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Provea rechaza las declaraciones del diputado a la Asamblea Nacional Ricardo Molina, transmitidas este 04.05.2016 en el programa Primera Página del canal privado Globovisión.

Ante la pregunta de un televidente a través de la red social twitter: «Pregúntele al diputado Molina si es legal el botar a empleados públicos por no ser chavistas, ¿Qué opina de las normas laborales?, el ex Ministro de Vivienda y Hábitat y actual parlamentario respondió: «No es legal, lo que es indigno es no apoyar a un gobierno y trabajar en una institución gubernamental» y añadió «Quien no apoya al gobierno revolucionario y trabaja en una institución del gobierno revolucionario, es un indigno». 

 

Estas afirmaciones promueven actos de discriminación laboral por razones políticas en la Administración Pública y en empresas del Estado. Este tipo de acciones están expresamente prohibidas en el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito y ratificado por Venezuela; en los artículos 19, 21, 57 y 89 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (CNRBV); en el artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTTT), y en el artículo 21 de la misma Ley que reza: “Son contrarias a los principios de esta Ley las prácticas de discriminación. Se prohíbe toda distinción, exclusión, preferencia o restricción en el acceso y en las condiciones de trabajo, basadas en razones de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones políticas, nacionalidad, orientación sexual, personas con discapacidad u origen social, que menoscabe el derecho al trabajo por resultar contrarias a los postulados constitucionales”. Igualmente están prohibidos en la Ley Orgánica sobre Protección, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo (LOPCYMAT) en su artículo 56que obliga a todo empleador a “Abstenerse de toda discriminación contra los aspirantes a obtener trabajo o contra los trabajadores y trabajadoras y, dentro de los requerimientos de la actividad productiva, respetar la libertad de conciencia y expresión de los trabajadores y trabajadoras”.

En días recientes han escalado nuevos actos de discriminación y promoción de apartheid político en el marco del proceso de recolección de firmas para la convocatoria al mecanismo constitucional de referendo revocatorio, iniciado por organizaciones políticas agrupadas en la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática. Estos actos han sido alentados por el Primer Mandatario nacional, quien el pasado 29.04.2016 anunció la creación de un equipo conformado por dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para revisar las manifestaciones de voluntad colectadas por las organizaciones políticas solicitantes del revocatorio presidencial. El anuncio, además de violar la Constitución Nacional y la normativa electoral vigente, propiciará nuevos escenarios de discriminación política similares a la conocida Lista Tascón al tiempo que constituye un obstáculo al ejercicio de la democracia participativa y protagónica al intentar desconocer derechos constitucionales, mediante la coacción, la intimidación y el empleo de figuras ajenas a la Carta Magna y las leyes.

Molina el reincidente

No es la primera vez que el actual diputado y antiguo Ministro emite este tipo de mensajes que violan la Constitución y promueven la violación de Derechos Humanos. En un vídeo difundido el 20.04.2013 a través de las redes sociales, Molina, ocupando el cargo de ministro del Poder Popular de Vivienda y Hábitat, amenazó con despedir a trabajadores del despacho debido a su pertenencia a partidos políticos de oposición. «A mi me importa en absoluto lo que dicen las normas laborales (…) al personal que forma parte de nuestras instituciones, que políticamente está en la acera de enfrente, cero beligerancia, cero beligerancia, yo no acepto que aquí nadie venga a hablar mal de la revolución, que nadie venga a criticar a Nicolás (Maduro), que nadie venga a hablar mal del comandante Chávez. No lo acepto. No acepto militantes de partidos fascistas, quien quiera ser militante de Voluntad Popular, de ese partido fascista de Leopoldo López, que renuncie, porque si no renuncia yo mismo lo voy a botar», estas afirmaciones fueron hechas luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales de abril 2013 y en el marco de las protestas convocadas por sectores de oposición para exigir al Consejo Nacional Electoral el reconteo de votos. 

 

Otros altos funcionarios del Estado han promovido declaraciones de este tipo en el pasado reciente. El 22.12.2016, luego de las elecciones parlamentarias del 06 de diciembre, el Mayor General Luis Motta Domínguez, Ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), siguió los pasos de su antiguo homologo al afirmar: “Señores, como decía el camarada Alarcon, nosotros tenemos que revisar las estructuras, y nos vamos a radicalizar, hoy me voy a radicalizar más que nunca y todo el que sea escuálido fuera de la corporación, fuera de la corporación”. Estas palabras fueron pronunciadas durante una movilización de trabajadores del sector eléctrico a las afueras del Palacio de Miraflores en Caracas. 

 

Ambos funcionarios debieron ser removidos inmediatamente de sus cargos al producirse estos hechos, de acuerdo a lo establecido en al artículo 543 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadores y los Trabajadores que establece que los funcionarios que, por acción u omisión, violen las normas contenidas en el instrumento legal que estén dirigidas a proteger el proceso social de trabajo y los derechos de las y los trabajadores, deben ser sancionados con remoción o destitución de su cargo. Sin embargo, en ninguno de los casos descritos se produjo sanción alguna contra los funcionarios infractores, lo que constituye un aval a la impunidad y propicia la reiteración de los hechos, como ha ocurrido este 04.05.2016.

Provea exige a la Defensoría del Pueblo un pronunciamiento de rechazo a las declaraciones del parlamentario, debido a su abierta promoción de actos de discriminación que lesionan la Constitución y las leyes.

Ponemos a la disposición de todos los posibles afectados nuestro correo investigacion@derechos.org.ve y sus teléfonos (0212) 862.10.11 / 862.53.33, para registrar, visibilizar y acompañar sus denuncias sobre estas preocupantes prácticas violatorias de derechos humanos. (Prensa Provea)

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