Amnistía Internacional lanza Acción Urgente por Luis Rafael Escobar Ugas
Las minorías y las clases más desfavorecidas, víctimas de la impunidad e indefensas
Tres hechos llamaron la atención la semana pasada, aparentemente no conectados entre ellos pero que tienen como denominador común la indefensión ciudadana por efecto de la impunidad en la violación a los derechos humanos, el abuso de poder y el exceso de las fuerzas represivas en contra, y esto también es común en los tres casos, de ciudadanos pertenecientes a eso que en esferas pro gubernamentales denominan pueblo.
Hablamos de los casos de Luis Rafael Escobar Ugas, activista de los DDHH, preso y torturado en Anzoátegui, la familia Barrios del estado Aragua, que ha visto morir a diez de sus miembros a pesar de tener medidas de protección de la Corte IDH y los hechos acaecidos en el estado Amazonas, donde el gobierno ha usado todo su peso represor contra ciudadanos al tomar, por la vía de la expropiación, instalaciones que pertenecen a la gobernación del estado.
Protestar es un derecho, pero…
En Venezuela si usted difiere del gobierno y lo hace público puede ir a la cárcel.
Mucho más si ese pensamiento se convierte acción, por ejemplo con una protesta pacífica, una denuncia o un simple comentario a través de un medio de comunicación. Cualquier cosa que pueda incomodar a quienes dirigen al país es motivo para que usted pierda su libertad.
Actualmente cerca de 3 mil personas tienen expedientes abiertos en los tribunales venezolanos por salir a la calle de manera pacífica a demandar el cumplimiento de la Constitución o para defender o pedir alguna reivindicación.
Muchas de esas personas creyeron que la propaganda del poder popular era verdad. Otros simplemente están en la mira por sus declaraciones y denuncias que incomodan al Status Quo.
El Poder ha construido un entramado legal para judicializar expresiones que intenten hacer contraloría, critiquen o que se opongan a las actividades de gestión pública. Y con esas leyes se ha criminalizado a activistas sociales, defensores de derechos humanos, vecinos, etc.
Son muchos los que han pasado de ser simples ciudadanos creyentes de la democracia participativa y protagónica a ser presos políticos, porque aunque los delitos que se les atribuyen son comunes, la motivación para el procedimiento judicial es política.
Defensores en la mira
Los defensores y activistas de derechos humanos también son víctimas de esta política.
Por ejemplo, han sido públicas y notorias las amenazas de las autoridades del gobierno contra el defensor Carlos Nieto Palma por denunciar la situación carcelaria del país, o contra Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, por denunciar hechos irregulares en las Fuerzas Armadas.
También recordamos la campaña de descrédito en contra de la ONG Provea porque demostró con una investigación que no hubo ningún CDI quemado el pasado abril, luego de las elecciones.
Amnistía Internacional lanza Acción Urgente por Luis Rafael Escobar Ugas
Al defensor de derechos humanos Luis Rafael Escobar Ugas ha cumplido seis meses preso. Su principal delito fue, y sigue siendo, exigir al gobierno que cumpla con la Constitución y que garantice el derecho a la vivienda a las personas sin techo del estado Anzoátegui.
A este defensor se lo llevaron preso a un calabozo de la jefatura de policía de Peñalver, luego de ser amenazado por la fiscal 20 Yulymar Amaricua.
Al momento de la detención, Ugas llevaba cuatro meses en una protesta de gente sin techo frente al Palacio de Justicia de Barcelona. Ugas ha denunciado torturas y golpizas por parte de funcionarios policiales.
Amnistía Internacional está llevando a cabo una acción urgente por Luis Ugas, por estar detenido ilegalmente y por denunciar torturas en el calabozo.
La familia Barrios: impunidad y amenazas
La Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y COFAVIC informaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que varios miembros de esa familia fueron víctimas de un allanamiento ilegal y recibieron amenazas de muerte por parte de funcionarios policiales el pasado 13 de septiembre.
En 15 años, 10 miembros de esta familia han sido asesinados por funcionarios policiales que les declararon una guerra absurda y fuera de toda civilidad, cuando a raíz de un problema de cobro de cuenta por consumo de alcohol en un bar de la familia en Guanayén, asesinaron, tras torturarlo, a Benito Barriosy comenzaron a amenazar al resto si no callaban, cosa que no hicieron.
Este caso ejemplifica la impunidad con la que actúan ciertos funcionarios policiales que no han sido frenados a lo largo de este tiempo y la ausencia absoluta de garantías para unos ciudadanos absolutamente indefensos.
Amazonas
A raíz de la decisión del Ejecutivo Nacional de traspasar el Gran Hotel Amazonas perteneciente a la gobernación, a manos del gobierno central, se generaron una serie de protestas.
Cuando la Guardia Nacional fue a hacer efectiva la toma, un grupo de ciudadanos, empleados del hotel y funcionarios de la gobernación que allí estaban,se quedaron adentro como forma de protesta.
En paralelo, según denunció en una Alerta el Instituto Prensa Y Sociedad (IPYS Venezuela), “Entre el 12 y 13 de septiembre, un total de tres emisoras ubicadas en el Estado Amazonas, al Sur de Venezuela fueron sacadas del aire, medida tomada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).”
La toma del hotel se resolvió con extrema violencia represiva y con detenciones. Actualmente hay 6 ciudadanos procesados.
Un estado fronterizo, con una población mayoritariamente indígena, al igual que su gobernador, siente en carne propia la sinrazón del poder central.
@MarcoAPonce y @mlhccs