Casi una semana después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara al Estado venezolano que tomara medidas para proteger a la presidenta de la organización de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, Rocío San Miguel, y a su hija, las autoridades no han informado las medidas que adoptarán. Por esta razón, ayer la activista solicitó al Ministerio Público que diga si acatará o no el mandato del organismo regional.
«Estamos exigiéndole a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que cumpla las obligaciones que tiene con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos», afirmó la activista, quien agregó: «Las denuncias que se han presentado en la Fiscalía solamente en los últimos cuatro meses son una docena de alcances pormenorizados de amenazas a mi integridad personal y a la de mi hija y no se ha adelantado investigación de ningún tipo. Priva la impunidad sobre unas cinco denuncias que se han reseñado en el despacho de la fiscal».
Por su parte, el director de Una Ventana para la Libertad, Carlos Nieto Palma, quien llevó el caso de San Miguel ante las instancias internacionales, recordó que las autoridades tienen hasta la semana que viene para informarle a la CIDH sobre las acciones que han adoptado a favor de la presidenta de Control Ciudadano.
«La pregunta es si estaremos ante un nuevo desacato», agregó San Miguel, quien recordó que el año pasado la cuenta que tiene en la red social Twitter fue vulnerada por un pirata cibernético, quien logró hacerse con información personal y con los contactos de sus informantes dentro de la institución castrense y amenazó con difundirlos en la red.
La criminalización no cesa
La campaña de desprestigio y hostigamiento en contra de las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos por parte de las autoridades y de sus simpatizantes no cesa. Ayer llegó a esta redacción un artículo firmado por el Comité de Pensamiento y Justicia Popular, el cual fue publicado en el blog oficialista Revolución y Soberanía y en el que se les acusa de recibir financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos y de seguir cuales «perros fieles» las directrices que este les dicta.
«Estas ONG y sus integrantes allanan el camino a los enemigos internacionales. Crean falsas matrices de opinión (con el apoyo de grupos de medios de comunicación). Financian y entrenan grupos de choque (organizan protestas y dictan estrategias militares a estudiantes, presos y trabajadores). Realizan denuncias internacionales sin basamento real (caso de la exjueza corrupta María Lourdes Afiuni). Sirven como puente para pasar recursos económicos a los grupos conspiradores, entre otras fechorías. Indiscutiblemente a estos traidores de la patria les espera la cárcel o la justicia popular», se lee en el documento.
En el escrito se señala directamente al Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero de 1989 (Cofavic), al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), a Una Ventana para la Libertad, a Sinergia y al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. (Juan Francisco Alonso, El Universal, 25.01.11)
