En la memoria y cuenta 2009 del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente expresamente se reconoce que la falta de coordinación entre los distintos entes del Estado afecta de manera negativa la capacidad de acción para enfrentar la problemática ambiental del país. Bien por el Ministerio que lo reconoce porque es el primer paso necesario para superar la situación. La descoordinación institucional es uno de los problemas más graves que existen en la gestión pública venezolana. Situación que se agrava por la polarización política que dificulta el diálogo entre funcionarios públicos de posiciones políticas diferenciadas.
La no coordinación le resta eficacia a la acción del Estado y eleva los costos. Las consecuencias las sufre la población pues problemas que le aquejan no se resuelven o la solución se produce de manera tardía. Tomemos por ejemplo la situación de inseguridad que nos acosa diariamente.
La gravedad del problema debería afrontarse con un amplio consenso nacional que implique empezar por una coordinación entre el Ejecutivo Nacional y los gobernadores. Sin embargo, ello no ocurre por las marcadas diferencias políticas y la ausencia de voluntad de diálogo. El resultado es que la capacidad de respuesta se ve limitada, la delincuencia se incrementa y no se ejecuta una política integral.
Situación similar se presenta, por ejemplo, con la recolección de desechos sólidos. No hay esfuerzos coordinados entre distintos municipios.
Una gestión pública con visión de Estado debe sobreponerse a la polarización y buscar la mayor eficacia. La sumatoria de esfuerzos, iniciativas y recursos puede garantizar mejores resultados que beneficien a la gente. La acción del Estado en democracia significa asumir la pluralidad del país como una oportunidad y no como un obstáculo. La diversidad de visiones e incluso de intereses que son puestos al beneficio del país posibilita resultados favorables en la acción pública.
Cumplir con la directriz de garantizar la suprema felicidad del pueblo y satisfacer las necesidades sociales pautadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 obliga al Estado a ser más eficaz para mejorar la prestación de los servicios públicos, el medio ambiente, reducir la pobreza y garantizar una estructura económica y social justa.
Esos logros no serán posibles o se hará más difícil alcanzarlos, si se mantiene la actual situación de dispersión de la actuación del Estado y no se superan los obstáculos que dificultan la posibilidad de acuerdos políticos y la cooperación entre las instituciones del Estado en las distintas escalas de la estructura Estatal.
El fortalecimiento institucional del país y la consolidación de la democracia requieren avanzar hacia una gestión pública transparente, con visión de Estado, con planificación de largo alcance y asumiendo la pluralidad como aspecto esencial de la vida del país. Por eso saludamos la existencia hoy de una AN con una composición política más diversa.
Marino Alvarado
Coordinador General de Provea
