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Organizaciones de promoción y defensa de los Derechos Humanos del estado Lara se pronuncian ante la represión policial y militar contra las recientes manifestaciones estudiantiles, generadas como protesta ante la situación de salida del aire de medios de comunicación:

  1. La manifestación pública de calle es un derecho constitucional y constituye una de las tradiciones políticas de mayor valor en la reivindicación de derechos de la población venezolana “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otro requisito que los que establezca la ley” (Art 68 Constitución Nacional).
  2. El uso de armas de fuego y bombas lacrimógenas en control de manifestaciones ciudadanas está explícitamente prohibido por la Constitución Nacional “Se prohíbe el uso de armas y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas” (Art 68 Constitución Nacional), por tanto es ilegal y anticonstitucional la represión que ha desplegado la Guardia Nacional y diferentes cuerpos policiales en varios estados del país.
  3. El Estado venezolano debe, por el contrario, establecer y garantizar dispositivos de seguridad ciudadana efectivos para resguardar la integridad física de las personas que manifiestan y de terceros; así como, impedir la actuación de grupos que utilicen armas y ejerzan la violencia para dirimir diferencias políticas. Por el contrario, se ha podido percibir claramente por distintos medios informativos, las masivas agresiones físicas contra manifestantes por parte de organismos policiales y militares y la tolerancia con la actuación armada de grupos paramilitares afectos al actual gobierno, como en el caso de “Los Tupamaros” en la ciudad de Mérida. Aún se mantienen y se generalizan los métodos represivos y violatorios de los derechos humanos prevalecientes en la llamada IV República.
  4. Las medidas de presentación en Fiscalías y Tribunales de la República de un importante grupo de estudiantes que han sido detenidos en las diferentes manifestaciones, constituyen una flagrante violación del derecho a manifestar públicamente. Esta práctica que se está generalizando, al punto de existir unas 2.200 personas bajo estas medidas en todo el país, conforma una evidente tendencia a la criminalización de la protesta en Venezuela.
  5. En el estado Lara, en el cual durante el año 2008 no habían sido reprimidas las manifestaciones estudiantiles, observamos una fuerte represión militar contra el estudiantado, por lo cual es necesario que se pronuncie el Gobernador del Estado, principal responsable de la seguridad de toda la ciudadanía de la entidad.
  6. Ante este cuadro de intensificación de la represión y de la detención de dirigentes estudiantiles y de la ciudadanía al ejercer su derecho a la protesta:
    • Repudiamos el asesinato de estudiantes por la única razón de participar en manifestaciones públicas.
    • Exigimos un inmediato cese a la represión policial y militar de las manifestaciones estudiantiles.
    • Rechazamos el uso de armas y sustancias tóxicas por parte de los cuerpos de seguridad para controlar las manifestaciones públicas.
    • Debe abrirse una investigación imparcial sobre la autoría del asesinato de los dos jóvenes ultimados recientemente  en la ciudad de Mérida y de los 4 estudiantes muertos en manifestaciones en el año 2009.
    • Solicitamos un pronunciamiento público del Gobernador Henry Falcón en el que rechace la represión de la Guardia Nacional contra el estudiantado larense.

¡Exigimos respeto al derecho a la manifestación pública!

¡No a la represión policial y militar de las manifestaciones estudiantiles¡

Cátedra libre de Derechos Humanos de la UCLA
Observatorio de DDHH de Mujeres
Comité Víctimas contra la Impunidad

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