Representantes de Organizaciones No Gubernamentales venezolanas, como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), asistirán a la VII Cumbre de las Américas, a realizarse en Panamá del 8 al 11 de abril, para participar en el Foro Hemisférico de Organizaciones de la Sociedad Civil y Actores Sociales, un espacio para promover insumos para el debate y la interacción con los gobernantes de la región en el marco del evento hemisférico, el cual contará con la participación de activistas de toda la región.
Además de la participación en alguno de los ejes temáticos propuestos por el Foro (Educación; Salud; Energía y Medio Ambiente; Migración y Seguridad; Gobernabilidad Democrática y Participación Ciudadana), estas ONGs venezolanas reiterarán una serie de mensajes a los y las colegas de las organizaciones hermanas del continente:
1) La Organización de Estados Americanos (OEA), junto a otros actores como UNASUR, tiene un rol protagónico que cumplir para contribuir con la estabilidad institucional, el respeto a la Constitución y el diálogo democrático en Venezuela. La elección de un nuevo Secretario General, el señor Luis Almagro, el restablecimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, así como la cuestionable imposición de medidas por parte del gobierno de Barack Obama contra funcionarios del gobierno venezolano, generan una oportunidad para la recuperación de la relevancia de la OEA en la mediación eficaz de los conflictos políticos en la región.
2) La Carta Interamericana Democrática reafirmó la intención de los Estados miembros de la OEA de fortalecer el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, como mecanismo para garantizar la democracia en el hemisferio. En tal sentido, los países miembros de la OEA deben sumar esfuerzos para alentar al gobierno venezolano a retirar su denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos y volver a las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3) Nuestras organizaciones han rechazado la imposición de sanciones unilaterales por parte del gobierno del presidente Barack Obama, y apuestan en cambio a iniciativas de tipo multilateral promovidas por los organismos regionales legítimos para hacer observaciones e imponer sanciones por violaciones de derechos humanos, con respeto al debido proceso de los posibles responsables, como son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
4) Debido a las diferentes situaciones de violencia y violación a los Derechos Humanos, así como la intensa polarización política instalada en Venezuela, los diversos actores políticos no han tenido hasta ahora la capacidad de generar condiciones para el diálogo democrático que se necesita para enfrentar la crisis y asumir los temas que hoy son cruciales para la vigencia de los derechos humanos en el país, como las causas del aumento de la pobreza y el debilitamiento de la calidad de vida de amplios sectores de la población. Para ello, junto a otros actores como UNASUR y organizaciones sociales del continente, la OEA tiene un papel de acompañamiento, observación y mediación internacional que cumplir, para permitir que los espacios de diálogo y generación de consensos sean posibles, reales y efectivos.
5) Exhortamos a la OEA, sus países miembros y a los movimientos sociales del continente a realizar los esfuerzos necesarios para contribuir a fortalecer la vigencia en nuestro país de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los mecanismos que ella garantiza para que la población exprese su opinión sobre la gestión gubernamental. En este sentido la OEA debe promover que las próximas elecciones parlamentarias, se realicen en condiciones que generen confianza en el proceso electoral y que los resultados sean aceptados por los diferentes actores políticos.
6) Pedimos a los Estados miembros de la OEA y a las organizaciones sociales del continente, a seguir alentando acciones para rechazar las políticas de discriminación y exclusión por razones políticas e ideológicas, las cuales vulneran las garantías de la dignidad humana y debilitan las conquistas democráticas alcanzadas por los pueblos de la región.
7) Solicitamos a los Estados miembros de la OEA a rechazar categóricamente las acciones de intimidación y hostigamiento contra los activistas de derechos humanos por acudir a las instancias regionales y universales de protección de los derechos humanos, en el marco de su mandato en defensa de las víctimas.
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
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