La última década no ha sido fácil para las organizaciones no gubernamentales que actúan en Venezuela. Desde la célebre frase «con qué se come eso (de la sociedad civil)» pronunciada hace casi dos lustros por Luis Miquilena, otrora mentor político del presidente Hugo Chávez, las agrupaciones han tenido que hacer frente a un clima cada vez más hostil, en el cual los ataques contra sus miembros, las resoluciones judiciales que buscan limitar su actuación y las amenazas de investigación por recibir fondos del exterior se han vuelto cotidianos.
Este panorama, a juicio del catedrático de las universidades Central de Venezuela (UCV) y Católica Andrés Bello (UCAB), Luis Alfonso Herrera, pone de manifiesto «el cerco» que las autoridades vienen levantando en torno a un «sector que opina con autonomía, que no está subordinado a políticas estatales ni tiene interés en acceder al poder y que da información a los venezolanos para que puedan evaluar cómo están operando ciertos sectores».
El especialista en Derecho Administrativo y Constitucional estima que quienes tienen las riendas del Estado están aplicándoles a las organizaciones no gubernamentales la misma receta que a los opositores o a los medios de comunicación.
«Hay una tendencia a silenciar a las voces críticas que hay en la sociedad. Pareciera que se quiere acallar a quienes difunden los diferentes problemas que hay en el país en materia de derechos humanos, ambiental, propiedad privada o seguridad alimentaria», afirmó.
Para Herrera las investigaciones que oficialistas solicitaron al Ministerio Público abrirles a numerosas agrupaciones civiles, por recibir fondos del exterior, son una vía para limitar su accionar sin tener que «pagar el costo» de aprobar medidas como la Ley de Cooperación Internacional, la cual en la práctica cerraría las puertas al financiamiento foráneo de las organizaciones no gubernamentales venezolanas.
El experto sostuvo que el buscar y obtener recursos desde el exterior no es delito.
La Declaración de Defensores de Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas en 1998, le da la razón. El artículo 13 del texto reza: «Toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales».
Una década de sentencias, ataques e investigaciones contra las agrupaciones civiles
Por: JUAN FRANCISCO ALONSO
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