marino alvaradoEl ex coordinador de Provea y activista de DDHH, Marino Alvarado, expuso la situación de los DDHH en Venezuela ante el Parlamento Europeo. Estas fueron sus palabras:

No todo es negativo en materia de derechos humanos en Venezuela. En materia de educación ha existido una importante política de inclusión. La matricula universitaria se ha incrementado en mas de 100% en los últimos 15 años y ha existido una constante distribución de tierra en el campo a familias campesinas

Como organización de derechos humanos Provea reconoció, en su momento, los avances sociales que se produjeron en algunos derechos durante la gestión del expresidente Chávez.

Es un gobierno que no tolera críticas, que no implementa recomendaciones y que no cumple con las sentencias de la Corte IDH. Viola permanentemente los convenios internacionales en derechos humanos y cuando se le emplaza la excusa es que es un ataque contra el gobierno

En materia de pobreza, por ejemplo, hasta el 2012 hubo una constante reducción de la pobreza. Nos preocupa, sin embargo, que en el primer año de gobierno del presidente Nicolás Maduro la pobreza haya aumentado 6% y todos los indicadores socioeconómicos indican que la pobreza sigue aumentando. El incremento de la pobreza es una grave violación de los derechos humanos.

Los problemas de carácter económico que ha vivido Venezuela en los últimos cinco años ha generado niveles importantes de descontento sobre todo en los sectores más pobres. Ese descontento se manifiesta en crecientes protestas: huelgas, movilizaciones y cierre de calles entre las formas de protesta. La respuesta gubernamental al descontento social no ha sido democrática. Se criminaliza la protesta calificándola de subversiva y se persigue a líderes sociales. Actualmente cerca de 5000 personas se encuentran sometidas a juicios penales por exigir derechos, de ellos aproximadamente 150 son sindicalistas. Algunos sindicalistas han estado encarcelados meses o años.

Junto a la criminalización de los líderes sociales, se criminaliza la labor de los y las defensoras de derechos humanos con el propósito de intimidar a los activistas. No lo han logrado. Se cuestiona la legítima cooperación internacional y se le vincula la obtención de fondos con planes conspirativos. Se amenza a los defensores y defensoras porque acuden a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos. Se nos descalifica como traidores a la patria.

Se intervienen nuestras comunicaciones y se usa recursos del Estado para descalificarnos poniendo en riesgo nuestra integridad física. No somos contrarios a la critica. Como personas públicas estamos conscientes que ciudadanos o el mismo gobierno pueden criticarnos, pero distinto es cuando se recurre a la descalificación, cuando se inventan historias para decir, por ejemplo, que estamos conspirando.

El gobierno venezolano tiene además una política de Estado de desprestigiar a las instancias internacionales de protección. A la Comisión Interamericana de DDHH, a la Corte Interamericana de DDHH y recientemente a distintos órganos de las Naciones Unidas. Es un gobierno que no tolera críticas, que no implementa recomendaciones y que no cumple con las sentencias de la Corte IDH. Viola permanentemente los convenios internacionales en derechos humanos y cuando se le emplaza la excusa es que es un ataque contra el gobierno. Según el gobierno todas las intancias de protección de los derechos humanos están confabuladas para conspirar contra Venezuela.

La indefensión de los ciudadanos es crónica. La falta de independencia de los poderes públicos cierra canales democráticos para exigir derechos y reclamar por la inadecuada gestión pública. Un poder judicial al servicio del Ejecutivo Nacional, que aplica la discriminación política en sus decisiones. Un defensor del Pueblo que como su antecesora se dedica a desprestigiar la labor de las ong de derechos humanos asumiendo el mismo discurso del Ejecutivo Nacional y una fiscalía que no actúa de manera equilibrada y es la principal responsable de los altos niveles de impunidad existentes.

Varios presos políticos son víctimas precisamente de esa justicia politizada. Una justicia que no garantiza el debido proceso. El aparato del Estado todo puesto en funcionamiento para producir injusticias, para encarcelar disidentes y líderes sociales.

Finalmente, debo referirme al sistema penitenciario. Un sistema productor de muerte. Las cárceles venezolanas son de las más violentas del mundo. Hay que reconocer que en los dos últimos años se han realizado esfuerzos por atender los problemas de violencia, sin embargo la cifra de muertes sigue siendo alta. En 2014 se produjeron 309 homicidios en las cárceles. Desde 1999 hasta 2014 se han producido 6.472 muertes. Los niveles de hacinamiento son infrahumanos y las violaciones a los derechos humanos son constantes y crecientes.

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