Las recientes declaraciones del Presidente de la República solicitando que se investiguen las organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento del extranjero, entre ellas el Instituto Prensa y Sociedad y Espacio Público, son una clara demostración de que el Gobierno quiere controlar y asfixiar a estas instituciones, especialmente aquellas que defienden los derechos humanos.

Esto no es nada nuevo, si recordamos que el 13 de junio de 2006 la Asamblea Nacional aprobó, en primera discusión, el peoyecto de ley de cooperación internacional para controlar y vigilar los ingresos de las organizaciones no gubernamentales. Aunque esto sigue pendiente, no es de extrañar que la nueva arremetida sea la antesala de la sanción de este instrumento legal.

Por si fuera poco, el pasado 23 de junio la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley de contraloría social que, de alguna manera, confisca el trabajo de las ONG al establecer dos puntos que llaman la atención: el artículo 8 obliga a «guardar reserva» de la información y documentación obtenida en el ejercicio del control social, con lo cual se instaura una alcabala de censura para quienes ejerzan esta contraloría social.

El otro, contenido en el artículo 12, se refiere a la prohibición que tienen los ciudadanos que ejercen contraloría social de recibir beneficios económicos por su actividad. De esta manera, el Gobierno cierra definitivamente la cooperación financiera a las organizaciones de derechos humanos.

No hay duda de que muchas de las actividades que realizan las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos están basadas en el control social; en investigar, dar seguimiento y denunciar las violaciones de esos derechos que a menudo constatan en la vida diaria del país, llámense salud, seguridad alimentaria, cárceles, educación, inseguridad, etcétera.

Pero ahora el Gobierno pretende ponerle fin a la denuncia en Venezuela y al derecho de expresar libremente pensamientos, ideas u opiniones de viva voz, por escrito o a través de cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, garantizado por el artículo 57 de la Constitución, que prohíbe expresamente la censura.

Una sociedad democrática necesita de las organizaciones no gubernamentales que le hagan ver cuáles son sus errores y cuáles los mecanismos para su solución. Que se pida una investigación penal a organizaciones de derechos humanos por el sólo hecho de recibir fondos de gobiernos extranjeros es un acto gravísimo.

El Presidente pide investigar las ONG por los fondos internacionales que reciben, pero deja pasar bajo la mesa los cientos de millones de dólares con que el Gobierno financia organizaciones en sus países aliados como Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Cuba y Argentina, entre otros. Oscuridad en la casa y luz en la calle.

Editorial
El Nacional, 19.07.10

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