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Ayer se celebraron los 65 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Día Internacional de los Derechos Humanos, pero en el Foro por la Vida aseveraron que el país tiene poco que celebrar, pues «el Ejecutivo Nacional no garantiza los diferentes derechos» y además con su «decisión inconstitucional» de retirarse este año de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó más vulnerables a situaciones de atropellos a los venezolanos.

En un comunicado, el bloque que agrupa a una docena de agrupaciones pro garantías fundamentales denunció que «el estancamiento y retroceso de las diferentes políticas públicas en materia de Derechos Humanos mantienen los problemas estructurales que condenan a amplios sectores de la población a condiciones de pobreza y exclusión».

El Foro atribuyó al proceso poco transparente para la designación de los jueces «la falta de independencia judicial así como la gran impunidad existente».

Igualmente cuestionó la criminalización que sufren tanto las víctimas de violaciones a sus derechos como sus familiares cuando acuden a organismos internacionales como quienes deciden tomar las calles para manifestar su descontento o exigir alguna reivindicación.

Tras lamentar que la crisis carcelaria se siga cobrando vidas, que el sistema de salud no haga más que deteriorarse o que los periodistas tengan que superar cada día más obstáculos para acceder a información pública, el bloque reiteró su llamado al Ejecutivo para «establecer mecanismos de diálogo que permitan consensuar un Plan Nacional de Derechos Humanos con metas y compromisos establecidos en el corto, mediano y largo plazo» y expresó su disposición a participar en su elaboración.

En deuda

El Comité de Familiares Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic) tampoco ve muchos motivos para festejar, pues denunció que el Estado venezolano está en mora con las víctimas de célebres casos de violaciones a los Derechos Humanos que terminaron siendo conocidos por la Corte Interamericana antes de que el país se retirara de su jurisdicción en septiembre pasado.

El Caracazo, la masacre del Retén de Catia de 1992, las desapariciones forzadas ocurridas en Vargas durante las lluvias de 1999, el exterminio del que ha sido víctima la familia Barrios en Aragua desde 1998 o la ejecución extrajudicial de Néstor Uzcátegui en Falcón son algunos de los asuntos que el tribunal internacional conoció desde que Venezuela se sometió a él en 1981, pero todos los mandatos que dictó han sido desacatados parcial o totalmente por las autoridades.

«En todos estos casos el Estado está obligado a reparar el perjuicio causado, tanto material como moral, incluyendo el honor y la dignidad de las víctimas. De igual forma, a través de medidas administrativas y legales debe establecer la verdad de lo ocurrido y brindar justicia en cada uno de los casos. Estas medidas también deben estar acompañadas de garantías de no repetición de estos hechos», recordó Cofavic.

Por último, la organización llamó al Gobierno a retirar la denuncia de la Convención Americana, por considerarla «inconstitucional» debido a que viola el principio de progresividad de los derechos previsto en el artículo 19. (Juan Francisco Alonso, El Universal, 11.12.13)

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