Agosto de 2010
La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia con el apoyo de las más de 200 organizaciones que la conforman, manifiesta su rechazo más enérgico al asesinato de la defensora de los Derechos Humanos colombiana Norma Irene Pérez.
Sus restos fueron encontrados nueve días después de su desaparición en un estado deplorable que indica el sufrimiento que vivió horas antes de su deceso. Las comunidades de la zona de Macarena han solicitado una investigación judicial exhaustiva. Irene Pérez había denunciado hace algún tiempo, a través de su organización, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la existencia de fosas comunes de víctimas de los actores armados, así como «Falsos Positivos», civiles presentados como caídos en combate y personas desaparecidas.
Alertamos sobre la gravedad de estos hechos que hacen evidente el preocupante incremento de la inseguridad constante que se vive en Colombia. Las personas que denuncias actos ilícitos y violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, son objeto de amenazas y, como en el caso de Norma Irene Pérez, son asesinadas o desaparecidas.
Es lamentable y censurable desde todo punto de vista que en Colombia se sigan dando estos hechos contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas por parte de grupos criminales, y en algunos casos, con la presunta participación de miembros de las fuerzas armadas.
Por lo tanto, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia:
1. Exige al gobierno colombiano que investigue los hechos para que se identifique, juzgue y condene a los responsables intelectuales y materiales, se repare a las víctimas y se realicen todos los esfuerzos posibles y para ponerle fin a esta situación. Es obligación del gobierno velar por la salvaguarda y el ejercicio pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de la ciudadanía.
2. Apoya lo expresado por el señor Bruno Moro (Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas en Colombia) al exigir la puesta en marcha de una política integral de protección y promoción de los derechos humanos por ello mismo, como organización, demandamos políticas públicas reales y efectivas de protección de la sociedad civil. El gobierno de Colombia debe manifestarse en contra de las amenazas e intimidaciones en contra de organizaciones de la sociedad civil.
3. Rechaza el incremento de la violencia que se vive en todo el país. Por ejemplo, en el Departamento de Córdoba, más de 400 asesinatos en lo que va corrido del año. Así mismo, manifiesta su honda preocupación por la aparición de panfletos en diversas regiones del país con amenazas en contra de civiles muchos de los cuales son personas jóvenes, amenazas provenientes de grupos como las “Águilas Negras” o bandas como “los Rastrojos”, que imponen en sus localidades mecanismos de “justicia privada”. La Liga de Mujeres Desplazadas organización de sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, pertenecientes a nuestra Red ha sido amenazada por las Águilas Negras dos veces a los largo de este año.
4. Hace un llamado a la sociedad colombiana para que tome conciencia sobre la gravedad de estos actos y exija a las autoridades gubernamentales una actuación certera, eficaz y enérgica en contra de la violencia sistemática que amenaza la estabilidad del país.
5. Finalmente, exhorta a la comunidad internacional, organismos internacionales y organizaciones de promoción y protección de los derechos humanos para que denuncien y alerten estos hechos. Para que tomen las medidas necesarias que tiendan a proteger la vida de los y las defensoras de derechos humanos y así mismo todos en conjunto logremos evitar que estos crímenes atroces continúen ocurriendo.
