El martes 21 de septiembre Provea envió una comunicación a las direcciones nacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Partido Comunista, referente a la candidatura del General de División(r) Roger Cordero Lara. El general, quien llegó a ser Comandante de la Aviación en el 2006, fue uno de los pilotos de los aviones Camberra y Bronco que el 4 de octubre de 1982 bombardearon el campamento donde se encontraban concentrados unos 50 guerrilleros del para entonces denominado Frente Guerrillero Américo Silva. Una operación militar-policial en la cual se usó una desproporcionada fuerza que incorporó el bombardeo aéreo con la persecución terrestre desplegando unidades del ejército, la Disip y el DIM.

Catorce guerrilleros que resultaron heridos fueron asesinados con tiros de gracia.

Expresamos la incoherencia de los dos partidos al postular como candidato a la Asamblea Nacional a una persona que participó de manera activa en dicha operación. Tanto el presidente Chávez como dirigentes del PSUV y PCV han denunciado la masacre de Cantaura como una de las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la Cuarta República. En sus pronunciamientos enfatizan la necesidad de que el caso no quede impune y la obligación de sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Resulta contradictorio por lo tanto que se condene la masacre y a su vez se haya designado a uno de los responsables comandante general de la Aviación y luego candidato a diputado.

La elección de Roger Cordero Lara como diputado generaría un precedente muy negativo en la lucha contra la impunidad en el país. Estaría amparado por la inmunidad parlamentaria y haría más difíciles las labores que viene realizando el Ministerio Público en la investigación de este caso.

La lucha por garantizar que se haga justicia con respecto a la masacre de Cantaura, así como la de Yumare, El Amparo y el Caracazo es una deuda del Sistema de Administración de Justicia del país. Es una deuda también del gobierno, que ha prometido al pueblo venezolano que se castigará a los culpables.

Pero actitudes como las asumidas por estos dos partidos, generan muchas dudas sobre el verdadero interés de impedir que tales graves violaciones a los derechos humanos queden impunes.

Lamentablemente, hay que decirlo también, sectores de las bases del chavismo y del PCV, las radios comunitarias controladas por estas dos fuerzas políticas, los sitios web que dominan han guardado un silencio cómplice frente a esta postulación. No se enfrenta la impunidad con el silencio. La lucha por la justicia debe ser de todos los hombres y mujeres con sensibilidad social más allá de las siglas partidistas y los intereses que se jueguen en unas elecciones.

Provea tiene 21 años luchando contra la impunidad y por la justicia social y ante precedentes como el que se pretende lograr que favorecen la impunidad no podemos más que manifestar nuestro rechazo y expresar nuestra solidaridad a los familiares de las víctimas.

Marino Alvarado
Coordinador General de Provea

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