Una de las múltiples trabas estructurales que afectan a los procesos de cambio que se desean adelantar en nuestro país tiene que ver con la carencia o imposibilidad de acceder a información fidedigna en diversas áreas, imprescindible para la toma acertada de decisiones. No en vano se dice que la información es poder y quien la posee puede ejercerlo con mayor fortaleza.
Por ejemplo, la transformación del modelo policial venezolano que adelanta el gobierno nacional a través del Consejo General de Policía (y que apoyamos cabalmente desde la propia institución) choca con la falta de acceso a información vital que poseen diversos organismos públicos y que dicho Consejo necesita para poder avanzar. Me explico: ¿Cómo se pueden depurar listas de candidatos o postulantes a policías si los organismos del Estado competentes no aportan datos consolidados de funcionarios o funcionarias policiales imputados, acusados o sentenciados en todo el territorio nacional, con el nivel de detalle que la situación amerita?
¿Cómo avanzar en la reforma policial si a estas alturas aún no se ha construido y consolidado la base nacional de datos policiales, iniciativa que impulsó y creó la Comisión Nacional para la Reforma Policial en 2006 y luego cayó en el saco del olvido durante la nefasta gestión de Pedro Carreño? ¿Cómo transformar policías sin saber exactamente cuántos son, dónde están, cómo funcionan internamente en sus instituciones, cuántos de ellos tienen antecedentes penales o procesos disciplinarios abiertos? ¿Cómo avanzar en la limpieza que ameritan los cuerpos policiales si la información que se solicita llega sesgada, filtrada, incompleta y saboteada? ¿Cómo hacer reforma y modernización con inspectorías generales de policía que se convierten en negocios para mercadear expedientes y engavetar denuncias?
Tal como lo plantea Yuri Quiñones en un artículo «el acceso a la información pública debe ser oportuno, veraz, eficiente, objetivo e imparcial; y debe adecuarse a los procesos más avanzados y tecnológicos que permitan que en el acceso a este derecho converjan estos elementos, me refiero indudablemente a las tecnologías de la información y comunicación. De aquí se desprende el por qué de muchas iniciativas de gobiernos de emprender una avanzada hacia lo que han denominado «gobiernos electrónicos», buscando simplificar y facilitar el acceso a la información pública».
Lo hemos dicho en múltiples oportunidades y lo reiteramos: los enemigos de la revolución en materia policial son muchos; los intereses que se afectan con los cambios propuestos son demasiados y las formas de apostar al fracaso de la reforma utilizan muchas estrategias. Una de ellas es la desinformación. De allí la necesidad de insistir en la obligación que tienen todos los actores involucrados de aportar la información necesaria para que estos procesos puedan avanzar a buen paso. La sociedad debe preguntarse a quién se beneficia cuando se niega información vital que permita saber quién es quién para poder separar «la paja del trigo», y lograr constituir cuerpos policiales con gente proba y que realmente no signifiquen un nuevo peligro uniformado para la sociedad.
Por: Pablo Fernàndez Blanco
Fuente: http://www.eluniversal.com
