Venezuela votó en la ONU en contra del derecho a la manifestación
Solo en el mes de marzo, las protestas han dejado saldo de 2.904 heridos y 1.428 detenidos.
El jueves pasado se desarrolló en Caracas, en cadena nacional y hasta altas horas de la noche, el primer encuentro de diálogo entre representantes de la Mesa de la Unidad Democrática y el gobierno nacional.
Con presencia de tres cancilleres de UNASUR y el Nuncio del Vaticano, el país pudo ver sentados alrededor de una mesa en el Palacio de Miraflores al presidente Maduro, a miembros de su gabinete, a dirigentes y portavoces de la oposición política y a portavoces del Polo Patriótico que apoyan al gobierno. Se inició así un proceso de diálogo -aunque la primera reunión no puede, estrictamente hablando, calificarse como tal- que, de producir algún tipo de resultado en un futuro cercano, pudiera incidir en bajar los muy altos índices de conflictividad que vive Venezuela.
En líneas generales, la iniciativa en cuanto a propuestas y exigencias, muy numerosas y que abarcan muchas áreas, estuvo en manos de los representantes de la oposición.
Destacamos el llamado a actuar dentro de la Constitución, la defensa del derecho a la manifestación pacífica (tema mencionado y aceptado también por Maduro), la presentación de algunos proyectos de leyes, entre los cuales está un Proyecto de Ley de Amnistía, la conformación de una Comisión de la Verdad para los hechos de febrero-marzo de este año, distinta a la que se pretende conformar en la Asamblea Nacional y el desarme de los grupos paramilitares. Todos estos temas ya están pues, en pleno conocimiento del gobierno.
La paz como discurso
Previo a la reunión de la semana pasada, el gobierno conformó diversas comisiones y organizó algunos encuentros “por la paz” con diversos sectores -económicos, vecinales, pero no con la oposición política- del país o en algunas regiones.
Pero esos encuentros por la paz y los discursos presidenciales y de otros funcionarios gubernamentales estaban muy lejos de la realidad que vive el país. Tan solo en el mes de marzo, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) las prácticas violatorias de derechos humanos de manifestantes en Venezuela dejaron un saldo de 2.904 heridos y 1.428 detenidos.
Es decir, el discurso de paz no fue acompañado con un cese de la represión y de la criminalización de la protesta. Además, las protestas continuaron.
Voto en la ONU en contra del derecho a la manifestación
Pero esa incoherencia entre el discurso y la acción traspasa la política local. A finales de marzo, nuestro país votó en contra de una resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) que promueve la garantía del derecho humano a la manifestación pacífica y que define a “la participación en manifestaciones pacíficas como una forma importante de ejercer el derecho a la libertad de reunión, de expresión, de asociación y el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos”.
Es decir, Venezuela rechazó una legislación orientada a fortalecer una práctica de participación popular que en cualquier país sería vista como democrática, incluso de avanzada. Pero en Venezuela protestar se ha convertido en un delito, más de 4.000 personas con procedimientos judiciales abiertos hoy en día por protestar, lo confirman.
Mientras los países avanzan en legislaciones para promover y garantizar los derechos humanos de la población, nuestro país va en franco retroceso, al punto de que se han decretado de un plumazo “zonas de seguridad” donde se prohíbe manifestar, y por la vía de los hechos existen otras zonas donde no se puede protestar pacíficamente, como es el caso del municipio Libertador en Caracas, donde el Alcalde Jorge Rodríguez obstaculiza permanentemente las manifestaciones pacíficas argumentando que el municipio es una “zona de paz”.
Contra la sordera oficial
Quienes dirigen el país desde hace mucho tiempo, han perdido la capacidad de escuchar las necesidades de la población, sobre todo de aquellos que han tenido que tomar las calles de manera pacífica por la falta de respuesta y atención a sus necesidades. Esto a provocado que los índices de conflictividad sean elevados.
De ahí que demos importancia a estos encuentros de diálogo supervisados por miembros de la comunidad internacional, donde diferentes sectores de la sociedad puedan exponer sus exigencias, plantear problemas y denunciar situaciones que consideran violan sus derechos.
Claro, siempre y cuando el gobierno de respuesta adecuada y oportuna a los planteamientos que allí se hagan, y eso dependerá de la existencia de voluntad política en quienes ejercen el poder hoy en Venezuela.
@MarcoAPonce y @mlhccs
