Nuevamente, el oficialismo arremete contra las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en Venezuela. En días pasados, un grupo de jóvenes del PSUV y aspirantes a diputados de la Asamblea Nacional Andreína Tarazona, Robert Serra y Jorge Amorín denunciaron ante la Fiscalía a un grupo de ONG que, según ellos, recibieron fondos de Estados Unidos para financiar la campaña electoral.
Los denunciantes alegan tener documentos «desclasificados» recientemente por el Departamento de Estado en los que se deja constancia de estos aportes. Mal comienzo para estos aspirantes a diputados si tomamos en cuenta que el Departamento de Estado, como lo sabe hasta un enano mental, no desclasifica documentos antes de cumplir 10 años de su elaboración. Resulta muy cuesta arriba que, desde hace tanto tiempo, hayan dado fondos para la actual campaña electoral a los candidatos de oposición.
Los improvisados denunciantes desconocen que gracias a muchas de esas organizaciones es que se han llegado a descubrir las violaciones de los derechos humanos que ellos usan como bandera política, y que ocurrieron en la cuarta república como la masacre de El Amparo, el Caracazo o el Retén de Catia.
Tampoco revisaron los denunciantes el Informe sobre la Democracia y los Derechos Humanos en Venezuela, presentado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que se dice «que las organizaciones de la sociedad civil pueden legítimamente recibir fondos de ONG extranjeras o internacionales, o de gobiernos extranjeros, para promover los derechos humanos, y el Estado está obligado a garantizar su conformación y funcionamiento sin imponer restricciones más allá de las permitidas por el derecho a la libertad de asociación».
Evidentemente, tampoco conocen el trabajo que todas estas organizaciones hacen en Venezuela en pro de la defensa de los derechos humanos de los sectores más excluidos, que no encuentran en las instituciones del Estado como la invisible Defensoría del Pueblo algún tipo de atención y defensa.
Sería conveniente que los aspirantes a diputados se ocuparan de atacar los problemas que las ONG denuncian a diario sobre las constantes violaciones de los derechos humanos que se cometen cada día en el país. Basta ver los índices de inseguridad, la violencia desbordada, la crisis en las cárceles o el caos del sistema de administración de justicia para que tengan material suficiente y exijan investigaciones.
¿Quiénes son más traidores a la patria? ¿Los que hostigan, descalifican y persiguen a las organizaciones sociales, o los que se callan ante las múltiples violaciones de los derechos humanos que se cometen en el país y prefieren inventar documentos desclasificados? ¿O será que estamos ante una nueva generación de focas domesticadas, listas a alzar la mano en la Asamblea Nacional para cumplir las órdenes de su comandante?
Fuente: http://www.el-nacional.com
