Los actuales diputados y diputadas de la Asamblea Nacional cesarán en sus funciones dentro de pocos días. Culmina su período dejando una mora legislativa importante.
Se les prometió a los trabajadores que cumplirían con el mandato constitucional de reformar la Ley Orgánica del Trabajo y los dejarán una vez más embarcados.
Nada justifica que durante años no hayan avanzado en la reforma de esta ley para incorporar lo referente al régimen retroactivo de las prestaciones sociales y la rebaja de la jornada laboral, aspecto sobre el cual los diputados oficialistas realizaron bastante proselitismo en tiempos del referéndum sobre la Constitución.
Prometieron la Ley Orgánica del Sistema de Salud y a la fecha no la han promulgado. Los servicios públicos de salud padecen una grave crisis reconocida públicamente por varios de los asambleístas, pero ello no sensibilizó a los parlamentarios para contribuir a superarla. Se gastaron horas en debates de poco interés para las mayorías del país, pero no se realizó un debate amplio sobre cómo superar la crisis del sector salud y legislar en la materia.
Se comprometieron a legislar en materia de tortura que es otro mandato constitucional y también incumplieron. Mientras ello ocurre, las estadísticas tanto de la Defensoría del Pueblo como la de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos indican que dicha práctica se incrementa en los cuerpos policiales.
Se va dejando a los jubilados del país sin una ley que regule de manera integral su situación. Mientras tanto la incertidumbre se apodera de miles de venezolanos y venezolanas que esperan reglas claras en la materia.
Asumieron el compromiso de presentar al país un informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en la década de los años 60, 70 y 80 y todo parece indicar que sus conclusiones no se difundirán.
Afirmaron que investigarían lo referente a las miles de toneladas de alimentos que se pudrieron por responsabilidad de distintos organismos del Estado y hasta donde tenemos conocimiento tal investigación no se efectuó. Una investigación responsable hubiese realizado un conjunto de recomendaciones para evitar que situaciones como la ocurrida vuelvan a repetirse.
Es lamentable que el balance parlamentario nos obligue a afirmar que la mayoría oficialista que controla sin inconvenientes la dinámica parlamentaria haya priorizado debatir y promulgar leyes que interesan fundamentalmente al partido de gobierno, pero no a la totalidad del país. Leyes, por cierto, muchas de ellas contrarias a la Constitución, enmarcadas en el empeño de imponer un proyecto de país distinto al que el pueblo aprobó en 1999 al votar de manera masiva a favor de la Constitución vigente.
Los parlamentarios y parlamentarias que asumen el próximo año sus funciones tienen la obligación de cumplir con los mandatos de la Constitución, priorizar los intereses de la población en su conjunto y no los intereses de partido y promover un diálogo y debate constructivo sobre el presente y futuro del país.
