LETRA TERCA—Prepárate para ver a Ciudad CCS en la lista de violadores de DDHH de ONG’s como Human Rights Watch. Y verás cómo barren el piso con nosotros en los panfletos y programas de la derecha.
—¿Tú crees? ¿Dónde?
—Mínimo en Tal Cual.
—¿En serio?
—Ah, pues. Y de allí lo repetirán en sopotocientos programas “de opinión”. De hecho, esa es la razón de ser de ese periódico. No que la gente lo lea, sino que lo escuche por los altavoces de la radio y la TV.
—¿Crees que lo publicarían sin verificarlo?
—Ufff. Ahí tienen una página llamada “Por mi madre” (claro, no explican a la mamá de quién se refieren, ¿a la del editor?, ¿o la de alguien que jura escudándose en la mamá de otro?), donde insultan primero y no averiguan ni antes ni después.
—Pero ya Provea aclaró en su página web que la acusación contra Ciudad CCS era mentira. Hasta se disculparon.
—Sí. Pero el correo donde nos difaman circuló alrededor del mundo y ellos no mandaron otro con la aclaratoria, que era lo mínimo que uno podía esperar. Se disculpan en internet, también en un twitter que nadie ha visto, y así la avalancha sigue su curso.
Al día siguiente de este diálogo, que sostuve con una periodista de Ciudad CCS, mi pronóstico se cumplió.
El panfleto de Petkoff reprodujo, bajo el título “Censura CCS”, la falsa historia de una censura que nunca existió: la de un artículo de Pablo Fernández, miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, publicado el lunes en Ciudad CCS.
Supuestamente aquí le suprimimos una referencia a Roger Cordero Lara, diputado electo del PSUV-Guárico, quien habría sido el piloto de uno de los aviones involucrados en la masacre de Cantaura (1982), y sólo dejamos sus alusiones a José Sánchez “Mazuco”, diputado electo de MUD-Zulia, acusado del homicidio de Claudio Macías en 2006.
El mismo Fernández, apenas supo del correo difamatorio, aclaró a sus colegas de Provea que no hubo tal censura.
Su artículo fue publicado tal como él lo envió, sin una coma más ni una menos. Íntegro, pues.
Los francotiradores de Tal Cual, al igual que quién sabe cuántos destinatarios de los correos de Provea, no se enteraron de que los autores de la denuncia ya se habían rectractado. Procedieron, entonces, a reproducir la mentira convirtiéndola en verdad para sus pocos lectores, así como para los radioescuchas y televidentes de los programas donde se leen sus cuartillas.
Sólo después de la reproducción en el panfleto, y de un renovado reclamo a Marino Alvarado, coordinador de Provea, procedieron a difundir el autodesmentido en su lista de correos.
ACUMULACIÓN DE CONCLUSIONES ERRADAS
Ayer al final de la tarde llegó a mi buzón un correo de Rafael Uzcátegui, jefe de investigación de Provea, quien escribe: “Usted tiene absoluta razón cuando cuestiona el error de nuestra parte en haber difundido una información errónea y no haber corroborado con la fuente original la naturaleza de nuestras aseveraciones. No vamos a justificar lo injustificable”.
Añade dos precisiones:
1) Que el agravio no fue difundido en su página web, sino en “listas internas de correos electrónicos en las que se discute sobre DDHH”. Nada menos.
Y 2) Que el origen de su embuste no fue “un dato chimbo” que le pasaron a Provea, como lo afirmé en nota anterior, sino una comparación entre un artículo más extenso enviado por Pablo Fernández a Provea y el texto publicado en Ciudad CCS. “Por tanto, fuimos nosotros los que al cotejar ambos artículos sacamos, en este caso, una conclusión errónea que originó la confusión”, escribe Rafael Uzcátegui, quien, por cierto, no es el mismo que forma parte de la dirección política de PPT.
Más adelante, Uzcátegui trata de autojustificarse señalando que su prejuicio estuvo influido por la “cobertura deficiente” de este diario con respecto a la vinculación de Cordero Lara con la masacre de Cantaura.
Aunque en la misma carta dice que Provea le hace un monitoreo diario a Ciudad CCS, el “investigador” acusa al periódico de no haber publicado nada sobre la vinculación Cordero-Cantaura.
Uzcátegui no se enteró de la nota a página entera, publicada durante la semana aniversaria de la masacre, donde el diputado aparece mencionado con nombre y apellido.
Claro, su investigación, según Uzcátegui mismo confiesa, se limita a la búsqueda por internet, método que, como sabe cualquier investigador serio, carece de validez científica y puede inducir a conclusiones erradas, como las que, por segunda vez consecutiva, acumula la gente de Provea en una misma semana.
En las páginas de este periódico, editado por la Alcaldía de Caracas, se publican todos los días demandas, exigencias y denuncias del pueblo llano frente a las instituciones del Estado, incluida la propia Alcaldía de Caracas. Tal vez sea eso lo que no nos perdonan, como tampoco perdonan a Pablo Fernández y la Red de Apoyo su participación constructiva en la reforma policial.

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