Expuesta ante la CIDH la situación de los DDHH y conflictos laborales
En los últimos 5 años se han realizado 5.984 protestas laborales, 37% del total de protestas
Hacer huelga en las industrias básicas estatales, hoy, es un riesgo de perder la libertad
A pesar de que el gobierno venezolano desde la gestión del presidente Chávez ha mantenido un discurso a favor de los derechos sociales, y de que Nicolás Maduro dice ser un presidente obrerista, la realidad que atraviesan los trabajadores dista mucho de ese discurso y está muy alejada de las normas y beneficios que debieran favorecerlos. Esa realidad se caracteriza por la violación reiterada de sus derechos.
El pasado viernes 28 de marzo, durante el 150° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una delegación compuesta por Marino Alvarado, Carlos Patiño y Marco A. Ponce, en representación de Provea, Alianza Sindical Independiente, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y ConflictoVe, expusieron ante dicha Comisión la situación de los derechos humanos y conflictos laborales en Venezuela e hicieron unas peticiones.
Las protestas laborales
En los últimos 5 años el país ha vivido una situación de altos niveles de protesta. Hemos registrado en ese período 21.493 protestas, 98% de ellas con características pacíficas. De esas, 16.297 han sido por derechos sociales y 5.984 han sido protestas laborales. Es decir el 37% de la protesta venezolana, en los últimos 5 años, ha sido de naturaleza laboral.
Los trabajadores han usado diversos métodos para protestar: marchas, paros, huelgas, concentraciones y a veces con medidas extremas, ajenas a la historia de la protesta laboral a nivel mundial, como huelgas de hambre, coserse la boca y huelgas de sangre.
Llama la atención que con un gobierno que ha diseñado algunas normas progresistas y que tiene un discurso de avanzada, los trabajadores son el sector que más protesta y además, protesta mucho. Obviamente, la realidad choca con el discurso. Los trabajadores tienen muchos reclamos.
El poder contra los trabajadores
Frente a ese descontento, la respuesta del Estado ha sido crear un marco jurídico violador del derecho humano a la manifestación pacífica y a la huelga, con apertura de procesos judiciales penales, algunos por cierto en la jurisdicción militar, y procesos administrativos de despido. Sobran ejemplos pero nombraremos los más emblemáticos:
En Carbonorca despidieron a trabajadores por protestar; el Secretario General de Sintraferominera, Rubén González, enfrenta juicio por dirigir un paro de trabajadores, por el cual ya estuvo, por cierto, preso; el caso de los trabajadores de Transporte Camila, que han soportado 7 años de proceso judicial con medidas cautelares, por protestar; José Bodas y varios dirigentes y trabajadores petroleros más, fueron detenidos por repartir volantes y hacer actividades inherentes a su condición sindical; el caso de Iván Freites, sindicalista petrolero despedido por denunciar la situación que rodeó a la hoy tristemente célebre explosión de la refinería de Amuay; a los profesores universitarios, estando en huelga, con una medida judicial pretendían obligarlos a levantar el paro.
Desde el 2005 se han iniciado 130 procesos penales contra sindicalistas que ejercen el derecho a huelga o realizan protestas pacíficas.
Es innegable que se implementa una política desde el ejecutivo para atemorizar a trabajadores para que no exijan sus derechos, coartando la libertad sindical y el derecho a huelga y poniendo en práctica políticas discriminatorias contra sindicalistas que mantienen posiciones firmes en defensa de los derechos.
Contratos colectivos, una deuda
Un tema que pone en evidencia la forma en que el gobierno trata al sector laboral es el de la contratación colectiva, y es también una fuente de conflictividad en el sector.
Existen trabas burocráticas que obstaculizan los procesos de discusión de las convenciones colectivas en tiempos razonables; se incumplen las ya suscritas; desde el 2004 no se discute el contrato marco de la administración pública; en muchas de las empresas básicas hay retardo de varios años en la discusión.
Tres peticiones a la CIDH
– Que se haga un informe sobre el derecho a la protesta pacífica y la democracia en Venezuela.
– Que a través de la cooperación interinstitucional con la OIT promueva el respeto a las convenciones colectivas y el cese de la criminalización de la actividad sindical.
– Que exhorte al Estado venezolano para que se abstenga de aplicar figuras penales que tengan por objeto restringir las manifestaciones pacíficas.
@MarcoAPonce y @mlhccs
