El Tostao, Urdaneta, Quíbor, Loma de León y Chabasquén.

Igualmente se señala: «Su candidatura represanta una bofetada a las aspiraciones de justicia de los larenses, que aún esperan que el Teniente Coronel responda a los señalamientos plasmados en diversas investigaciones realizadas por el Consejo Legislativo de Lara, el MPPIJ y las denuncias ante el Ministerio Público de los familiares de las víctimas de ejecuciones, desapariciones forzadas, tortura, extorsión, entre otros delitos perpetrados por Polilara (…) favorecidos por el Circuito Judicial Penal de la entidad en manos de una jueza señalada públicamente por participar de las tropelías del magistrado, ahora prófugo, Eladio Aponte Aponte».

A la protesta pacífica también asistió Nayibe López, madre de un privado de libertad en la cárcel de Uribana, quien pidió a las autoridades competentes dedicarse a resolver el problema de los retardos procesales, ya que muchos de los jóvenes internados en el mencionado centro penitenciario están dispuestos al diálogo con la ministra de Prisiones Iris Varela.

Por su parte, Jorge Rodríguez, también se solidarizó con la manifestación del Covicil, destacando que la acción del comité es una muestra clara de la falta de justicia en el país y de las vejaciones por las cuales deben pasar los familiares al tratar de obtener respuestas. (Efraín Jaimes, El Impulso, 30.11.12)

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