Sería interesante saber cuál es la respuesta hoy, en todos los niveles de la sociedad venezolana, a la pregunta con la que titulamos: ¿Cuál sería la respuesta de indígenas, estudiantes, amas de casa, trabajadores, jubilados, subempleados o desempleados? O para ir a sectores con más acceso a la información, ¿qué responderían los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los asambleístas, los concejales, los representantes del poder ciudadano y del poder electoral, los gobernadores, los alcaldes o los demás jueces? ¿Qué dirían los representantes de los partidos políticos, los sindicalistas, los profesores universitarios o los representantes de las iglesias? Si Usted pertenece a alguno de esos sectores, por favor no se sienta recriminado por no saber responder: igual, difícilmente tuvo oportunidad para enterarse.

La Carta Democrática Interamericana (CDI) es un texto propuesto para que sea aprobado mediante resolución por la Asamblea General de la OEA, y que tendrá repercusiones sobre la vida democrática de los pueblos de América. Pero estos últimos, quienes son los principales concernidos, no están enterados, no han sido consultados ni tomados en cuenta al momento de redactar un texto en donde cada palabra tiene su peso específico. El objetivo principal de la CDI es proteger la democracia en nuestro continente; pero, ¿qué tipo de democracia, mediante qué mecanismos y a iniciativa de quienes se activan esos mecanismos?

La CDI podría ser aprobada, la segunda semana de septiembre, en la próxima reunión de la OEA en Lima. Las organizaciones venezolanas de derechos humanos, integrantes del Foro por la Vida, no nos pronunciamos sobre sus contenidos pues no tuvimos tiempo para formarnos una idea acabada sobre las propuestas, disponibles en Internet, pese a que dedicamos algunos esfuerzos para ello. Nos pronunciamos sí, sobre lo limitado que resultó el proceso de consulta de la CDI. Sin embargo, desde Provea no queremos dejar pasar algunos comentarios críticos sobre los contenidos de esa resolución. Entre otras cosas nos preocupa que el texto a discutir en Lima establece: a) que la democracia representativa «es el sistema político de los Estados» de la OEA, imponiendo un modelo político homogéneo; b) que «el acceso al poder por medios constitucionales» es esencial a la democracia representativa, Desconociendo el derecho a la rebelión que consagra la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos y; c) que basa la intervención de la OEA en conceptos muy vagos que permiten interpretaciones ambiguas.

En junio de este año, durante la reunión de la OEA, habíamos apoyado la posición de organizaciones no gubernamentales de América presentes allí, que pidieron una mayor discusión a la propuesta inicial. Pero el mecanismo puesto en marcha por los Estados y mediante el cual se busca llegar, tan sólo tres meses más tarde, a la aprobación de la CDI mediante una resolución, se ha evidenciado, por sí mismo, como antidemocrático.

La misma pregunta que hicimos al principio, podría ser hecha en cualquier otro país americano, y creemos que las respuestas serían del mismo orden: «no sé, no la conozco». Dentro de los poderes públicos, probablemente los únicos enterados sean los representantes de las Cancillerías que durante estos dos o tres meses tuvieron que correr para adoptar una posición oficial. Pero, ¿y el resto de los interesados? ¿Se puede confiar un tema tan trascendental a los poderes ejecutivos o, para ser más precisos, a las cancillerías?

La exclusión, por la vía de los hechos, de los pueblos de América del debate sobre la Carta Democrática Interamericana es una contradicción aberrante que deslegitima cualquier resultado. Los Estados tienen el deber de procurar todos los medios necesarios para un debate amplio y pluralista que vaya mucho más allá de la apertura de un sitio de Internet, al que, seamos sinceros, muy pocos tienen acceso. En particular, la Cancillería venezolana ha debido bajar el debate de la estratosfera de la OEA a las calles y caminos de Venezuela, o si la falta de tiempo no se lo ha permitido, debería entonces enmendar para debatir. ¿O acaso no se apuesta a una democracia participativa?.

Calixto Ávila Rincón
Investigador
Provea

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