Ataque-a-Chuo

Provea rechaza las agresiones sufridas este 29.04.2016 por el dirigente político Jesús Torrealba, Secretario Ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y exige a las autoridades del Ministerio Público el inicio de una investigación que conduzca a la determinación y posterior sanción a los responsables del hecho.

Según reportes de prensa al menos cinco personas, presuntamente identificadas con grupos pro-oficialistas, atacaron con golpes y piedras al dirigente político la tarde de este viernes mientras participaba en una protesta realizada en la sede de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), situada en la urbanización San Bernardino de Caracas. Según denuncias recogidas en fuentes periodísticas, los hechos habrían ocurrido en presencia de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) sin que los funcionarios actuaran para impedir las agresiones.

También este 29.04.2016 se recibieron reportes de otros presuntos ataques contra dirigentes opositores. El diputado de la Asamblea Nacional, José Trujillo, denunció haber sido agredido por presuntos escoltas del Secretario del Poder Popular para la Salud del Gobierno Bolivariano de Aragua, Luis López, mientras denunciaba deficiencias y falta de insumo en el Hospital Central de Maracay, en el estado Aragua. Asimismo, el Presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Haisler Iglesias, acudió hoy a la sede de la Fiscalía General de la República en compañía de un grupo de estudiantes, para denunciar hechos de violencia ocurridos este 28.04.2016 en el recinto universitario, mientras se celebraba el proceso de recolección de firmas, convocado por partidos de oposición para activar el mecanismo de revocatorio presidencial.

La ONU ha destacado que los Estados están obligados a garantizar la participación de todas y todos los ciudadanos en la dirección de los asuntos públicos, propiciando y respetando el ejercicio del debate y el diálogo plural y público y brindando garantías para el ejercicio de la libre expresión, reunión y asociación pacíficas, ello, por supuesto incluye la celebración de actos y reuniones pacíficas. Por su parte el Relator Especial de la ONU para los derechos de asociación y reunión pacíficas, Maina Kiai, ha dicho que “(…) los Estados tienen la obligación positiva de proteger activamente las reuniones pacíficas. Esta obligación abarca la protección de los participantes en reuniones pacíficas de los actos perpetrados por personas aisladas o grupos de personas, incluidos agentes provocadores y contra manifestantes, con el propósito de perturbar o dispersar tales reuniones, entre ellos miembros del aparato del Estado o individuos que trabajen a cuenta de este”.

En tal sentido, los hechos de violencia y ataques contra actores y simpatizantes políticos que sean directa o indirectamente alentados por funcionarios del Estado o que sean cometidos por actores no estatales que actúen bajo la aquiescencia del Estado, constituyen un incumplimiento de las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Constitución Nacional y de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones y Manifestaciones Públicas. El Estado tiene la obligación de proteger a todas y todos los ciudadanos, y brindar entornos seguros para que puedan ejercer libremente sus derechos a la reunión y asociación pacíficas sin riesgos de ser criminalizados o de sufrir ataques a sus vidas e integridad física. Por su parte, todos los actores políticos tienen el deber de contribuir con la construcción de un clima de paz que permita dirimir las controversias con respeto al pluralismo político y bajo las reglas que brinda la democracia.

El Ministerio Público debe investigar de forma oportuna las circunstancias en las que se produjeron estos hechos. Una investigación oportuna y transparente de estos hechos, evitará que se repitan y se genere una escalada de violencia que afecte el ejercicio de los espacios democráticos para el disenso, la crítica y la manifestación pacífica (Prensa Provea, 29.04.2016)

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