Tapa CD-2Con el fin de informar y alertar sobre distintas situaciones que atentan en contra de las libertades individuales, los derechos humanos y los principios consagrados el la CRBV y otros tratados internacionales en la materia, la organización CEPAZ presentó una investigación independiente sobre una muestra plural de casos, donde se le hace seguimiento a diferentes acciones por parte del Estado en contra de la disidencia política venezolana, tales como: detenciones arbitrarias, hostigamiento o amenazas reiteradas en contra de personas que adversan o piensan distinto al gobierno nacional, apertura de procedimientos, uso de los medios de comunicación para hostigar y amedrentar, inhabilitaciones, usurpación de poderes, allanamientos irregulares a la inmunidad parlamentaria, entre otras, identificando así, ocho patrones constantes y recurrentes de persecución.

A la presentación del informe acudieron representantes de embajadas, ONG, partidos políticos, estudiantes y medios de comunicación; en la misma se expusieron los resultados de la investigación basada en una muestra de 35 casos de denuncias de representantes de distintos sectores disidentes, que fueron víctimas de prácticas y acciones sistemáticas de persecución y/o persuasión por parte de funcionarios públicos del Estado.

En el estudio se especifican los tipos de patrones que han sido utilizados por parte del gobierno, siendo el de mayor frecuencia, en un 86% de los casos, la apertura de procedimientos de carácter judicial o administrativo en contra de quienes disienten de su gestión, los cuales no se han desarrollado en cumplimiento de la normativa establecida, incumpliendo con la garantía del debido proceso.

En este sentido, se explicó que: «La persecución política, tal y como la CIDH lo ha establecido, acarrea en muchos casos la violación del derecho a la libertad personal, en situaciones de detenciones arbitrarias, el derecho al debido proceso y a las garantías judiciales, ya que los procesos penales en contra de los ciudadanos no persiguen los fines de la ley sino la agenda represiva estatal.»

Igualmente se señala que la persecución política en el país no corresponde a casos aislados, sino que se ha constituido en una práctica reiterada y generalizada en contra de la disidencia política, dirigida a criminalizar, desprestigiar y anular la actuación altamente crítica en contra del gobierno; en este sentido, se incluye un recuento estadístico donde se especifican los partidos políticos que han sido afectados por este tipo de acciones. El informe explica que no es una práctica nueva pero si se alerta sobre la agudización que estas prácticas han tenido en el período del actual presidente Nicolas Maduro.

Para concluir el acto representantes de la organización resaltaron la importancia de documentar y evidenciar estos hechos, realizando las denuncias correspondientes tanto a nivel nacional como internacionalmente. (Prensa CEPAZ)

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