En estos últimos tiempos en que Venezuela está inmersa en una ola de protestas y represión como respuesta, el conflicto político se ha posicionado en las primeras planas, pero han seguido sucediendo también las protestas que a lo largo de los últimos años se han hecho cotidianas por diversas causas: conflictos laborales, inseguridad, transporte, etc.
El origen de las protestas que vemos últimamente es fundamentalmente político. Son, como protestas, válidas, pero observamos que no han podido conectar con otros sectores que también protestan. Aunque ha habido intentos de asociarlas al tema reivindicativo social o al tema económico, son pocas las que han logrado ese objetivo, por ejemplo, la marcha con los trabajadores y gremios de la salud.
Divide y vencerás
El gobierno ha enfrentado estas protestas con mano dura, al contrario de lo que ha venido haciendo con las protestas de todo tipo en los últimos años. ¿Por qué?
A lo mejor prefiere dar una demostración de fuerza, así sea violando los derechos humanos, y acentuar la motivación política de estas protestas, buscando quizás la radicalización del conflicto e impedir que amplios sectores que tienen muchas razones para el descontento, se sumen y así poder tapar ¿postergar? los efectos de la crisis económica que día a día se siente más en la calle. Divide y vencerás parece ser su eslogan.
Entre un posible descontento masivo por la escasez, la inflación, etc, es decir, entre los efectos de una crisis ¿estallido? social y económica, y una política, escogen el que más pueden manejar, ahora que todavía tienen apoyos a lo interno y afuera, por ejemplo, en la OEA.
Criminalización de la protesta
Podemos estar a favor o en contra, o cuestionar la pertinencia de una forma de protesta o de cualquier expresión de descontento con el gobierno, incluso podemos pensar distinto de quienes promueven protestas o salen a protestar, pero no podemos ser cómplices de arbitrariedades, injusticias y violaciones de derechos humanos.
La cifra de venezolanos con procedimientos judiciales por ejercer el derecho humano a la manifestación pacífica se ha disparado en los últimos dos meses. Hasta febrero las organizaciones de derechos humanos habían contabilizado unas 3 mil víctimas en los últimos 6 años. Actualmente rondan los 4.500. Es decir la criminalización de la protesta en Venezuela aumentó 50% solo en dos meses.
El gobierno de Venezuela ha venido desarrollando y aplicando una serie de leyes con interpretaciones absolutamente discrecionales para judicializar y anular a los que expresan públicamente su descontento con el sistema de gobierno, con sus políticas o a quienes protestan exigiendo derechos.
Esas leyes se comenzaron a poner en práctica con los trabajadores, sindicalistas y vecinos, y progresivamente se han impuesto a todos los ciudadanos, independientemente de su tendencia política o condición social.
Desde el 12 de febrero de este año se ha desatado una cacería de personas.
Los servicios de inteligencia y la fuerza pública se han convertido en la punta de lanza de esta política que ha sido apoyada y promovida por todos los poderes públicos del Estado, que una vez más demuestran que no son autónomos y muy por el contrario, sus representantes lo dicen sin ningún reparo, siguen lineamientos del partido que está en el poder.
Es decir, la constitución, los poderes y cuanta norma existe, están supeditados al Psuv-gobierno-estado.
Cientos de personas, la mayoría jóvenes universitarios, se encuentran con medidas sustitutivas de libertad, otros privados de libertad, al igual que el dirigente político Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano.
Según el Ministerio Público a todos se les imputan delitos relacionados con protestas. A quienes dirigen los poderes se les olvida que protestar no es un delito, es un derecho. Y es un derecho que ha permitido a lo largo de la historia de la humanidad conquistar la dignidad de los pueblos, recordemos las historias de Gandhi, Mandela y los mártires de Chicago, entre otros.
La paz como herramienta
Consideramos que el discurso de paz que nace del gobierno solo es una herramienta política para opacar a la disidencia y tratar de conducir el conflicto, no para salir de los problemas que lo motivan. ¿Cómo hablar de paz cuando se persigue, maltrata y encarcela a quienes salen pacíficamente a ejercer sus derechos y a exigirlos de manera pacífica?
Por eso, es un deber democrático exigir la libertad plena de todas la personas con procedimientos judiciales por ejercer su derecho a la protesta pacífica.
@MarcoAPonce y @mlhccs
