JUAN FRANCISCO ALONSO
La decisión de la Asamblea Nacional de desempolvar el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, atendiendo la demanda presidencial «para impedir el financiamiento yanqui» a los partidos y organizaciones no gubernamentales, ha vuelto a poner en alerta a estas últimas, las cuales advirtieron a los legisladores que cualquier regulación al derecho a la asociación deberá respetar los «límites establecidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos» firmados por la República.
En un comunicado, las agrupaciones de Derechos Humanos integradas en el Foro por la Vida y las de desarrollo social que conforman Sinergia afirmaron que el Parlamento «no es libre de establecer cualquier limitación o restricción» a la posibilidad de que los ciudadanos se organicen para monitorear la situación de las garantías fundamentales o para resolver algún problema.
«La promoción y protección de los Derechos Humanos configuran un derecho y un deber constitucional y humano de toda persona», recordaron y así está establecido en la Declaración Universal de Defensoras de Derechos Humanos, la cual en su artículo 13 además consagra como un derecho la posibilidad de recibir fondos del exterior, siempre y cuando los mismos sean empleados para lograr sus objetivos de forma pacífica.
Tras condenar los intentos por generar «dudas y sospechas» sobre la labor que realizan, las organizaciones advirtieron que «no es el por el camino equivocado de organizar un régimen de restricciones inaceptables en una sociedad democrática como el Estado venezolano podrá estimular y garantizar el derecho a la participación de la sociedad. Más y mejor democracia solo serán posibles facilitando la expresión, organización y movilización social».
Las autoridades vienen acusando a los activistas de Derechos Humanos de conspirar en su contra y en los últimos éstos han denunciado ser víctimas de hostigamiento y amenazas. Solo el año pasado 3 defensores fueron asesinados.
El Foro y Sinergia también llamaron a los gobernantes, quienes promovieron la incorporación de la llamada contraloría social en la Carta Magna, para que la hagan efectiva.
«El estímulo y ejercicio de la contraloría social sobre la gestión del Estado requiere facilitar a las personas posibilidades reales de organizarse y de actuar con autonomía, sin el temor a ser perjudicadas por las opiniones y valoraciones que expresen sobre la gestión de los funcionarios. Si ello no se garantiza, el protagonismo del pueblo no será más que una aspiración», alertaron.
Por último, aseguraron que las organizaciones no gubernamentales que actúan en Venezuela cumplen el ordenamiento jurídico; es decir están registradas ante notarías, pagan impuestos y sus cuentas son revisadas por el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat), entre otras obligaciones. (El Universal, 26.11.10)
